El asalto a la fe pública: cuando el guardia se convierte en ladrón y la IA en su cómplice
Los robos en notarías públicas de Aguascalientes no son delincuencia común. Son un ataque a los documentos que sostienen el patrimonio de miles de familias — y el método revela que alguien con inteligencia operativa está detrás.
Una serie de notas que han ocurrido recientemente, involucran a tres notarías que en menos de una semana han sufrido robo, en los hechos al momento la autoridad dice que se encuentran involucrados dos guardias de seguridad que abren boquetes en las paredes en mitad de la noche. Una llamada telefónica en la que alguien o algo se hace pasar por el jefe y ordena vaciar las cajas fuertes. Si esto parece el guión de una película, es porque la delincuencia en Aguascalientes ya opera con un nivel de sofisticación que la respuesta institucional no ha sabido leer correctamente.
Los ejecutores materiales ya están detenidos. El cerebro operativo, el que suplantó voces mediante inteligencia artificial, sigue sin nombre ni expediente.
LO QUE OCURRIÓ: LOS HECHOS EN ORDEN
El primer golpe fue a la Notaría No. 23, en la calle Andes Apeninos, fraccionamiento Pocitos. Aproximadamente 240 mil pesos extraídos de una caja fuerte, sin violencia visible, sin disparos, sin caos. Trabajo limpio, en el argot de la crónica roja. Trabajo que exige conocer la ubicación exacta del dinero y los tiempos de vigilancia.
La madrugada del 17 de marzo llegó el segundo caso. Dos sujetos que trabajaban para la empresa de seguridad privada LOCSA ingresaron a la Notaría Pública No. 56, propiedad del licenciado Herberto Ortega Jiménez ex Procurador General de Justicia del Estado y ex Secretario de Seguridad Pública, en el fraccionamiento Los Bosques. Los detectó el hijo del notario a través de las cámaras de videovigilancia. Portaban un marro metálico, un desarmador y un teléfono celular en el que, al momento de ser sorprendidos, realizaban una llamada.
Ese celular es la pieza que cambia el análisis. Dos días después, el 19 de marzo, dos guardias del área del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), intentaron lo mismo en las oficinas del Centro de Atención Municipal sobre la avenida Adolfo López Mateos. César «N», de 37 años, y Roberman «N», de 35, ya habían abierto el boquete en la pared cuando fueron detenidos. Su versión: alguien les llamó por teléfono haciéndose pasar por su jefe, les instruyó dónde golpear, cómo acceder a la caja y a quién entregar el dinero. Si no obedecían, sus familias pagarían las consecuencias.
LA VOZ SINTÉTICA COMO ARMA JURÍDICA
Desde la perspectiva del derecho penal, lo que se describe en los casos del CAM y la Notaría No. 56 tiene un nombre técnico preciso: coacción mediante engaño. El Código Penal Federal y los códigos estatales contemplan la extorsión como delito autónomo, pero la figura clásica supone una amenaza directa entre personas identificables. Aquí el esquema es distinto: el coaccionador es una voz generada por inteligencia artificial, reproducida a través de un teléfono, que imita con precisión suficiente a una persona de autoridad para que el ejecutor material obedezca sin cuestionar.
Esto no es ciencia ficción. La tecnología de clonación de voz (voice cloning), lleva años disponible en plataformas de acceso comercial. Con un fragmento de audio de diez a treinta segundos, un sistema de IA puede replicar el timbre, el ritmo y el acento de cualquier persona. El resultado es indistinguible al oído humano, especialmente en una llamada de baja fidelidad desde un celular.
El problema jurídico inmediato: nuestro marco penal aún no tipifica el uso de voz sintética como agravante del delito. El juez tiene que resolver con instrumentos del siglo XX un crimen que opera con tecnología del siglo XXI.
Los guardias detenidos se encuentran en una posición procesalmente ambigua. Son simultáneamente perpetradores del acto material y víctimas de una maniobra de engaño y coacción. El dolo (elemento esencial del delito), es debatible cuando el sujeto actúa bajo la creencia fundada de que está ejecutando una instrucción legítima de su superior. Eso no los exonera automáticamente; la antijuridicidad de la conducta persiste. Pero sí obliga al Ministerio Público a investigar con seriedad la cadena de mando invisible que los instrumentalizó.
NOTARÍAS: NO SE ROBA EFECTIVO, SE ATACA LA SEGURIDAD JURÍDICA
Quien no conoce el funcionamiento de una notaría pública puede pensar que estos robos son equivalentes a asaltar una tienda de conveniencia. No lo son. Una notaría es el nodo donde se protocolizan escrituras de compraventa, poderes notariales, testamentos, contratos de donación, actas de nacimiento y defunción, capitulaciones matrimoniales. Es el lugar donde la voluntad de las personas se convierte en instrumento con valor jurídico pleno ante cualquier autoridad y ante terceros.
La sustracción o destrucción de un protocolo notarial no afecta solo al notario. Afecta a cada ciudadano cuyo contrato, escritura o poder se encontraba en proceso de trámite. Una escritura de compraventa en proceso de inscripción puede quedar en el limbo si el instrumento desaparece. Un poder notarial no entregado puede dejar a una persona sin representación legal en un juicio en curso. Los daños son silenciosos, diferidos y, muchas veces, irreversibles.
Que el blanco sea la Notaría No. 56, la del ex titular de seguridad pública no es un dato menor. Puede ser coincidencia. También puede ser un mensaje. En cualquier caso, es una señal de que quien planificó los ataques conocía la relevancia institucional de los objetivos.
LA SUBCONTRATACIÓN DE LA SEGURIDAD COMO GRIETA ESTRUCTURAL
Los tres casos comparten un factor que el discurso oficial ha ignorado con llamativa discreción: los ejecutores materiales son empleados de empresas de seguridad privada, no delincuentes reclutados en la calle. LOCSA custodiaba la Notaría No. 56. Los guardias del CAM dependían de la estructura del MIAA.
El Estado y el mercado privado que sigue sus esquemas ha construido un modelo en el que la custodia de espacios sensibles se delega en trabajadores mal pagados, con nula protección laboral, sin protocolos de verificación de antecedentes actualizados y completamente vulnerables a la coacción externa. Un guardia que gana entre seis y ocho mil pesos mensuales, con familia, con deudas, con incertidumbre laboral, es el sujeto ideal para una operación de este tipo: útil, prescindible y con acceso al interior.
Desde el derecho laboral, la pregunta que sigue sin responderse es si LOCSA y las empresas contratistas del MIAA cumplían con la obligación de someter a sus trabajadores a verificación de confianza periódica. La Ley Federal del Trabajo y la normativa de seguridad privada del Estado establecen estándares mínimos. Si no se cumplieron, hay responsabilidad solidaria que el Ministerio Público debería explorar.
La culpa no es solo del guardia que obedeció una voz sintética a las dos de la mañana. También es del sistema que lo puso ahí sin protegerlo ni prepararlo.
LO QUE EL GOBIERNO NO HA DICHO
La respuesta oficial de Enrique de la Torre detenciones, coordinación, certeza es la respuesta correcta para un comunicado de prensa. Es insuficiente si la realiza un secretario de pública o fiscal del estado y peor aún para una investigación penal seria. Hay cuatro preguntas que ninguna declaración pública ha respondido hasta ahora:
Primera: ¿Se ha identificado el número telefónico desde el que se realizaron las llamadas a los guardias del CAM y de la Notaría No. 56? Si el teléfono portado en el momento de la detención fue confiscado, su análisis forense debería ser inmediato.
Segunda: ¿Existe un vínculo entre los tres casos? ¿Hay similitudes en el modus operandi que apunten al mismo grupo?
Tercera: ¿Se ha solicitado a las empresas de seguridad privada involucradas la documentación de sus contratos, protocolos de capacitación y registros de verificación de personal?
Cuarta: ¿Está la Fiscalía General del Estado equipada para investigar el uso de inteligencia artificial como herramienta delictiva? Si la respuesta es no, lo urgente no es un comunicado. Es capacitación, tecnología y protocolos que aún no existen. La respuesta va ser que si, habilidad que realmente no se ha demostrado que posean.
LA FE PÚBLICA NO PUEDE SER REHÉN DE LA IMPROVISACIÓN
El notario público es, en la arquitectura jurídica mexicana, un fedatario: un profesional del derecho al que el Estado delega la facultad de dar certeza a los actos jurídicos de los ciudadanos. Cuando una notaría es violada, no se roba a un individuo. Se le roba certeza a la sociedad. Se siembra duda sobre si un contrato firmado hace tres semanas sigue siendo válido, sobre si una escritura en proceso está en algún cajón o en la basura.
Lo que está ocurriendo en Aguascalientes exige más que detenciones de ejecutores. Exige una investigación que siga el hilo de las llamadas hasta su origen. Exige una revisión a fondo del modelo de subcontratación de seguridad en espacios de fe pública. Y exige, sobre todo, que las autoridades admitan que enfrentan una modalidad delictiva para la que aún no tienen respuesta suficiente.
Reconocer el tamaño del problema es el primer paso para resolverlo. Lo contrario —comunicados tranquilizadores que no tranquilizan a nadie— solo le da más tiempo al cerebro de la operación para planificar el siguiente golpe.
