Desarrollo urbano o ecocidio. Entre la Protección legal y la resistencia social (I).

Según la ONU, el derecho a una vivienda adecuada es reconocido en la normativa internacional de los derechos humanos como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado.

Así, una vivienda adecuada debe tener ciertos requisitos como: Seguridad de la tenencia, Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura, Asequibilidad (Si un hogar destina menos del 30% de su ingreso en gastos asociados a la vivienda (ONU, 2018)]. Habitabilidad incluyendo un espacio habitable suficiente (si cuenta con menos de cuatro personas por cuarto disponible), Accesibilidad (Incluyendo el diseño y materialidad de la vivienda considerando las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad), Ubicación (ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías, servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas) y Adecuación cultural (su ubicación respeta y toma en cuenta la expresión de identidad cultura), Vivienda durable, Acceso a agua mejorada y Acceso a saneamiento adecuado.

Áreas urbanas.

El Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) es uno de los proyectos prioritarios del Gobierno de México que tiene como objetivo principal construir 1 millón 100 mil viviendas y arrancó obras en 12 estados incluyendo Aguascalientes, así Víctor Hugo Hoffman Aguirre, subsecretario de la Sedatu, dio a conocer en enero de 2025, el programa nacional de vivienda por lo que la gobernadora Teresa Jiménez, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y así atender una de las principales demandas sociales de la población.

Este compromiso tendrá diversos esquemas:

Vivienda para Todos: dirigida a personas sin seguridad socia; Renueva tu Hogar: para mejoramiento de viviendas;Vivienda a tu Alcance: modalidad de renta con opción a compra; Vivienda por Tandas: para construcción progresiva.

También se estableció un programa especial para policías, y otro llamado “100 Días, 100 Viviendas” en beneficio de taxistas, comerciantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las acciones realizadas fueron: Convenio tripartita para vivienda digna; Programas integrales en vivienda accesible; Nuevos fraccionamientos y la reactivación de vivienda social Torre Libertad. Pero analizando los dos últimos, cabe destacar que los 46 departamentos de la Torre (diversos modelos) aunque generará 300 empleos directos, tendrá un valor promedio de $2,000,000 por departamento, lo que no creo venga a ser una ayuda social.

En cuanto a los “nuevos fraccionamientos”, aunque el costo de las propiedades puede cambiar rápidamente y el precio depende de factores como el tamaño, la antigüedad, la ubicación dentro del fraccionamiento y las condiciones del mercado; En Rincón de Romos, los nuevos fraccionamientos La Arbolada y La Santa Cruz, el lote habitacional está por los $3,600 MXN/m². En Rinconadas las Cumbres, ya dentro de Aguascalientes capital, el precio medio de terreno se encuentra en $4,600 MXN/m² y las casas ofrecidas costarán $1,300,000.

En El Riego (Pabellón de Arteaga), los terrenos están en $1,500 MXN/m², aunque puede incrementarse dependiendo de los servicios y tamaño. No se encontraron datos para Potrerillos (Cosío) en los portales online.

El apoyo a sectores vulnerables y sin acceso a crédito (boleros, tianguistas, albañiles, comerciantes independientes) pretende cero enganches, y mensualidades accesibles, en torno a 3,000 pesos, aunque no se indica en donde se localizan estas viviendas, aunque se dijo “en las periferias con aproximadamente 75 m² de construcción sobre terrenos de 90 m² en casas de dos niveles. El Diputado Maximiliano Ramírez Hernández reconoció que en el anterior programa que llevó a cabo el gobierno del estado en donde se entregaron cincuenta casas, hubo alrededor de dos mil solicitudes para acceder a una vivienda y en una convocatoria para solo 100 viviendas sociales, se recibieron más de 9 000 solicitudes, lo que evidencia una demanda real no cubierta. Nada que ver con las 7,000 viviendas que pretenden el proyecto.

Así los principales obstáculos en la realidad brindan una oferta insuficiente y costos elevados pues la oferta privada de vivienda se concentra en opciones de precio medio o residencial, con costos base superiores a 1.5 millones de pesos, inaccesibles para la mayoría de los trabajadores.

Además, los requisitos para desarrollar vivienda en Aguascalientes resultan excesivos y excluyentes: trámites largos, altos costos, requerimientos técnicos (como el contar con pozo de agua o urbanización previa al visto bueno) lo que hace casi imposible para grupos organizados de bajos ingresos acceder a tierra o legalizar asentamientos.

Por otro lado, el salario promedio y el perfil de crédito (Infonavit) no permiten acceder a una vivienda digna. Los créditos disponibles apenas alcanzan entre 300 000 y 650 000 pesos, por lo que la compra de una casa propia es aspiracional para muchos.

Aunque haya robustos programas y convenios, política pública enfocada en vivienda social, la oferta privada limitada, trámites excluyentes, planificación urbana deficiente, gentrificación, salarios insuficientes y especulación inmobiliaria, no favorece a la adquisición de vivienda digna. El mercado no responde a la demanda real de la población trabajadora.

Un usuario de la web ilustró el escenario actual: “La gente quiere rentar sus casas como si toda la gente de Aguascalientes fueran ejecutivos… Hay una burbuja inflacionaria… todavía hay más casas en renta que gente buscando, y aun así los precios no bajan.

Será la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda (SEGUOT) quien tendrá las facultades clave para: evaluar programas de vivienda, gestionar recursos, autorizar licencias y fraccionamientos, y coordinar políticas urbanas entre los niveles de gobierno.

Áreas ecológicas.

A nivel local, se niegan estructuras criminales o “Cartel inmobiliario”, y se dice que más bien hay “Descontento y sospechas ciudadanas” pues hay preocupación por el crecimiento urbano acelerado, pérdida de espacios naturales y altos costos vivienda. También hay una respuesta política defensiva donde las autoridades estatales califican estas preocupaciones como exageraciones ( el diputado Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano del Congreso estatal, niega rotundamente la existencia de un “cártel inmobiliario” en Aguascalientes.

Él afirma que el término se usa como recurso político, particularmente en tiempos electorales, sin sustento real. Explicó que los desarrolladores deben cumplir con alrededor de 57 requisitos para operar legalmente, lo que, según él, muestra que el tema se trata de inversión formal, no mafias inmobiliarias y no hay evidencia legal o judicial de un “cártel inmobiliario” organizado operando en Aguascalientes.

La Regulación actual del crecimiento urbano en Aguascalientes depende del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) quien define las áreas permitidas para crecimiento habitacional, industrial y comercial, así como de los trámites y permisos a fraccionadores que incluyen impacto ambiental, factibilidad de servicios (agua, drenaje, luz) y alineación con el plan urbano, sin embargo estos se enfrentan a diversos problemas como: Lentitud en la actualización de planes urbanos que permite lagunas legales aprovechadas por constructoras; Falta de vigilancia efectiva pues algunos desarrollos se inician sin cumplir todos los requisitos y sobretodo preocupa la expansión hacia áreas naturales y agrícolas creando islas de vivienda desconectadas y afectando severamente los ecosistemas.

Y aunque no se ha demostrado una red criminal organizada en Aguascalientes, las denuncias ciudadanas y preocupaciones reales sobre el desarrollo urbano agresivo apuntan a:

• Concentración de permisos en pocas empresas.
• Posible colusión entre desarrolladores y autoridades municipales.
• Falta de transparencia en licencias y cambios de uso de suelo.
• Desplazamiento de zonas ecológicas para desarrollos de lujo.

Los ciudadanos opinan: “El cartel inmobiliario del presente gobierno” está arrasando con áreas naturales y con la vivienda económica en Aguascalientes”, otro comenta: “estamos cooptados por las constructoras de cartel inmobiliario y nadie se da cuenta…”

Estas voces reflejan una percepción colectiva de que ciertas constructoras tienen demasiado poder y control, afectando la calidad de vida y el acceso a vivienda.

Colectivos y ciudadanos expresan preocupaciones reales sobre el desarrollo urbano agresivo, especialmente en áreas ecológicas, hablemos de varios casos:

Cerro del Muerto: emblema natural bajo presión

El Cerro del Muerto fue declarado Área Natural Protegida con categoría de Monumento Natural en 2008, y su programa de manejo oficial se publicó en 2015. Sin embargo, la expansión urbana ya llega a sus cercanías, especialmente en zonas como el Picacho, donde la fragmentación de propiedad y el cambio de uso de suelo son temas preocupantes, aunado a presiones por extracción de material pétreo y erosión en zonas bajas, que afectan la conservación.

Como acciones de conservación previas, se tiene que en 2010 se había diseñado un programa de manejo con trabajos de vigilancia y educación ambiental, contemplando restricciones al desarrollo urbano, aunque aún requería de continuación e implementación. En décadas pasadas se realizaron reforestaciones con eucaliptos y otras especies, aunque algunas acciones fueron cuestionadas por su falta de adecuación ecológica. Actualmente existe la venta de terrenos (Lomas del Picacho) e incluso con terrenos sin fraccionar, así poco a poco, las casas van invadiendo las laderas del emblemático cerro.

Además de su valor ambiental, el Cerro del Muerto es un espacio popular para hacer ejercicio y disfrutar panoramas.

A pesar de todo esto, además de las muchas residencias ya mencionadas, se está construyendo “Zitara” impulsado por Grupo Plusvalterra, un megaproyecto residencial ubicado en los terrenos bajos del aludido cerro, concebido como una “ciudad dentro de la ciudad” con una alta calidad de vida. Este se desarrolla sobre una extensión de aproximadamente 200 hectáreas, con ejecución planeada en 5 etapas a lo largo de 10 años. La inversión estimada es de más de 300 millones de dólares y generará alrededor de 1,700 empleos directos y 13,500 indirectos.

Incluye Club deportivo y campo de golf de 18 hoyos, uno de los más completos en la región, Espacios deportivos múltiples (pádel, tenis, fútbol, básquetbol, frontón, squash, handball); Instalaciones de bienestar: gimnasio (con disciplinas como CrossFit, Pilates, TRX, escalada, danza, karate), spa, yoga, trotapista, fisioterapia, jacuzzis. Piscinas: olímpica, techada y para niños, oraz pool bar con terraza y cancha de volleyball así como también contará con centro de negocios, clúster médico, zonas comerciales (gourmet y generales), jardines de eventos, iglesia, escuela básica y superior, área comercial, tee de práctica pública, entre otros servicios.

En cuanto a Seguridad, sustentabilidad e infraestructura contará con Seguridad de primer nivel: cuenta con su propio Centro de Monitoreo (C2) conectado al sistema municipal y estatal (C5), patrullaje interno, cámaras de alta fidelidad, botones de pánico, emergencias como bomberos y ambulancias. Vialidades planificadas, conectividad y vistas privilegiadas al Cerro del Muerto. Como infraestructura sostenible utilizará un sistema de “Agua Morada” para riego, separada del agua potable, como ejemplo de reutilización hídrica

Las críticas y preocupaciones ambientales radican en cuestionamientos sobre la sustentabilidad hídrica del proyecto: la zona no es una clara área de recarga de acuíferos y la perforación para pozos podría ser técnica y económicamente complicada, además de que el uso de agua tratada en el

campo de golf podría desviarse de fines más productivos. También se ha señalado que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada al gobierno carece de datos técnicos transparentes y podría privatizar el arroyo “Las Víboras”, afectando la ecología local.

Los principales impactos ambientales identificados son diversos:

1. Déficits en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Ambientalistas y especialistas han señalado que la MIA presentada carece de datos técnicos suficientes y presenta inconsistencias, priorizando los beneficios económicos sobre el bienestar ecológico. Paralelamente carece de información sobre especies menos visibles, como anfibios, reptiles e invertebrados, y no se evalúan adecuadamente los impactos a largo plazo del ecosistema.

1. Reducción en la capacidad de recarga hídrica y aumento de escurrimientos.

Se anticipan problemas como la pérdida de suelo fértil, disminución en la infiltración del agua, incremento en la velocidad de escurrimiento (que puede generar inundaciones), y afectaciones a la recarga del acuífero.

1. Estrés hídrico y dudas técnicas sobre el abastecimiento

El proyecto declara que usará agua tratada desde una planta que actualmente opera al 56 % de su capacidad. Esto plantea incertidumbre sobre si realmente habrá suficiente agua para mantener el campo de golf sin recurrir a agua potable. Se calcula que el campo de golf requiere 6.5 millones de litros diarios para su construcción y 93 millones de litros al mes para su mantenimiento.

1. Zona geológica adversa para pozos

La zona donde se construye Zitara presenta condiciones geológicas complejas que dificultan la perforación de pozos y encarecen significativamente su explotación. Además, no es una región con recarga hídrica natural, lo que complica aún más la disponibilidad a largo plazo.

1. Privatización de cuerpos de agua y afectación a especies

Se ha denunciado que el proyecto podría desviar o privatizar cursos de agua, como el arroyo “Las Víboras”. Se cree, podría afectar el hábitat de hasta 86 especies animales, lo cual representa un impacto biodiverso importante.

1. Suspensión judicial parcial y amenazas a activistas

Grupos ambientalistas lograron suspender el proyecto mediante amparos judiciales, argumentando el riesgo al acceso al agua potable y el derecho a un ambiente sano. A raíz de esto, algunos ambientalistas han denunciado recibir amenazas

Riesgos hídricos y contaminación del Río San Pedro.

El Río San Pedro, que atraviesa zonas urbanas, ha sido foco de denuncias ciudadanas por su contaminación. En mayo de 2025, un juzgado federal reconoció omisiones de autoridades estatales (la Secretaría de Sustentabilidad y Conagua), exigiendo medidas inmediatas de saneamiento y estudios de impacto ambiental (https://www.lja.mx/2025/05/obligan-a-autoridades-a-evaluar-el- impacto-ambiental-del-rio-san-pedro/?utm_source=chatgpt.com)

El Juzgado Séptimo de Distrito también advirtió que la situación actual del río vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano y contraviene el Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial de Aguascalientes 2013-2035, el cual plantea abatir la contaminación y preservar los hábitats naturales mediante acciones coordinadas entre gobierno y sociedad civil. En este sentido, el juzgado subrayó que la problemática del Río San Pedro compete a los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía organizada. La contaminación de aguas superficiales puede derivar en riesgos para la salud pública y la contaminación de acuíferos, un problema latente si hay mala gestión de residuos y efluentes.

En Aguascalientes, se ha documentado un impacto significativo por vertido de aguas residuales en cuencas locales como el río San Pedro y el río Chicalote. Cerca del 96 % del total de aguas residuales del estado, tratadas o no, se vierten en estos cauces. Aunque una parte mínima proviene del sector industrial (4 %), este contribuye con alrededor del 20 % de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO)

—indicador clave de contaminación del agua— afectando su calidad.

Dado que varios fraccionamientos se han visto afectados con ésta situación, comparto algunas recomendaciones a seguir:

1. Solicitar el Manifestó de Impacto Ambiental (MIA) del fraccionamiento en la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, para revisar las evaluaciones oficiales. 2) Revisar la participación ciudadana y si hay observaciones de habitantes o colectivos locales que hayan dejado constancia. 3) Monitorear si está cerca de zonas de recarga o ecosistemas protegidos, ya que son espacios sensibles frente al desarrollo. 4) Verificar si se han respetado los usos de suelo protegidos

5) Evaluar acciones legales o quejas en caso de identificar omisiones ambientales, como sucedió con el Río San Pedro pues muchas veces la mitigación legal, no se aplica bien.

La clave está en exigir y revisar estudios técnicos, cumplimiento de compromisos y transparencia.

Impactos Ambientales Comunes de las Quintas Campestres (San Joaquín y Edén de los Sabinos)

Sellado del suelo y alteración del ciclo hídrico. La construcción de quintas campestres implica cubrir suelo natural con cemento, asfalto u otras superficies impermeables. Esto reduce la infiltración del agua de lluvia, dificultando la recarga de acuíferos. Incrementa el riesgo de inundaciones y deteriora sistemas hídricos e impide funciones naturales del suelo como filtración, sumidero de CO₂ y soporte biológico.

Pérdida de hábitat y diversidad biológica. La transformación de áreas rurales o naturales en desarrollos residenciales provoca fragmentación y destrucción de ecosistemas así como reducción de biodiversidad y desplazamiento de especies locales.

Expansión urbana dispersa consume más suelo por habitante y reemplaza tierras agrícolas o naturales y la débil planificación genera mayores costos en infraestructura y transporte, además de reducir el capital social (menos interacción comunitaria).

Estos desarrollos (movimiento de tierras, construcción en pendientes) pueden causar erosión, compactación y pérdida de humus con la consecuente disminución de la productividad del suelo es decir su degradación.

Como ejemplo podemos distinguir al fraccionamiento “San Joaquín”, donde, aunque el proyecto presenta un enfoque más sustentable, con vegetación nativa, especies adaptadas y prácticas como compostaje e infraestructura verde, los patrones observados indican una tendencia de riesgos ambientales (afectación en la recarga del acuífero, pérdida de áreas naturales críticas, presión sobre áreas protegidas, y contaminación hídrica).

Otro ejemplo es el “Edén de los Sabinos” en donde además de las problemáticas mencionadas, los habitantes del desarrollo han denunciado ante autoridades desde hace más de dos décadas que no cuentan con servicios esenciales como agua potable tratada, drenaje, alumbrado público, recolección de basura, electricidad adecuada, ni vialidades normadas. El abastecimiento de agua proviene de un pozo agrícola sin tratamiento, lo que genera riesgos para la salud y el entorno.

En cuanto a regularización desde mayo de 2018, se acordó un Programa Parcial de Desarrollo Urbano y Regularización del Edén Los Sabinos, publicado en el Periódico Oficial del Estado. A pesar de ello, no se ha avanzado en regularizar el predio ni en formalizar escrituras, suburbanización ni cumplimiento de compromisos de urbanización, lo que indica gestión poco trasparente.

El desarrollo resalta la presencia y preservación de sabinos milenarios y amplias zonas arboladas como parte central de su atractivo (parques, campo de golf, aviario, incluso un zoológico sin importarles evidentemente la crueldad del cautiverio animal, cuando ridículamente ofrecen el espacio libre como atractivo del fraccionamiento), ofreciendo una imagen de entorno campestre, pero esta narrativa contrasta con el contexto de falta de servicios y posible fragmentación del entorno natural.

Por otro lado, en 2017, se denunció que «El Sabinal» se estaba convirtiendo en un foco de contaminación debido a descargas de excremento animal y de viviendas cercanas, lo cual generaba proliferación de algas que reducen el oxígeno en el agua y provocan la muerte de peces. Se detectó basura como llantas, botellas y plásticos en el cauce, así como animales sueltos, lo que representa un riesgo ambiental y sanitario para familias y animales que frecuentan el lugar. Hoy 2025 el panorama no ha cambiado mucho.

En resumen, estos desarrollos generan alteración del ciclo hídrico afectando la impermeabilización del suelo (cemento, asfalto, albercas) y reduciendo la infiltración de agua pluvial, lo que afecta la recarga de acuíferos y aumenta el riesgo de escurrimientos e inundaciones. Además, el uso de pozos sin una gestión adecuada puede agravar la sobreexplotación ya presente en el Acuífero Ojocaliente- Aguascalientes-Encarnación.

También favorecen la pérdida de vegetación y biodiversidad al destruir la vegetación nativa y reducir la capacidad de sostener fauna local al generar fragmentación de hábitat. Estos desarrollos fomentan una expansión urbana extendida y poco planificada, con mayor consumo de suelo, aumento en demanda de infraestructura y transporte, y menor cohesión social.

A pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes (SEMADESU) ha señalado que no se permitirá la construcción de fraccionamientos que deterioren el medio ambiente y que las autorizaciones deben contar con manifestación de impacto ambiental (MIA), siguen apareciendo fraccionamientos. Solo por mencionar algunos están: Bosque de hierro, Quintas campestres, Ex hacienda Paraíso, Ayralivingcenter, Balandra, San Nicolas Premier, Gran reserva Sabinos o Bosque de las luciérnagas.

Este último (Bosques de las Luciérnagas) es un desarrollo residencial de lujo ubicado en el poniente de Aguascalientes, específicamente en la zona del Río Morcinique. Este proyecto se presenta como una opción exclusiva que combina un entorno natural privilegiado con Club hípico, Casa club, Albercas (social y deportiva), Cancha de pádel, Kids Zone, Gimnasio, Área Zen, Trotapista y amenidades de alto nivel. Del grupo Terranza, el proyecto destaca por su diseño que fusiona la rica cultura mexicana con las nuevas tendencias arquitectónicas, ofreciendo un concepto creativo en un entorno natural y aunque el desarrollo se presenta como comprometido con la sustentabilidad, el impacto ambiental afecta por: Pérdida de vegetación y biodiversidad así como la alteración del ciclo hídrico.

Dependiendo de la ubicación y características del lote, los predios varían en precio.

Así que las denuncias sobre el impacto ambiental no son infundadas y el apoyo a sectores vulnerables y sin acceso a crédito, inexistente, pues dados los precios, los terrenos “privilegiados” que devastan nuestros ecosistemas, pertenecerán a la clase con alto poder adquisitivo.

Intentos de desarrollo en la Sierra Fría

La Sierra Fría fue recategorizada en 2015 como Área Natural Protegida en la categoría de Área Silvestre Estatal, con el objetivo de conservar sus ecosistemas y biodiversidad. Sin embargo, los intentos de desarrollo han puesto a prueba la efectividad de esta protección legal. La resistencia de la sociedad civil ha sido clave para frenar proyectos que amenazan la integridad de esta zona.

Fue en 2022, cuando la administración estatal aprobó un “acuerdo” que liberaba más de 13,000 hectáreas de la Sierra Fría para el «aprovechamiento sustentable de los ecosistemas con conservación». Esta modificación permitió el crecimiento de la zona susceptible a cambios de uso de suelo, lo que generó preocupación por la posible fragmentación del ecosistema.

En abril de 2024, un empresario solicitó a la SEMARNAT permiso para construir un desarrollo ecoturístico en 92.6 hectáreas de la Sierra Fría, cerca de San José de Gracia. Sin embargo, el proceso fue detenido en mayo del mismo año gracias a amparos presentados por activistas y ciudadanos preocupados por el impacto ambiental de este proyecto.

Aunque la Sierra Fría cuenta con estatus de protección legal, los intentos de desarrollo inmobiliario continúan representando una amenaza para su conservación. La vigilancia ciudadana y la acción legal son fundamentales para garantizar que esta área natural siga siendo un patrimonio ecológico para las futuras generaciones.

Impacto sobre especies desplazadas

Así como dentro de los derechos humanos se habla del derecho a la vivienda como un nivel de vida adecuado. De igual forma, los seres animales no humanos, como seres sintientes, deben tener derecho a un lugar donde vivir, sin embargo, al crecer la mancha urbana, invade y desplaza inevitablemente a sus verdaderos habitantes.

El número exacto de especies desplazadas por desarrollos urbanísticos varía mucho según la región, el tipo de ecosistema, la extensión del desarrollo y la biodiversidad local. Sin embargo, algunas estimaciones generales indican que en zonas urbanas que reemplazan bosques o pastizales, según diversos estudios muestran que entre 50 y 200 especies locales pueden verse desplazadas o extinguidas localmente por cada km² desarrollado, dependiendo de la biodiversidad inicial. En Áreas Naturales Protegidas cercanas a ciudades, aun cuando los proyectos sean de pocas hectáreas, esto pueden afectar decenas o centenas de especies al alterar corredores de migración y fuentes de agua.

Los principales factores que afectan el desplazamiento de especies son:

• 1. Tamaño del desarrollo: Grandes fraccionamientos afectan más especies que pequeños desarrollos.
  2. Tipo de hábitat: Ecosistemas ricos en biodiversidad como bosques, humedales o zonas ribereñas son más vulnerables.
  3. Conectividad ecológica: La fragmentación del hábitat impide que las especies se desplacen y reduzca su capacidad de supervivencia.
  4. Movilidad de la especie: Animales con rango territorial amplio (como aves rapaces, mamíferos medianos y grandes) son más afectados.

Algunos ejemplos de desplazamiento.

• • • Aves: Pérdida de nidos y recursos alimenticios. En desarrollos urbanos grandes, se estima que hasta 40-60% de las especies locales de aves pueden abandonar la zona.
    • Mamíferos medianos y pequeños: Mamíferos como zorros, conejos y armadillos son desplazados al perder su hábitat; se estima que 30-70% de la fauna local puede verse afectada dependiendo de la fragmentación.
    • Reptiles y anfibios: Muy sensibles a la pérdida de humedad y cobertura vegetal; pueden desaparecer localmente.
    • Insectos polinizadores: La reducción de flora nativa puede reducir poblaciones hasta en un 80% en áreas urbanizadas densamente.

La pérdida de la vida en la tierra es consecuencia de diversos impactos, que en su mayoría, involucran la actividad del ser humano. La transformación de ecosistemas y su deterioro, la urbanización con la consecuente contaminación son solo algunos de los rostros que tiene la crisis ambiental.

Ante este panorama se puede concluir que la falta de transparencia y simulaciones en las negociaciones para proteger zonas verdes son acuerdos con fines inmobiliarios disfrazados, asimismo las irregularidades en la emisión de permisos sin estudios de impacto ambiental o cambios de uso de suelo correctamente justificados, dejan una gran preocupación ciudadana ante desarrollos que avanzan sin considerar ni preservar la biodiversidad, vegetación autóctona y funciones ecológicas esenciales como la captación de agua y la mitigación de calor urbano.

Por esto es necesario crear “Resistencia ciudadana”. Esperando que esta información sea útil para concientizar y proteger nuestro mermado medio ambiente.

Quedan en el tintero hablar de dos casos emblemáticos en nuestra ciudad por su resistencia ciudadana. La Pona y el Bosque de Cobos.

Ana Romo jaulericavida1@outlook.es