Blindajes, clonaciones y política recaudatoria

( Mandos militares por votación.- A reserva de hacerlo de manera más amplia, quiero tomarle la palabra al Peje y extender propuesta para una elección democrática a las fuerzas armadas. las bondades de una elección así las ha ponderado el presidente. Nada de imposiciones, nada de mafias, nada de intereses ocultos. ¡ Qué sea el pueblo sabio él que con su voto elija a los mandos del E,jército, la Marina, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, para terminar con la corrupción de las fuerzas armadas!.)

Apenas a principios de semana, este diario que me brinda generosa hospitalidad, publicó una entrevista con el Secretario de Finanzas del estaao, que en forma alarmante se refirió a la clonación de documentos notariales y la necesidad de revisar los procesos y mecanismos de seguridad, toda vez que algunos se habían utilizado para el registro de vehículos. Por supuesto que la noticia es alarmista y exagerada, independientemente de que parte de un diagnóstico equivocado y naturalmente le lleva conclusiones apresuradas y alejados de la realidad. Si en Aguascalientes circulan casi medio millón de vehículos y anualmente se incrementa su registro y las transferencias de propiedad en varias decenas de miles, hablar de 20 casos es una verdadera minucia, debes señalarse además, que la falsificación de documentos ni es única ni se limita a algunos instrumentos notariales. Todos los días circulan y lamentablemente tienen efectos, facturas falsas, certificados falsificados de registro público, comprobantes oficiales alterados, credenciales para votar falsas y credenciales para votar auténticas con datos falsos. Basta con darse una vuelta a las dependencias dónde se registran las transacciones de vehículos, para encontrarse con una mafia de “coyotes” qué trabajan a la sombra de la autoridad y que medran explotando a los ciudadanos. La Secretaría de Finanzas no ha podido poner control en esa plaga. Lamentablemente hay culpabilidad en los tramitadores y responsabilidad en funcionarios menores.

Los controles notariales en términos generales son suficientes y eficaces, cumpliendo con su finalidad de dar seguridad y garantía, salvo algunas excepciones, que las hay, de notarías en las que los usuarios ni siquiera llegan a conocer al titular y qué son conocidas de las autoridades, la mayoría cumple digna y responsablemente con su función.

Desde luego que es deseable evitar en lo posible y sancionar a quienes alteren o falsifiquen documentos, esa conducta es punible y ha estado prevista en los códigos penales prácticamente desde el inicio de esas legislaciones. Es cierto también que los pillos cada vez disponen de elementos más sofisticados para la alteración de documentos, pero también es cierto que, en la mayoría de las veces la falta de cuidado y él no dedicar unos pocos minutos al análisis de un documento, hace que se den por buenos algunos claramente alterdados, que con un poco de cuidado podían haber sido tildados de falsos. Es frecuente qué autoridades y aún notarios demos por buenas copias certificadas qué, conforme a la ley no tienen la validez de los primeros testimonios. Testimonio es la primera copia certificada que se expide de su matriz que es el protocolo notarial. Es fundamental también la identificación de la persona qué realiza el trámite, no sólo el documento sino también el tramitador garantizan la verdad ilegalidad de la operación.

Por otra parte el año nuevo nos trajo novedades en materia impositiva. Es cierto que ya desde el año pasado se pretendió incrementar de una manera importante la captación en materia de impuesto por adquisición de bienes inmuebles, creando lo que se llamó el “impuesto a la muerte”, porque se pretendió gravar las herencias y las donaciones en línea recta y entre esposos. Afortunadamente se dio marcha atrás, sólo aparentemente, porque en los municipios encontraron menos oposición, sobre todo en los más pobres, y el Congreso mayoritariamente del partido en el poder, aprobó no solo el impuesto a la muerte si no tasas tan altas como las de Tepezalá, qué es del 2.7% en adquisición de inmuebles. Debe señalarse que este impuesto se actualiza todos los años y en cada operación, por lo tanto automáticamente se ajusta a los cambios apreciativos de los bienes. No se justifica, pero el Congreso lo ha hecho haciéndose eco de la Secretaría de Finanzas qué responde a una política recaudatoria.

La pregunta que deberíamos formularnos los ciudadanos es. Se justifica que el gobierno pretenda ejercer un gasto mayor en detrimento de la economía ciudadana, entregando a cambio, en el mejor de los casos, piedritas de colores, lentejuelas y abalorios. Una rebanada de pastel, un concierto masivo, la entrega de una baratija, los festivales de relumbrón y las obras más o menos suntuarias ¿justifican el aumento de las contribuciones?.

Las cuotas de los derechos y servicios fueron incrementadas y los impuestos tambien se incrementaron por la vía del ajuste de las bases y las tasas. en algunos casos de manera inconstitucional, como la pretensión de algunos municipios de seguir cobrando una carga sobre alumbrado público que la corte repetidamente ha considerado contraria a la constitución.

Pero tenemos también, claramente inconstitucional, el recientemente establecido servicio urgente para el registro, cuando la Corte ha expresado que establecer este tipo de distinciones en los servicios públicos resulta contrario a la igualdad ciudadana. Éste nuevo cobro aprobado por el Congreso y propuesto por la Secretaría de Finanzas, establece la distinción entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, los que se pueden permitir poner a trabajar a los servidores públicos de manera preferente de acuerdo con sus intereses y con un pago adicional y los que, no se pueden dar el lujo de tener un servicio preferencial por unos pesos más. Lamentablemente esto muestra la visión recaudadora y la visión que tienen las autoridades fiscales del ciudadano, al que ven como lacayo y no como su mandante.

En este sentido, ánimo recaudatorio, se establecen también cuotas diferenciadas para servicios similares. no existe fundamento real para fijarles un precio mayor a algunas actas del registro civil, porque básicamente el servicio que se presta es el mismo. No existe razón tampoco para establecer tarifas diferenciadas en los servicios del Registro Público de la Propiedad que, también básicamente requieren el mismo tiempo, procedimiento y material para su cumplimiento.

Habría que apuntar también la preocupación ciudadana por el endeudamiento tan alto que se echará a cuestas el gobierno estatal. El municipal ya lo tenía bastante alto. Los ciudadanos, pésimamente representados en el Congreso, difícilmente tenemos acceso al conocimiento a fondo de las razones y fundamentaciones para los endeudamientos. Nos queda claro que cada vez nos cuestan más los gobiernos y cada vez nos proporcionan menos a cambio.