La democracia controlada 3/4

Hemos comentado la idea de cómo los gobiernos autoritarios o francamente dictatoriales en América Latina han legitimado sus gobiernos a nivel internacional, con la celebración de elecciones controladas, que tienen las miras puestas en el juicio externo más que en la consolidación de un régimen democrático. El caso de Díaz es emblemático porque, desafortunadamente, una de las continuidades que se tendría en los gobiernos posrevolucionarios sería la figura del presidente como el “gran elector”, si bien sin reelección. Ciertamente, como me lo comentara un buen amigo, Porfirio Díaz en la entrevista con Creelman (noviembre de 1907) al mismo tiempo que decía estar convencido de las bondades de la democracia para un buen gobierno y de que México ya tenía una clase media suficiente para apoyar dicho régimen, el mismo Díaz en dicha entrevista señaló que “el pueblo no se preocupa mucho de los negocios públicos y de las prácticas democráticas”, lo cual le permitía justificar su permanencia en el poder dado que las prácticas democráticas no habían arraigado en el país por los siglos de dominación. Estas dudas lo harían postularse nuevamente en 1910 y reprimir a la oposición, en especial a Madero y los antirreeleccionistas, marcando con ello la gonía de la dictadura. Habría que señalar que la entrevista Díaz-Creelman fue realizada sobre todo como parte de la propaganda de Díaz, en la que fue muy hábil, para su imagen hacia el exterior.

Hay otro ejemplo de elecciones durante la dictadura de Huerta que poco se conoce, y que fueron realizadas debido a la presión del presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos como condición para reconocer al gobierno del general golpista. Huerta originalmente se negó a aceptar la demanda norteamericana alegando que tal condición vulneraba la soberanía del país y, comenta Lorenzo Meyer, “se decidió a acabar a sangre y fuego con el movimiento rebelde.” (Meyer, “Las Revolución mexicana y las elecciones presidenciales…”). Además, Huerta ordenó la disolución del Congreso alegando, según su secretario de Relaciones exteriores, que la clausura del Congreso era un “acto democrático” ya que los diputados saboteaban la labor del gobierno. Finalmente, por las presiones externas, Huerta convocó a elecciones en septiembre de 1913 como fachada para ocultar a la dictadura militar, incluso las organizó con el propósito de que hubiera poca participación, declararlas nulas y así cumplir con el trámite. Cosa que efectivamente sucedió y Huerta permaneció como presidente interino, hasta que las mismas presiones externas y los ejércitos revolucionarios del norte terminaran con el intento de reinstalar la dictadura.

Después de la promulgación de la Constitución en febrero de 1917 se convocaron a nuevas elecciones legislativas y presidenciales con cambios importantes: se eliminaba la figura del vicepresidente, se reducía el periodo presidencial de seis a cuatro años y la elección del presidente se igualaría a las de legisladores, serían elecciones directas sólo para varones. Si bien todos los gobiernos posrevolucionarios mantuvieron la organización de elecciones, éstas estuvieron organizadas desde las propias oficinas de la secretaría de gobernación, limitando la participación de la oposición y con ello dejando poco espacio a la participación ciudadana.

Es necesario recordar que los gobiernos posrevolucionarios estuvieron caracterizados por gobiernos militares. Las luchas entre los militares revolucionarios mismos y con varias asonadas llevaron a Calles, después de la reelección de Obregón y su asesinato en julio de 1928, a proponer un comité para la formación de un Partido hegemónico en el país. El objetivo de la integración de las múltiples facciones y partidos regionales fue el de disciplinar a la “familia revolucionaria” y, al paralelo de la represión a los opositores, formar un partido de Estado siguiendo incluso algunas lecciones del fascismo. El hostigamiento al movimiento encabezado por Vasconcelos en las elecciones de 1929, que había levantado una movilización popular genuina entre los jóvenes (entre sus propuestas ya figuraba el voto femenino), implicó una presencia masiva de militares y policías en las calles hasta llegar a la violencia, al grado de que al momento de las elecciones se reportaron varias muertes y una veintena de heridos. Los resultados le dieron el 93% de los votos a Ortiz Rubio y sólo el 5% a Vasconcelos, nos obstante la gran campaña que realizara. Vasconcelos llegó a llamar a las armas para defender el voto, pero tal revolución no tuvo lugar y Ortiz Rubio ocupó la presidencia en febrero de 1930.

La formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 y luego del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) no tuvo como propósito estimular la participación democrática como correspondería a la idea clásica de un partido moderno, sino por el contrario de “reafirmar periódicamente el derecho del grupo revolucionario a gobernar a través de la victoria electoral”, y de controlar a sus miembros “para que las luchas internas no dieran al traste con el sistema” (Meyer, 193); las elecciones se hacían entonces no para fortalecer a la ciudadanía sino para generar alianzas entre los grupos en el poder y disciplinar a los que no eran favorecidos con los cargos anhelados.

La elección de Cárdenas mostró precisamente que los conflictos entre los diferentes grupos por ascender al poder se darían internamente al PNR, y que el régimen no permitiría una oposición real. Cárdenas arrasó en las elecciones, lo que le permitió deshacerse de Calles y sus seguidores y acumular un poder político sin precedentes que le permitió hacer reformas centrales. Reformas que traerían consigo una amplia oposición, de ahí la formación de nuevos partidos como el de Acción Nacional identificado con Manuel Gómez Morín, ex rector de la Universidad Nacional y uno de los artífices de las reformas hacendísticas en el gobierno de Calles. Al grado que la elección de 1940, con una oposición encabezada por el general conservador Almazán, llevaría a Cárdenas a elegir a otro general enfocado en cooptar a nuevos grupos sociales emergentes y quien daría un giro a las políticas radiales, Manuel Ávila Camacho, un presidente que sería moderado e incluso negociador entre las diferentes fuerzas revolucionarias (reunió a todos los expresidentes vivos), lo que permitiría aprovechar la coyuntura favorable de la Segunda Guerra Mundial para el crecimiento económico.

Uno de los mayores cambios que se darían en los siguientes años en términos electorales sería el derecho al voto de las mujeres en 1947, ejerciéndolo por primera vez en la elección presidencial de 1952 en que Ruiz Cortines ganó la presidencia. No sería sino hasta 1954 que llegaría la primera diputada federal por el estado de Nayarit, Martha Aurora Jiménez Palacios; las primeras senadoras llegarían en 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia. La primera gobernadora sería Griselda Álvarez en 1979 por el estado de Colima. Además de lo paradójico de nuestro sistema electoral, al realizar elecciones y mantener gobiernos autoritarios, la tardanza en la participación de las mujeres en los procesos refrendó la idea de un sistema cerrado y poco inclusivo. La tragedia del 68 pondría de manifiesto las características autoritarias de un régimen que vio a las elecciones como un trámite para legitimar a un partido hegemónico. Contra esta idea precisamente vendrían las propuestas de cambio, para hacer valer los votos ciudadanos.