En rueda de prensa este 9 de abril de 2025, en los restos del PRI Aguascalientes, el aún presidente de Estatal del PRI Kendor Macías convocó a medios para presentar lo que considera según él una gran propuesta en materia educativa. (Ver: PRI AGUASCALIENTES)

La rueda de prensa ofrecida por el Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes, donde el dirigente Kendor Macías respaldó la iniciativa del Diputado Federal Christian Castro “para eliminar el pago de titulación universitaria a estudiantes con promedio superior a 8.5,” parece responder más a una estrategia política que a una política educativa integral y progresiva.

¿Justicia educativa condicionada al promedio?

La propuesta parte de una premisa supuestamente noble y hasta pudiera parecer desinteresada, la cual consiste en eliminar barreras económicas para los jóvenes que desean titularse. Sin embargo, al condicionar este beneficio a quienes hayan mantenido un promedio de 8.5 o superior, hace que está iniciativa reproduce una visión meritocrática que ignora las desigualdades estructurales del sistema educativo, la cual puede analizarse desde la perspectiva de los sociólogos francés Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, en base a ya un libro clásico de la sociología del siglo XX La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza (1979), la cual entre muchas otras cosas del pensamiento de Bourdieu y Passeron sostienen que el sistema educativo funciona como un mecanismo de reproducción social, no como un espacio de movilidad y justicia como lo propone la ideología meritocrática. Ya que bajo la apariencia de neutralidad y equidad, la escuela legitima las desigualdades sociales al atribuir el éxito o fracaso escolar a las capacidades individuales (como el esfuerzo o la inteligencia), ocultando las condiciones materiales, culturales y sociales desiguales con las que los estudiantes ingresan al sistema.

La idea del 8.5 «reproduce una visión meritocrática que ignora las desigualdades estructurales del sistema educativo” alude justamente a esto: ya que parte del supuesto de que todos los estudiantes compiten en igualdad de condiciones, cuando en realidad quienes provienen de contextos familiares con mayor capital económico y cultural tienen ventajas profundas desde el inicio.

“El sistema de enseñanza tiende a legitimar las desigualdades sociales preexistentes al convertirlas en desigualdades escolares, que parecen deberse únicamente a los méritos individuales”
(Bourdieu y Passeron, 1970)

Así, condicionar beneficios educativos —como la eliminación del pago de titulación— al promedio académico es reforzar lo que Bourdieu llama el «arbitrarismo cultural»: la imposición de un modelo dominante de excelencia que se presenta como universal, pero que en realidad favorece a quienes ya tienen acceso al capital cultural legitimado por el sistema.

En contextos de polígonos de pobreza e incluso Aguascalientes sus serios problemas de movilidad, donde miles de jóvenes enfrentan carencias materiales, estudiar y mantener un alto promedio puede ser más difícil para quienes más necesitan el apoyo. La medida corre el riesgo de beneficiar a los sectores más favorecidos dentro del universo estudiantil, dejando fuera precisamente a quienes enfrentan mayores obstáculos para concluir sus estudios.

Descansemos un momento y pasemos a otras ideas relacionadas con la anterior.

El caso de la UAA: una universidad pública, pero cara

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la principal institución de educación superior del estado, tiene costos que desmienten el mito de que la educación pública en México es gratuita. Para el primer mes de 2025, los estudiantes deben pagar una colegiatura mensual de $1,104, además de otros gastos: matrícula ($705), examen médico ($642), aportación al fondo de becas ($65), derecho a examen ($560), y cuotas de admisión que van desde los $2,729 hasta los $3,674 según el programa. Esto hace y no es nuevo que la UAA esté entre las universidades públicas más caras del país.

Peor se pone la comparación con esta casa de estudios cuando se le contrastan los costos de las colegiaturas con la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional o la Universidad Autónoma Metropolitana.

En este contexto, surge una pregunta inevitable: si los restos del PRI en Aguascalientes realmente está preocupado por las barreras económicas que enfrentan los jóvenes, ¿por qué su actual dirigente, Kendor Macías, no se ha pronunciado antes por reducir los costos de colegiatura y trámites en la UAA, o por aumentar el presupuesto estatal destinado a la educación superior? ¿Por qué esperar a una iniciativa federal condicionada al mérito académico, en lugar de abogar por un financiamiento estructural y sostenido desde el ámbito local?

Un partido con cuentas pendientes en educación

Durante décadas en las que el PRI tuvo influencia significativa en los gobiernos estatal y federal, no se impulsaron reformas profundas que garantizaran el acceso gratuito y universal a la educación superior. Las cuotas, los cobros por trámites y las barreras administrativas han sido una constante. Hoy, cuando su presencia política está mermada, el PRI intenta reconstruir una narrativa de cercanía con los estudiantes en lo que parece ser los últimos esfuerzos de un moribundo por vivir. Pero la omisión pasada en temas clave como el financiamiento universitario, la falta de ampliación de la matrícula o el acceso equitativo a la educación media superior (bachillerato o preparatoria), no puede ser borrada con una propuesta aislada.

La gratuidad de la educación media superior está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el Artículo 3º, fracción IV:

«Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior conforman la educación básica; esta y la educación superior serán obligatorias […].»

Esto implica que la educación media superior (bachillerato o preparatoria) es no sólo obligatoria sino gratuita por mandato constitucional federal. ¿Cuándo vamos a ver que esto se cumpla en los CECyTEAs o CONALEP Aguascalientes por ejemplo?

¿Dónde están estos diputados locales y federales solicitando al poder ejecutivo estatal y federal que se destinen los recursos suficientes para cumplir, en lugar de estar proponiendo ideas que reproducen la meritocracia?

Narrativas locales sin datos duros

La intervención de la Regidora Celeste Martínez, hablando de “acciones concretas” desde la Comisión de Educación en el Municipio de El Llano, sigue esa línea discursiva que intenta mostrar resultados sin datos verificables. Las menciones a infraestructura y becas son bienvenidas, pero si no están acompañadas por indicadores claros de impacto, se corren el riesgo de quedarse en el terreno del autoelogio político.

Una propuesta limitada ante un problema estructural como lo es eliminar el pago de titulación para estudiantes con buen promedio puede tener un impacto simbólico, pero no aborda el verdadero problema: el alto costo de estudiar en una universidad pública como la UAA, y la escasa inversión estatal en educación superior definitivamente no solucionan nada.

Si los restos del PRI quieren demostrar un compromiso real con los estudiantes, deberían ir más allá de las propuestas oportunistas y abogar por un sistema educativo verdaderamente gratuito, incluyente y financiado con responsabilidad.

Mientras eso no suceda, su discurso seguirá sonando más a cálculo político que a genuina vocación social.

Esa es la pregunta clave, y la que más incómoda a nuestro sistema de partidos (TODOS): ¿Quieren realmente ayudar, o solo capitalizan el tema educativo cuando les conviene políticamente?

Porque si realmente quisieran transformar el sistema, ya estarían trabajando —desde sus curules, desde sus dirigencias partidistas— para garantizar el derecho constitucional a una educación gratuita y de calidad, desde preescolar hasta universidad.

La educación gratuita no debería ser una promesa de campaña, ni una concesión condicionada al mérito. Está consagrada en el artículo 3º de la Constitución. Sin embargo, año tras año, los presupuestos públicos revelan otra cosa: subejercicio en educación, recortes a universidades, y subsidios que no alcanzan ni para garantizar los servicios básicos de muchos planteles.

Si el discurso fuera coherente con los hechos, los diputados ya habrían promovido reformas estructurales para que ningún estudiante tenga que pagar inscripción, titulación o una cuota “voluntaria” que es obligatoria en la práctica. Ya habrían impulsado un nuevo pacto fiscal para fortalecer el financiamiento a la educación pública, sobre todo en estados donde estudiar una licenciatura pública es más caro que en otros.

Como dice Pierre Bourdieu, el sistema educativo reproduce la desigualdad social cuando no se transforma estructuralmente. Mientras tanto, los partidos simulan avanzar con medidas superficiales que no tocan la raíz: el abandono histórico del Estado en su deber de garantizar la igualdad educativa real, no solo en el discurso.

Por eso hay que seguir preguntando, una y otra vez:

¿Cuándo van a trabajar realmente los diputados y partidos políticos para cumplir la promesa de una educación pública, gratuita y de calidad para todos, sin condiciones ni excepciones?

Y no dejar de exigirlo. Porque no es un favor: es un derecho.