Destape, presupuesto y violencia. Donde la tragedia se conjuga.
Mayormente visibilizados desde de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará y de la entrada en vigor de las leyes de género y los diferentes acuerdos internacionales que los definen y respaldan, los conceptos de violencia económica y patrimonial circulan ya como parte del cotidiano argot jurídico que se vive en las distintas salas y diligencias del poder judicial y de la administración pública de casi todos los países que han asumido responsablemente estas normas, conmemorándolos mundialmente el 25 de noviembre.
Dejando un poco de lado el debate de si estos conceptos son iguales, distintos, equivalentes y/o complementarios, en México, las formas de violencia económica y patrimonial pueden ser entendidas como las acciones u omisiones que afectan la supervivencia de las víctimas; privándolas, ya sea de los recursos económicos necesarios para la manutención del hogar y la familia, o de bienes patrimoniales esenciales que satisfacen las necesidades básicas para vivir, como la alimentación, ropa, vivienda y el acceso a la salud.1
Específicamente la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia publicada desde 2007, establece en 6 fracciones de su artículo 6º. La psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres, como tipos de violencia.
Para ser muy específicos, dice la ley:
La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;
Violencia económica.- Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;2
Por otra parte, las reformas al artículo 1º. De nuestra Constitución realizadas el 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos establecen que:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.3 Entiéndase por ende, en amplio sentido, que esas formas de violencia no sólo aplican a las mujeres y que el Estado Mexicano debe proteger a los ciudadanos de padecerlas, aún y cuando efectivamente las mujeres sean las más afectadas.
A contrasentido de estas normas jurídicas que ofrecen un grado de procuración amplísimo sobre los derechos humanos de los mexicanos, el 8 de septiembre de 2017 el Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envió a la H. Cámara de Diputados el Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal 2018 mismo que fue aprobado el 10 de noviembre pasado; cuyo documento establece entre otras cosas prioritarias, lo siguiente:
“La política de gasto para el ejercicio fiscal 2018, en cuanto parte integrante de la política fiscal, asume como objetivo prioritario el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, supeditando el empleo del gasto público a este propósito y subordinando a él su papel de impulsor del crecimiento. Esta política continuará basándose en acciones de contención y restricción de las erogaciones públicas, como expediente para la contención de la demanda agregada, con el fin de reducir las presiones sobre el nivel general de precios, que pudieran ocurrir por este motivo.”[…]
“la Política de Gasto para 2018 enfocará su control sobre la parte programable, toda vez que se prevé que las erogaciones no programables serán mayores, es decir, aquéllas sobre las que el gobierno federal no tiene control pleno, porque su magnitud depende del ambiente externo y por ser compromisos respaldados jurídicamente. Esto implica que la política de gasto privilegiará el cumplimiento de las obligaciones financieras, además del de las Participaciones, sobre la atención de las demandas de bienes y servicios públicos.”4
Esta joya del neoliberalismo más ramplón, pretende hacernos creer que el control del déficit presupuestal es el mecanismo más exitoso para controlar la demanda agregada que finalmente se traduce en inflación. Si bien es cierto que es un factor de varios que inciden en la demanda agregada, también lo es que la condición deficitaria del Estado Mexicano no es una condición exclusiva de éste sexenio y que la misma es resultado de las prioridades en la erogación. Asimismo, existen otros factores o acciones que inciden directamente en el fortalecimiento inflacionario, V. gr. El precio de los combustibles.
Dicho de una manera simple, México debe dinero y pretende pagarlo antes que generar inflación. Sin embargo, debemos analizar los conceptos por los que se tiene ese débito, y por otro lado, dilucidar si el empleo de esa deuda y del presupuesto en lo general es en ramos prioritarios.
En eso radica una importante contradicción, ya que el mismo documento señala, justificando más que argumentando, su prioridad es “restablecer el equilibrio presupuestario (sin considerar la inversión de PEMEX y CFE5), señalado en los Criterios Generales de Política Económica 2014, conforme a lo planeado en la estrategia de consolidación fiscal”. Librando así sin cuestionar lo que se ha venido haciendo por 4 años.
Ahora bien, ¿qué tanto en realidad nos afecta que el estado haya priorizado “el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, supeditando el empleo del gasto público” de los 4 billones 735 mil millones de pesos que se presupuestaron para 2018? ¿Qué tanto de la estructura tributaria nos afectará?
Para muestra un botón. En el mismo documento podemos encontrarnos una sutil mención de que Pemex recibirá menos dinero, sin embargo el análisis de marras reconoce una caída de los ingresos petroleros del 6.8% que representa una disminución que ronda los 200 mil mdp en 2017 y prevé otra cercana al 5% para 2018.
Conjuntamente a estas determinaciones, a partir del día 1 de diciembre, se liberará el precio de la gasolina y el diésel, mismo que se pronostica considerándole el indebido cobro integrado de 3 IEPS más el 16% de IVA en su total, que será cercano a los $20 pesos por litro, detonando una irremediable escalada de los precios de bienes y servicios. Los excedentes presupuestales netos que deriven del cobro por anatocismo fiscal en los combustibles, significará dinero que se ira directo al gasto no programable, y éste a su vez, se convertirá en Participaciones a Entidades Federativas, mejor conocidas como Ramo 28, que son recursos que la federación manda a los Estados y Municipios, con la característica de que no son etiquetados; esto significa que los Municipios pueden determinar libremente en qué lo van a gastar o bien servirán para pagar Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores(ADEFAS), o Costos Financieros.
Así las cosas, mientras oficialmente se pretende el ejercicio del dinero que posee el gobierno limite la demanda agregada, por otro lado, se fijan tributos ilegales y excesivos en el precio de los combustibles, incrementando directamente su costo a los ciudadanos y consecuentemente generando inflación en todos los demás productos y servicios, propiciando además, que el dinero recuperado por el cobro de esos impuestos muy probablemente termine en el bolsillo de un burócrata.
Por si esto no fuera suficiente, destaca la baja presupuestal a la SCT, SAGARPA, y muy particularmente en Cultura, Educación y Salud, así como los incrementos en Marina, SEGOB y SEDENA.
Finalmente el salario mínimo general (SMG) en México subirá 10.4% el mismo día que se libere el precio de la gasolina, pasando a $88.36 pesos (4.71 dólares) por día, gracias al “favor” del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
Como se puede ver en conjunto, las acciones del Estado Mexicano sobre el ejercicio presupuestal, los tributos y el salario, afectan la supervivencia de los ciudadanos mediante limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas en relación directa a la proporción de sus gastos; es decir, el Estado Mexicano ejerce violencia económica contra sus propios ciudadanos, violando los derechos humanos y su propio sentido de existencia consagrado en el artículo 39 Constitucional, cuando reza “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Y para rematar, son las mujeres priístas en su calidad de diputadas durante la aprobación presupuestal, que en un arrebato violento, intolerante y homófobo, le gritan “eeeeehhh… ¡puto!” a quien representa una crítica abierta a estos planteamientos.
Lo más curioso y relevante a la vez, es que el autor intelectual del presupuesto 2018 y los gasolinazos, José Antonio Meade, fue destapado a la vieja usanza por el PRI, como su candidato a la Presidencia de la República el pasado 27 noviembre. Meade tiene una trayectoria que lo vincula en cargos y decisiones notables para los Gobiernos del PRI y del PAN, como la creación del IPAB y el
FOBAPROA, el incremento de la deuda pública, el caso SORIANA-MONEX y el desvío de recursos a la campaña presidencial de Peña Nieto, así como el caso Odebrecht y la “estafa maestra”, en la que ocho universidades públicas presuntamente actuaban como intermediarias en el desvío de recursos de 11 dependencias federales. Durante su gestión en la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la dependencia entregó millones de pesos a la organización Juntos Podemos, de Josefina Vázquez Mota.
Nada nuevo entonces en el continuismo sistémico estructural, cuando destape, presupuesto y violencia se conjugan en tragedia nacional donde todo apunta a un solo personaje. Aun así, hoy quieren que el hombre que más ciudadanos ha violentado sea nuestro presidente.
Gracias a Crisol HOY por esta oportunidad.
Notas
1https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242427/6 Enterate_Violencia_econo_mica_y_patrimonial_contra_las_muj eres_junio_170617.pdf
2 http://www.cofemer.gob.mx/lgamvlv.pdf
3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
4 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2017/cefp0272017.pdf énfasis míos.
5 Según se establece en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, mismo que establece la metodología para computar el balance presupuestario.
