EN ESTE CINCO DE FEBRERO
[bctt tweet=»De alguna manera, con nuestra Carta Magna se ha logrado continuidad y permanencia» username=»crisolhoy»]
Este martes recordamos el 102 aniversario de nuestra Carta Magna y el primero de la Constitución de la Ciudad de México. La primera es expresión del pensamiento liberal del siglo XIX, actualizado a las condiciones político-sociales del siglo siguiente. La segunda rescata el espíritu de avanzada social de la anterior, dándole mayor énfasis a las libertades democráticas en los retos que impone el aquí y ahora en la capital de la República, de tal manera que se está convirtiendo en un documento icónico.
No podemos concebir la Constitución de 1917 sin remitirnos al documento Sentimientos de la Nación, al Congreso de Apatzingán, las dos Constituciones de 1824 y 57, así como los trabajos y producto de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes iniciada en 1914. Y si nos vamos más allá, también tendríamos que referirnos a la Constitución de Cádiz, sobre todo por su reivindicación del constitucionalismo moderno, que es retomado por su homólogo mexicano.
No es pues sólo el rico trabajo y debates parlamentarios del Constituyente del 16-17, sino la condensación del pensamiento de avanzada de generaciones de mexicanos que ayudaron a construir normativamente lo que hoy tenemos en nuestro país en el ámbito republicano.
También la Carta Magna representa el garante de la seguridad institucional, de la vida pública con equilibrio de los tres poderes y con la interrelación dinámica entre gobernantes y gobernados. Respetarse y seguirse es seguridad en el mantenimiento del Estado de Derecho. Es el eje regulador pero también el que señala la potencialidad soberana de su pueblo, tal como lo señala el artículo 39. Es un bien único y por lo mismo insustituible, que como tal requiere verse y valorarse.
Ni las varias centenas de reformas constitucionales, que la han parchado y lastrado ni los intentos de desnaturalización (sobre todo en las conquistas sociales) que se promovió en el periodo neoliberal con las llamadas reformas estructurales, pudieron borrar la trascendencia democrática y de avanzada de nuestra Constitución política.
No por nada el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha afirmado en el acto solemne celebrado en Querétaro que, “la Constitución no ha muerto”, reivindicando su vigencia, aunque también posibilitó que las siguientes generaciones construyeran una nueva, adecuada las circunstancias de los nuevos tiempos.
Hay entonces una gran carga en la Constitución aún vigente, que podría trascender a la nueva centuria y de acuerdo a las condiciones específicas de la actualidad. En lo personal no puedo concebir una llamada Cuarta Transformación sin un nuevo Constituyente, aunque este recoja y reivindique los aspectos vigentes de los magnos documentos anteriores.
De alguna manera, con nuestra Carta Magna se ha logrado continuidad y permanencia en la Constitución de la Ciudad de México. Lamentablemente esto no ha podido trascender debidamente al interior del país.
Recordemos que ese gran esfuerzo del Constituyente de la Ciudad de México se derivó en un documento de avanzada con 71 artículos y 39 transitorios, entrando en vigor apenas el 17 de septiembre de 2018. Su Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad (en la cual me ha tocado participar como asesor) es expresión de todo aquel bagaje democratizador que está dejando esta primera Constitución en la entidad más importante del país.
Si estudiamos la Constitución de la CDMX podemos concluir que, es progresista y de avanzada, de tal manera que sin manifestaciones grandilocuentes podemos afirmar que seguramente se convertirá en un referente para otras entidades de la República y países, incluso. ¿Por qué decimos esto? Por la inclusión en el texto de aspectos fundamentales en cuanto a libertades democráticas, como el derecho al matrimonio igualitario, de familias diversas, de muerte asistida, de consumo de mariguana, de respeto a la integridad de los animales como seres sintientes, del reconocimiento de sus pueblos y barrios originarios, o de las personas con discapacidad.
Todo lo anterior no es meramente declarativo, plasmado en el texto constitucional de la Ciudad de México. Conforme pasa el tiempo se van viendo los efectos positivos. Con esto se ha abierto una nueva etapa en la vida política de la Ciudad, que no sólo implicó el cambio de gobierno también lo será de régimen político.
La diferencia entre el pasado y el presente precisamente está aquí, no sólo infiere una concepción diferente de país y de ciudad, la que queremos y la que aspiramos a construir, también se expresa en la base normativa constitucional que ve hacia el futuro y hacia él tiende su mano hacia un estadio superior.
No fue fácil ni contó con un camino recto y sin sinuosidades. Como bien lo señalara Alejandro Encinas, “debieron de transcurrir casi dos siglos tras el primer Congreso del México independiente en 1824, para que se reconociera a la Ciudad de México como una entidad de la federación y el derecho de los capitalinos a ejercer su soberanía”.
No podemos olvidar que desde 1928, con la desaparición de los municipios en el entonces Distrito Federal, se erigió en los hechos, lo que coloquialmente se conoció como la “Ciudad del Presidente”, que sublimaba la verticalidad autoritaria del Ejecutivo federal, donde por decenas de años decidió sobre la gente, contradictoriamente, supeditando a un pueblo caracterizado por su alta cultura política.
Este hecho de nuestra historia del siglo pasado, corresponde al «efecto más vil del centralismo desmedido y del abuso del poder en nuestro País», señalara el ya aludido Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente del Congreso Constituyente de la Ciudad de México.
Ahora que celebramos la promulgación de estos dos magnos documentos, también refrendamos el compromiso de respetarlos y hacerlos respetar. Qué mejor celebración que esa.
