Irregularidades y Herencia Política en Pabellón de Arteaga: Auditoría 2024

Irregularidades y Herencia Política en Pabellón de Arteaga: Auditoría 2024

Alerta de colusión empresarial, dinastías políticas: el primer año de la alcaldesa Lucero Espinoza Vázquez ante la ASF

I.

Pabellón de Arteaga es uno de los municipios más pequeños de Aguascalientes en extensión territorial, históricamente uno de los más densos en política local, con un desarrollo explosivo económico y urbano, “la urbe de adobe” comenzó en 1927-1929 como un campamento de obreros para trabajadores de la Presa Político Elías Calles, y pronto un dinamismo que se ve en pocas ocasiones en la historia hizo un “pueblo de ingenieros”, reconociendo el 14 de mayo de 1929 como un pueblo nuevo que rivalidad en organización urbana con los asentamientos coloniales del Estado de Aguascalientes, y en 1964 su fuerza acumulada alcanzó para ser nombrado municipio. Historia fascinante que en otra ocasión deberá ser contada.

Regresando a la actualidad Pabellón de Arteaga cuenta con una población cercana a los 50 mil habitantes, su economía combina la producción agropecuaria con el creciente turismo vitivinícola, las remesas de trabajadores en Estados Unidos otro importante recurso, al que se suma un creciente número de obreros dependientes de las fábricas instaladas en el corredor de la carretera 45 entre Jesús María, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga, lo que también hace que junto con Rincón de Romos se integren una región muy definida de relaciones y pactos políticos que han repercutido más de una vez en la vida pública de todo el Estado de Aguascalientes, construyéndose una clase política oligarca que está articulada alrededor de pocas familias que han gobernado el municipio en múltiples periodos desde los años sesenta (Wikipedia, 2025). El PRI gobernó prácticamente sin interrupción hasta 2004, cuando Eduardo Constantino Torres Campos en el 2005 rompió la hegemonía del PRI en el municipio. Un dato curioso es la familia Ambriz, que ha tenido tres generaciones en la alcaldía: Manuel Ambriz (1965), su hijo Humberto Ambriz Aguilar (1981) y su nieto Humberto Ambriz Delgadillo (2021). Pero que esta posición rivalidad con la familia de la actual alcaldesa Lucero Espinoza Vázquez, perteneciente al grupo oligarca del del alcalde de este municipio y actual diputado local Cuauhtémoc Escobedo Tejada (2017 – 2019 / 2019 – 2021), haciendo ver una relación política de continuidad y unidad política.

Lucero Espinoza Vázquez obtuvo la nominación de la coalición PAN-PRI-PRD, tomando posesión como la primera mujer en encabezar el ayuntamiento (Gobierno de Pabellón, 2024). En ese contexto llega el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la Cuenta Pública 2024. La ASF revisó 15 millones 123 mil 500 pesos en recursos federalizados y, en términos generales, concluyó que la gestión fue adecuada. Pero encontró algo que no pudo darse por aclarado: indicios de que en la licitación del contrato FORTAMUN-002/2024-002 para rehabilitar la sobrecarpeta asfáltica de algunas calles había posibles vínculos entre la empresa ganadora y otra de las concursantes (Valtierra Navarro, 2026). Ese hallazgo, que apunta a una posible manipulación del concurso, le costó al municipio dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria: una para servidores públicos, otra para las personas morales involucradas (El Sol del Centro, 2026).

Este ensayo analiza hallazgos de dicha auditoría que encontró licitaciones que no cumplían con pulcritud los lineamientos de ley para el caso. Estos hechos se agrupan con otros ocurridos en diferentes municipios auditados en el Estado con similares problemas. ¿Que papel juega la herencia política en la comprensión del hallazgo?, y ¿qué le toca hacer a la administración de Espinoza Vázquez con un expediente que no generó ella pero que lleva su nombre?

II. Lo que revisó la ASF y lo que encontró

2.1 Una auditoría que en su mayoría salió bien

La auditoría 468, aplicada a Pabellón de Arteaga para la Cuenta Pública 2024, revisó recursos de Participaciones Federales, FORTAMUN y FAISMUN por un total de 15 millones 123 mil 500 pesos (Valtierra Navarro, 2026). El municipio comenzó el proceso con problemas: no había entregado registros contables por la totalidad de la muestra auditada. Al final, esa observación quedó solventada cuando presentó la documentación justificativa. También se detectaron faltantes en la formalización de los contratos de adquisiciones 011/2024 y ADM-02-2024, por 11 millones 452 mil 200 pesos, y omisiones en expedientes técnicos de obra pública por 2 millones 726 mil 300 pesos. Todo eso se resolvió (Valtierra Navarro, 2026).

El dictamen final de la ASF reconoció que la gestión de los recursos fue adecuada en términos generales, muy diferente a lo ocurrido en Cosío, donde el 98% quedó sin comprobarse, o de El Llano, donde el 100% tuvo irregularidades. Aquí el municipio respondió, presentó documentos y cerró la mayoría de sus puntos. El problema es que es lo que no pudo cerrar o aclarar.

2.2 El contrato que no se pudo aclarar: la sobrecarpeta y las empresas relacionadas

El único punto que sobrevivió al proceso de aclaración involucra el contrato FORTAMUN-002/2024-002 relativo a la rehabilitación de sobrecarpeta asfáltica. La sobrecarpeta es una capa de asfalto que se aplica sobre pavimento existente para extender su vida útil; obra de mantenimiento vial rutinaria, de bajo costo relativo y, por lo mismo, especialmente susceptible de ser objeto de contratos poco competitivos.

La ASF detectó posibles vínculos entre la empresa ganadora del concurso y otra que también participó en el mismo proceso de licitación (Valtierra Navarro, 2026). El informe no describe públicamente la naturaleza exacta de esos vínculos si son administrativos, societarios, de domicilio fiscal, de representantes legales en común u otro tipo, pero la señal es inequívoca: cuando dos empresas que compiten en el mismo concurso tienen relaciones entre sí, existe la posibilidad de que la competencia haya sido ficticia. Una de ellas puede haber presentado una oferta deliberadamente peor para que la otra ganara, distorsionando el proceso y privando al municipio de las mejores condiciones de precio y calidad (COFECE, 2022).

Ese es el núcleo del hallazgo. No se trata de un expediente incompleto ni de una factura que falta. Se trata de una pregunta sobre si el proceso de selección del contratista fue genuinamente competitivo, o si el resultado estaba acordado desde antes de que se abrieran las propuestas. La ASF no tiene la facultad de determinar por sí sola si hubo colusión; eso corresponde a los procedimientos sancionatorios que promovió, pero sí puede y debe documentar los indicios. Y en este caso los documentó.

2.3 Dos responsabilidades sancionatorias: servidores públicos y empresas

La ASF promovió dos procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria: uno dirigido a los servidores públicos que participaron en la revisión de los expedientes de la licitación, y otro dirigido a las personas morales involucradas las empresas que participaron en el concurso cuestionado (El Sol del Centro, 2026). La extensión de la responsabilidad a las personas morales es relevante: significa que la ASF consideró que las empresas mismas pudieron ser parte de la irregularidad, no solo los funcionarios que supervisaron el proceso.

Pabellón comparte con El Llano esta categoría de alerta de colusión, pero con una diferencia de contexto importante: en El Llano el 100% de la muestra resultó con irregularidades y ningún punto fue solventado. En Pabellón la gestión general fue calificada como adecuada y solo un contrato quedó sin aclarar. Eso no hace menos grave el hallazgo de colusión, pero sí lo pone en perspectiva. Pabellón es un municipio que en líneas generales administró bien sus recursos, pero en un proceso de adjudicación específico hay señales de que la competencia no fue real.

III. La herencia política: quién contrató y quién responde

El contrato FORTAMUN-002/2024-002 se ejecutó en 2024, durante la administración de Humberto Ambriz Delgadillo, el último alcalde priista de Pabellón antes del cambio de partido. Ambriz concluyó su mandato en octubre de 2024. El contrato cuestionado es, por tanto, producto de su gestión (Valtierra Navarro, 2026).

La nueva alcaldesa Lucero Espinoza Vázquez tomó posesión el 15 de octubre de 2024, heredó el expediente de la administración anterior a ella, y es ella la que debe responder ante los procedimientos administrativos que la ASF ya activó. Esta disociación entre quien generó la irregularidad y quien debe gestionarla no es exclusiva de Pabellón, ya aparece en el caso de Jesús María con Antonio Arámbula y César Medina, pero aquí tiene un ingrediente adicional: es la primera administración con un vínculo de parentesco completamente vinculatorio de oligarquía que logró el triunfo electoral.

El apellido Ambriz merece contexto. Pabellón de Arteaga es según la propia Wikipedia, uno de los municipios con mayor concentración de dinastías políticas en Aguascalientes, dicho de otra forma el que más fácilmente visualizaciones una lucha entre diferentes grupos oligarcas, antes que partidistas.

La familia Ambriz ha colocado alcaldes en tres generaciones: Manuel Ambriz Pacheco (1965), su hijo Humberto Ambriz Aguilar (1981-1983) y su nieto Humberto Ambriz Delgadillo (2021-2024) (Wikipedia, 2025). El otro grupo por número de representantes es el de la familia Ortega, la familia Ortega suma cuatro miembros en la alcaldía entre 1969 y 2004. José Ortega Flores (1978 – 1980), ​Sergio Ortega Rosales (1987 – 1989), ​Felipe de Jesús Ortega Saucedo (2002 – 2004) y Cuauhtémoc Escobedo Tejada (2017 – 2019 / 2019 – 2021) primero en lograr la reelección, hay que sumarle a este último como parte de su oligarquía a su sobrina y continuadora de su proyecto la actual alcaldesa Lucero Espinoza Vázquez, por lo que este grupo familiar ya acumula 5 alcaldes.

En ese entorno, las redes locales de contratación y adjudicación de obra pública no son ajenas a las relaciones de parentesco y compadrazgo que caracterizan la política municipal de ciclo cerrado.

No se puede afirmar, con la información disponible, que la colusión detectada por la ASF sea el resultado directo de esas redes. Pero tampoco es razonable analizarla sin ese contexto. Los municipios donde las mismas familias gobiernan durante generaciones tienden a desarrollar mercados de contratación capturados, donde los mismos proveedores ganan los mismos contratos año tras año porque los procesos formales de licitación son, en la práctica, una formalidad (Merino, López y Cejudo, 2010). La alerta de la ASF puede ser la punta de un patrón mucho más largo.

IV. La alcaldesa nueva, el expediente viejo

Lucero Espinoza Vázquez ganó la elección de junio de 2024 con el 37.2% de los votos, como candidata del PAN, PRI y PRD, derrotando a candidatos del PT, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena (La-Lista, 2024). Tiene 42 años, como buena representante de la oligarquía trabajó en el ayuntamiento durante años previos, intentó ganar la alcaldía en 2016 y volvió a intentarlo hasta lograrlo (La-Lista, 2024). Su primer informe de gobierno, presentado en diciembre de 2025 ante la gobernadora Tere Jiménez, destacó la rehabilitación del jardín central, el auditorio municipal, modernización de vialidades y la creación de la Casa Rosa el Centro de atención a mujeres más grande del estado (El Clarinete, 2025).

En diciembre de 2025, la aprobación ciudadana alcanzada para su gestión era del 61.1% según Demoscopía Digital (2025). Es una alcaldesa con arranque sólido, con respaldo político del gobierno estatal y con imagen de cercanía con la gente. El informe de la ASF llega en ese contexto: no como el resultado de su propia gestión, el contrato cuestionado es de 2024, antes de que ella tomara posesión, sino como una herencia que debe administrar.

La pregunta que Espinoza Vázquez debe responder públicamente no es si ella ordenó ese contrato claramente no fue así, sino qué va a hacer con el procedimiento sancionatorio que ya está en marcha. Los servidores públicos señalados en el expediente, ¿siguen en el municipio? ¿Fueron parte de la administración anterior que ella sustituyó, o continuaron en sus cargos? ¿Hay funcionarios de la anterior administración que aún trabajan en el ayuntamiento y que estén involucrados en el expediente? Esas preguntas no las responde el informe de la ASF. Las tendría que responder el gobierno municipal de Espinoza Vázquez.

La transparencia en este caso no es solo una obligación legal. Es una oportunidad política. El silencio en cambio genera ambigüedad sobre si hay continuidad en las prácticas que la ASF cuestionó.

V. La colusión en las licitaciones municipales: el patrón que se repite

Pabellón de Arteaga y El Llano comparten el mismo tipo de hallazgo: posibles vínculos entre empresas en procesos de licitación de obra pública. Es el segundo municipio de Aguascalientes donde la ASF detecta esta señal en la Cuenta Pública 2024. No es coincidencia: la COFECE ha documentado que la colusión en licitaciones públicas es una de las prácticas anticompetitivas más frecuentes en el gasto de infraestructura municipal, y que los municipios pequeños son especialmente vulnerables porque el mercado local de contratistas es reducido y los mecanismos de supervisión son débiles (COFECE, 2022).

La diferencia entre los dos casos es de escala y contexto. En El Llano, la colusión se detectó en pleno desastre documental 100% de irregularidades, sin registros contables, cuatro responsabilidades sancionatorias. En Pabellón, se detectó en medio de una gestión que en términos generales pasó la auditoría. Eso hace el hallazgo de Pabellón más llamativo en cierto sentido: no es un municipio que no sabía llevar su contabilidad. Es un municipio que llevaba bien sus papeles pero en una licitación específica dejó pasar —o facilitó— una adjudicación que la ASF considera sospechosa.

La pregunta de fondo es si el contrato se ejecutó bien. La sobrecarpeta asfáltica, ¿se aplicó? ¿Con los materiales y espesores especificados? ¿En las calles que decía el contrato? Si la respuesta es sí, el daño es a la competencia del proceso, la colusión privó al municipio de las mejores condiciones posibles pero la obra existe. Si la respuesta es no, o si la obra se ejecutó de manera deficiente porque el contratista ganó sin competencia real y no tuvo incentivos para cumplir bien, el daño es también a los vecinos de esas calles.

VI. Un municipio que aprobó, pero con una pregunta sin responder

El municipio de Pabellón de Arteaga es, dentro de esta serie de municipios auditados en Aguascalientes, el caso con la imagen más mixta. Por un lado, es el único entre los que tuvieron responsabilidades sancionatorias que logró que la ASF calificara su gestión general como adecuada. Eso no es menor: significa que los recursos federales, en su gran mayoría, se ejercieron con la documentación correcta. Por otro lado, tiene una alerta de colusión activa que no se pudo aclarar y que ya tiene procedimientos formales en marcha.

Esa combinación de gestión aceptable en lo general, irregularidad grave en lo particular es más difícil de gestionar políticamente que los casos de Cosío o El Llano, donde todo estaba mal. Cuando todo está mal es fácil señalar al culpable y pedir cuentas. Cuando casi todo está bien pero hay un contrato sospechoso, la tentación institucional es minimizarlo, presentarlo como un caso aislado y confiar en que el procedimiento administrativo lo resuelva en silencio. Esa tentación es precisamente la que debe resistirse.

La colusión en las licitaciones no es un problema de formato ni de documentación faltante. Si se confirma, es un delito que afecta directamente al interés público: encarece la obra, reduce la calidad de lo que se construye y premia a quien tiene acuerdos previos sobre quién tiene la mejor propuesta. En un municipio con la historia política de Pabellón donde las mismas redes han controlado el poder local durante décadas ese tipo de irregularidad no puede archivarse sin una respuesta pública clara.

La alcaldesa Espinoza Vázquez tiene una oportunidad concreta: ser la administración que rompe el patrón, que transparenta el expediente, que identifica públicamente qué funcionarios están vinculados al procedimiento sancionatorio y que garantiza que el resultado del proceso sea conocido por la ciudadanía. No solo para cumplir con la ley, sino porque ese es el tipo de señal que distingue un cambio real de uno nominal.

VII. Pabellón aprueba pero bajo sospecha

Pabellón de Arteaga aprobó la auditoría de la ASF en términos generales. Pero dejó un expediente abierto que pesa más que sus dimensiones cuantitativas: una licitación de sobrecarpeta asfáltica donde dos de las empresas participantes podrían haber estado relacionadas entre sí, lo que habría convertido el concurso en una formalidad. Dos responsabilidades sancionatorias promovidas una para servidores públicos, otra para las personas morales mantienen ese punto bajo investigación formal.

El contrato es de la administración de Humberto Ambriz Delgadillo, el último representante de una línea política que gobernó Pabellón durante décadas. La que debe gestionarlo es Lucero Espinoza Vázquez, primera mujer y primera alcaldesa de una aparente facción oligarca diferente en mucho tiempo. Esa transición crea tanto una responsabilidad como una oportunidad: hacer visible lo que se encontró heredado y demostrar con hechos que la forma de adjudicar obra pública en Pabellón cambió.

El vino y el asfalto son dos productos distintos, pero en Pabellón de Arteaga ambos tienen que ver con lo que se produce, a qué precio y en beneficio de quién. Cuando se licita una obra pública, la respuesta a esas tres preguntas debería determinarse por la competencia abierta, no por los acuerdos previos. Eso es lo que la ASF puso en duda. Y eso es lo que la ciudadanía de Pabellón tiene derecho a ver resuelto.

Finalmente, es imperativo subrayar que los 15.1 millones de pesos observados en la auditoría 468 de la ASF representan sólo una fracción de una crisis de transparencia mucho más amplia. Al contrastar estos hallazgos con las denuncias por 37 millones de pesos adicionales no comprobados en ejercicios previos, se hace evidente que la opacidad en Pabellón de Arteaga no es un evento fortuito ni aislado, sino un fenómeno acumulativo. Mientras que el foco de este análisis se centra en la colusión detectada recientemente, la cifra global de recursos en la sombra sugiere una falla estructural en los mecanismos de control interno. Esta persistencia de irregularidades, que trasciende ejercicios fiscales, refuerza la hipótesis de una gestión donde la continuidad política ha servido más para normalizar la discrecionalidad que para garantizar la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Referencias

Auditoría Superior de la Federación [ASF]. (2026). Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024. Municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Auditoría 468. https://informe.asf.gob.mx

Comisión Federal de Competencia Económica [COFECE]. (2022). Guía para detectar y combatir la colusión en licitaciones públicas. https://www.cofece.mx/guia-para-detectar-y-combatir-la-colusion-en-licitaciones-publicas/

Demoscopía Digital. (2025, diciembre). Aprobación de alcaldes de Aguascalientes: Lucero Espinoza Vázquez, 61.1%. https://demoscopiadigital.com.mx/alcaldes/perfil/lucero-espinoza-vazquez

El Clarinete. (2025, 5 de diciembre). Rinde Lucero Espinoza su Primer Informe en Pabellón de Arteaga. https://elclarinete.com.mx/rinde-lucero-espinoza-su-primer-informe-en-pabellon-de-arteaga/

El Sol del Centro. (2026, 23 de febrero). Municipios de Aguascalientes en la mira: ASF detecta irregularidades que podrían costar más de 200 millones de pesos. https://oem.com.mx/elsoldelcentro/finanzas/aguascalientes-en-la-mira-asf-detecta-irregularidades-que-podrian-costar-mas-de-200-millones-de-pesos-28609811

Gobierno de Pabellón de Arteaga. (2024, octubre). Histórica toma de protesta: Lucero Espinoza Vázquez, Presidenta Municipal 2024-2027. https://www.pabellon.gob.mx/site24-27/news/newsTemplate.php

INEGI. (2021). Censo de Población y Vivienda 2020. Resultados por municipio: Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx

La-Lista. (2024, 3 de junio). ¿Quién ganó las elecciones para el ayuntamiento de Pabellón de Arteaga de 2024? https://la-lista.com/mexico/quien-gano-las-elecciones-para-el-ayuntamiento-de-pabellon-de-arteaga-de-2024

Ley General de Responsabilidades Administrativas [LGRA]. (2016, 18 de julio). Diario Oficial de la Federación. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

LJA Aguascalientes. (2025, noviembre). Cercanía y resultados, sello distintivo de la administración de Pabellón de Arteaga. https://www.lja.mx/2025/11/cercania-y-resultados-sello-distintivo-de-la-actual-administracion-municipal-de-pabellon-de-arteaga-2/

Merino, M. (2013). La captura de los municipios en México. Foro Internacional, 53(2), 521-559. El Colegio de México.

Merino, M., López, S., y Cejudo, G. (2010). La rendición de cuentas de los municipios mexicanos. CIDE.

Valtierra Navarro, M. (2026, 6 de marzo). Auditoría Superior de la Federación, con la mira en Pabellón. El Heraldo de Aguascalientes. https://www.heraldo.mx/auditoria-superior-de-la-federacion-con-la-mira-en-pabellon/

Wikipedia. (2025). Municipio de Pabellón de Arteaga. https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_de_Pabell%C3%B3n_de_Arteaga

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

Diego de Alba Casillas

Dr. en Ciencias Antropológicas por la UAM-I. Sociólogo de profesión por la UAA. Aprendiz de reportero. Licenciado en Derecho.

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