AUSENCIA DE RAZÓN EN EL CONGRESO HIDROCÁLIDO

Sorprendente y absurdo es lo que sucedió hace unos días en el Congreso del Estado de Aguascalientes. Resulta que a los diputados se les ocurrió la maravillosa idea de que no se requiera ser abogado para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado ni para ser Magistrado.

Es verdaderamente preocupante que la procuración y administración de justicia no se encuentre en manos de expertos en el tema, porque si teniendo abogados en los cargos, doctos en su tema, se cometen errores y aberraciones jurídicas, imagínese usted los riesgos de que el fiscal acusador no domine la norma penal o peor aún, ser juzgado por alguien que desconoce la norma penal y sus pormenores.

De todas las ramas del Derecho, la penal es la más rígida y la más delicada; un pequeño error en la investigación de parte de la Fiscalía puede desencadenar una serie de pruebas nulas y un error en el procedimiento puede ocasionar la libertad de quien a todas luces es culpable. Ya antes lo he dicho y ahora más que nunca tiene vigencia: de nada sirve que el Congreso del Estado tenga 27 diputados, cada uno con al menos un asesor jurídico, más el cuerpo de secretarios técnicos dependientes de la Secretaría General del Congreso, si al final les ofrecen a los hidrocálidos esta lastimera de legislatura.

Así es como los diputados, en su inconmensurable sapiencia, decidieron reformar la Constitución del Estado para dejar como requisito para ser Fiscal o Magistrado “Poseer título de Licenciado en Derecho o Abogado o cualquier otro análogo al mismo…”

Primero tendrían que aclarar ¿qué es un título “análogo” al de Licenciado en Derecho o Abogado? ¿cómo se decidirá? ¿con fundamento en qué? Si será al sano entendimiento de los diputados, no dude que en el futuro veamos a un químico farmacobiólogo como magistrado, porque al final de cuentas, es muy fácil para el poder político someter a la razón…

Por el bien de la administración de justicia, esperemos que los Ayuntamientos no aprueben semejante aberración o, en su defecto, que la reforma sea detenida en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ya le ha enmendado tanto la plana la Corte al Congreso, que hasta parece pasatiempo de los diputados.