Hacia un moderno Estado de bienestar

En esta temporada electoral, más allá de las personas e incluso de los partidos, es necesario plantear una agenda ciudadana para el Municipio de la capital, pero también para todo el estado dada la oportunidad de revisar lo hecho hasta ahora. En éste y los siguientes artículos procuraré esbozar algunas de las líneas que se requieren reflexionar para pensar Aguascalientes. En términos generales, son cinco grandes áreas en las que habría que enmarcar la discusión desde lo local: economía, salud, educación y cultura, medio ambiente y desde luego los aspectos propiamente políticos (es decir, de proyectos común no sólo partidistas en la construcción del nuevo Estado de Bienestar). En este artículo sólo esbozaré algunas de las líneas que habría que considerar para incorporar alternativas ciudadanas cada vez más amplias, y tratar de romper la discusión sólo en términos partidistas.

La economía de Aguascalientes ha sido sin duda una de las más beneficiadas desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor como recordarán hace treinta años con un cuestionamiento de fondo sobre el tipo de modernidad que era fundamental considerar, es decir no sólo de crecimiento del producto sino también a partir del replanteamiento de la relación con las comunidades indígenas del país, las más pobres ciertamente hasta la fecha. El gran éxito en este sentido del movimiento zapatista fue advertirnos que los principios basados sólo en el mercado no eran suficientes sin una profunda política social. Más allá de la opinión que tengamos sobre la “rebelión de las Cañadas”, su idea por ejemplo sobre derechos específicos sigue siendo cuestionable, el llamado de atención lanzado con gran efectividad a nivel global fue una voz que todavía resuena no sólo en las Cañadas, por cierto.

Treinta años después, de acuerdo a estudios de la CEPAL para México, si bien se recuperó la estabilidad económica hay consenso de que el modelo fincado sólo en las directrices que marcó el libre mercado no logró un crecimiento sostenible, tampoco produjo el volumen de empleo formal requerido (más de la mitad de la PEA sigue en el sector informal), como tampoco generó los salarios y remuneraciones adecuadas para impulsar el bienestar de la mayoría de la población, de tal manera que la desigualdad se profundizó en el país (v. Alejandro Nadal, Pensar fuera de la caja. La economía mexicana y sus posibles alternativas, México:CEPAL/NacionesUnidas, Serie Estudios y Perspectivas-Sede Subregional de la CEPAL en México,2020; https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/0fabcb6f-94ff-4efc-8454-35c86d0d9204/content). Podemos señalar algunos matices regionales sin embargo, en términos generales, la pintura corresponde a un México con regiones y sectores altamente productivos pero que sin embargo han fracasado en irradiar a la población de los beneficios del modelo. De hecho, hubo una suerte de regreso a medidas pre keynesianas o claramente porfiristas, en el sentido de pensar que el liberalismo a ultranza resolvería los problemas estructurales. Una trampa que lamentablemente sigue apareciendo, como lo muestra el nuevo gobierno argentino.

En un reciente debate propiciado por Santiago Levy, uno de los artífices tanto de la política económica como social entre 1994-2000, y Luis Felipe López-Calva sobre qué falló en México entre 1990-2023, los autores muestran cómo la productividad en México cayó en comparación a sus principales socios comerciales (Canadá y Estados Unidos), lo cual también se relacionó con la caída generalizada de los ingresos laborales, debido sobre todo al crecimiento de la informalidad tanto empresarial como laboral. Todo ello creó una dinámica empresarial “disfuncional”, señalan los autores, ya que la informalidad persistió, la promoción de la competencia no dio resultados, y finalmente también persistió la debilidad del Estado de derecho. En otras palabras, se subsidiaron empresas ineficientes e improductivas a través de instituciones que otorgaron protección social a la informalidad, lo cual en el fondo es una autocrítica a lo impulsado por el propio Santiago Levy a través del Seguro Popular y el IMSS Oportunidades. Ello implica además que el llamado Estado de bienestar y en especial la seguridad social en México cumplieron de manera muy imperfecta su cometido, al igual que los programas contra la pobreza como el de Progresa-Oportunidades-Prospera que subsidiaron igualmente la informalidad y con ello la reproducción de la pobreza intergeneracional. “En vez de abordar, cito, las raíces de la segmentación formal-informal, se trató de compensar el estancamiento de la productividad y de los salarios reales por múltiples vías: programas de transferencias de ingresos, programas paralelos de aseguramiento social, y otros.” Lo cierto es que se multiplicaron los programas sociales incluso a nivel de los gobiernos estatales, sin muchos resultados, aunque sí a un costo cada vez más elevado en las finanzas públicas. Ello no significa acabar con tales políticas como algunos han sugerido, sino por el contrario impulsar las formas de inversión pública que pueden permitirnos un seguro universal, con mejores servicios de salud y educación para toda la población trabajadora y jubilada.

Una de las condiciones de la productividad tiene que ver con la educación de los trabajadores, de tal manera que a mayor educación corresponderían mejores salarios. A diferencia de algunos países incluso de América Latina, en México el aumento de cada vez más trabajadores con universidad no necesariamente incrementó los salarios y la productividad. La causa, insisten los autores, la “disfunción” económica en el sentido que las empresas y trabajadores informales han sido un elemento estructural que limita las oportunidades de desarrollo de millones de mexicanos. Un límite estructural, por cierto, que tampoco ha sabido romper los actuales gobiernos tanto federal como estatal.

Pareciera entonces que la batalla es contra la informalidad, sin embargo, los autores lo llevan mejor al terreno de la debilidad de las instituciones del Estado, por ejemplo para propiciar la competencia entre las empresas, limitar las prácticas monopólicas y otorgarle incentivos a la innovación. Dada esta debilidad, la riqueza de los milmillonarios en el país se incrementó, medido de múltiples formas, cuestión que tampoco se enfocó claramente en la presente administración, por lo que uno de los retos claves para los próximos años será reforzar las instituciones precisamente que pueden limitar el poder de las oligarquías tanto nacionales como regionales. No se trata de acabar ni mucho menos con la actividad empresarial, por el contrario, se trata de ampliarla a través de efectivos controles a las prácticas monopólicas, de fomentar a pequeñas y medianas empresas a través de créditos públicos y privados accesibles (lo que implicaría comenzar a discutir las altas tasas de interés en el país), y desde luego propiciando que las licitaciones públicas se hagan de la manera más transparente posible.

Así pues ¿qué falló? Se preguntan los autores reseñados (Santiago Levy, Luis Felipe López-Calva, “¿Qué falló? ¿Qué sigue? México 1990-2023. Versión extendida”, Nexos, Agosto 1, 2023, https://www.nexos.com.mx/?p=74046). Una de las cuestiones sigue siendo el alto costo de la formalidad, por lo que se requieren reformas tanto en materia fiscal como crediticia, ya que la mayor parte de las empresas no pueden pagar los altos costos de despachos jurídicos y administrativos. También es necesario que se fomente la competencia a niveles estatal y municipal a través de vigilar más la inversión pública, y que no se sigan favoreciendo las viejas estructuras de poder formadas entre el poder político y empresas beneficiarias de éste. De ahí también la importancia del combate a la corrupción desde lo local, fortaleciendo las instancias de rendición de cuentas como parte central en la consolidación de una alternativa. Por otra parte, se requiere superar la informalidad para que se pueda crecer con mayor inclusión social, particularmente para incorporar al gran número de profesionistas cada vez más capacitados que buscan un buen trabajo. Se trata pues de crear una nueva agenda que podemos llamar de cuarta generación, que fortalezca a las instituciones destinadas a limitar los abusos de poder, la corrupción y los monopolios de cualquier tipo, a final de cuentas de crear un nuevo Estado de Bienestar incluyente y eficaz.

Si bien el debate propuesto por Levy y López-Calva requiere discutirse más ampliamente, el gran logro de su ensayo es que ha puesto en la mesa un tema sin duda central: ¿cómo lograr un moderno Estado de Bienestar en donde las instituciones de salud y educación, así como el Estado de derecho sean cada vez más incluyentes? Qué nos enseña toda esta reflexión para pensar Aguascalientes, es el tema del siguiente artículo.