El árbitro diseñado a modo
Cinco perfiles, una reforma inconveniente y la pregunta que el Congreso no quiso hacerse:¿quién fiscalizará al fiscalizador?
El proceso que empezó antes de comenzar
El Congreso del Estado ha cerrado el registro de aspirantes a la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) con cinco perfiles. El resultado formal es correcto: hay una convocatoria, hay plazos, hay nombres. Lo que no hay y eso es lo que importa, es la condición mínima que distingue un proceso de selección de una ratificación con un trámite. En otras palabras, no es un trámite simple si no un ritual de asunción previamente diseñado y ejecutado para favorecer a un destinatario.
Antes de que cualquier aspirante presentara su curriculum, el Congreso ya había cambiado las reglas. El 19 de febrero de 2026, la mayoría panista aprobó una reforma al artículo 27 B de la Constitución local que eliminó el candado que impedía a funcionarios en activo (secretarios, contralores, alcaldes, diputados) aspirar al cargo durante los cuatro años posteriores a su gestión. El argumento oficial fue técnico: aprovechar el talento disponible, evitar requisitos excesivos.
La diputada de Morena Alejandra Peña Curiel fue más directa desde tribuna: «están pavimentando el camino a la impunidad, donde hasta hoy nuestra Constitución exige una veda». El candado existía por una razón que no requiere mucha explicación: impedir que quien gastó el dinero público sea quien revise si lo gastó bien.
La reforma pasó con 19 votos. Morena votó en contra. El Secretario de Gobierno, Antonio Arámbula López, salió a decir que el objetivo no es que fiscalizador y gobierno sean enemigos, sino que puedan «hacer equipo» (es como aceptar que efectivamente en el futbol mexicano el América si hace equipo con los árbitros). Esa frase, pronunciada sin aparente incomodidad, resume el problema mejor que cualquier análisis.
La reforma que ya tenía destinatario
No hace falta especular sobre a quién benefició la reforma. El propio medio LJA lo documentó desde febrero: Juan Pablo Gómez Diosdado, Contralor del Estado desde 2022 y hombre de confianza de la gobernadora, era el perfil al que el nuevo marco le abría la puerta. Sin la reforma, su militancia de 22 años en el PAN y su condición de funcionario activo lo habrían excluido del proceso.
Péndulo Informativo lo planteó con precisión quirúrgica: un funcionario con militancia partidista prolongada, activo en la estructura de poder y beneficiado por una reforma que elimina restricciones clave no llega como árbitro neutral. Llega como parte de una cuota partidista. La fiscalización necesita exactamente lo contrario: distancia, autonomía, apariencia y realidad de imparcialidad.
El propio Diosdado tiene una trayectoria que, vista en conjunto, dibuja a un operador político antes que a un auditor independiente: juez municipal en Calvillo (2008-2010), secretario técnico del Congreso (2010-2013), director de Justicia Municipal en la capital (2014), director del Estado Mayor en Seguridad Pública, director jurídico de la Secretaría de Administración, y finalmente Contralor del Estado desde 2022, cargo al que llegó por invitación directa de la gobernadora.
No se le discute la preparación administrativa. Se le discute la distancia. Y en fiscalización, la distancia no es un accesorio: es la función misma.
Los cinco perfiles: fortalezas y debilidades documentadas
A continuación se presentan los cinco aspirantes registrados con sus antecedentes verificados, sus fortalezas técnicas y los elementos de riesgo que el Congreso debe ponderar antes de la designación.
El déficit de autonomía como problema estructural
Una observación atraviesa los cinco perfiles: cuatro de ellos vienen de la Contraloría del Estado o de estructuras subordinadas al Ejecutivo estatal. El único con experiencia directa dentro del OSFAGS, Hugo Castañón, proviene precisamente del área de auditoría operacional del propio órgano, lo que plantea una pregunta diferente pero igualmente válida: ¿puede garantizarse renovación institucional con un perfil de continuismo interno?
La selección del titular del OSFAGS no es un concurso de méritos técnicos aislados. Es una decisión política con consecuencias sobre la capacidad del Estado para vigilarse a sí mismo. Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta Pública 2024 (deudas millonarias con el ISSSSPEA en varios municipios, irregularidades en ejercicio de recursos, observaciones sin solventar en las once alcaldías), hacen que esta designación tenga peso específico. El próximo titular del OSFAGS deberá decidir si profundiza esas investigaciones o las administra.
Ante ese escenario, la pregunta que el Congreso evitó hacerse en voz alta es la más importante: ¿el perfil que se va a designar tiene incentivos reales para auditar a quienes lo llevaron al cargo? La respuesta, en el caso del aspirante favorito, ya está incorporada en la propia reforma que lo habilitó.
Lo que un proceso legítimo habría requerido
Un proceso de designación creíble para un órgano fiscalizador no requiere perfección. Requiere mínimos verificables: convocatoria con antelación suficiente, requisitos estables que no se modifiquen en vísperas del proceso, participación de aspirantes externos al aparato gobernante, evaluación técnica documentada y mecanismos de impugnación claros.
Este proceso no cumple varios de esos mínimos. La reforma constitucional se aprobó el mismo mes en que concluyó el mandato del anterior titular. Los cinco registrados provienen sin excepción del aparato público estatal o municipal. No existe evidencia pública de que el Congreso haya buscado perfiles externos, académicos, o provenientes del sector privado con experiencia en auditoría.
La diputada Peña Curiel dijo en tribuna que la reforma elimina «la barrera entre quien audita y quien es auditado». Esa descripción no es retórica de oposición. Es la definición exacta del conflicto de interés que la figura del Auditor Superior está diseñada para evitar.
Nota editorial
Este texto no cuestiona la capacidad técnica de ninguno de los cinco aspirantes en lo individual. Cuestiona la arquitectura del proceso: una reforma aprobada con destinatario implícito, un espectro de perfiles que no incluye voces externas al aparato de gobierno, y una mayoría legislativa que confunde comodidad política con fortaleza institucional. El OSFAGS que resulte de este proceso cargará ese origen. Y en fiscalización, como en cualquier función de control, el origen importa tanto como el mandato.
Referencias
El Heraldo de Aguascalientes (22 de marzo de 2026). Van cinco en la carrera por encabezar el OSF. https://www.heraldo.mx/van-cinco-en-la-carrera-por-encabezar-el-osf/
LJA Aguascalientes (19 de febrero de 2026). Aprueban cambios en la designación de titular del OSFAGS. https://www.lja.mx/2026/02/aprueban-cambios-en-la-designacion-de-titular-del-osfags/
Péndulo Informativo (19 de febrero de 2026). Juan Pablo Diosdado y su llegada al OSFAGS: cuando se diseña una ley a modo, el árbitro nace bajo sospecha. https://www.penduloinformativo.com
BI Noticias (19 de febrero de 2026). Aprobará Congreso llegada al OSFAGS de contralores, alcaldes, secretarios de estado, fiscales y otros. https://www.binoticias.com
LJA Aguascalientes (octubre 2022 / febrero 2025). ¿Quién es Juan Pablo Gómez Diosdado, contralor del gobierno de Aguascalientes? https://www.lja.mx
Congreso del Estado de Aguascalientes (19 de febrero de 2026). Boletín Primer Periodo Extraordinario de Sesiones. https://congresoags.gob.mx
