El eufemismo del éxito gubernamental. El vaivén de monarca a víctima.

[bctt tweet=»Por otro lado también es cierto que hubo una disminución de las aportaciones, sin embargo, la entidad recibirá, de ser aprobado, poco más de 9 mil 800 millones de pesos» username=»crisolhoy»]

Solo faltaba un pretexto medianamente creíble para mentir, salirse de ruta y vestirse de víctima. Así lo hace Martín Orozco Sandoval, hasta ahora gobernador de Aguascalientes, quien luego de recular hace unos días ante las fantasiosas declaraciones del senador blanquiazul Antonio Martín del Campo, quién afirmó que “gobernadores panistas analizan la posibilidad de salir del Pacto Federal”; ahora se martiriza ante el anuncio del Gobierno Federal sobre la modificación de los montos distribuibles del gasto federalizado para el próximo 2020, a lo que el mandatario estatal hizo como (como el pueblo dice) que la virgen le habla, para anunciar una subida de impuestos.

A estas alturas no sabemos si el ejecutivo compartía el mismo boquisuelto entusiasmo del senador por declarar el imperio hidrocálido o cualquiera de las formas de estado y gobierno tradicionalmente vinculadas al conservadurismo, luego del abandono de la federación, ya para erigirse por emperador o príncipe, pero su efluvio de vanidad regionalista le valió el suficiente envalentonamiento para anunciar una cascada de incrementos tributarios.

Y es que el manejo informativo que se hizo del dato general sobre la disminución del 0.9% en el monto de las participaciones alentó la victimización del ejecutivo local, aún y cuando en el caso de Aguascalientes, recibirá 0.4% más respecto de 2019, algo así como 380 millones de pesos. Por otro lado también es cierto que hubo una disminución de las aportaciones, sin embargo, la entidad recibirá, de ser aprobado, poco más de 9 mil 800 millones de pesos, es decir, 113 millones de pesos menos que en 2019.

Entidad	2018		2019		variación absoluta		2020		variación absoluta
	ramo 33	ramo 28	ramo 33	ramo 28	ramo 33	ramo 28	ramo 33	ramo 28	ramo 33	ramo 28
	aportaciones	participaciones	aportaciones	participaciones	aportaciones	Participaciones	aportaciones	Participaciones	aportaciones	participaciones
Aguascalientes	9,238.50	8,745.90	9,943.20	9,752.30	704.70	1,006.40	9,829.70	10,136.20	-113.50	383.90	270.40
	17,984.40		19,695.50		1,711.10		19,965.90		270.40		balance relativo

Aun así, Aguascalientes recibirá más de presupuesto federalizado en 2020 que el año anterior por 3 conceptos, ya que también deben sumarse 20.4 millones de diferencia positiva, por concepto de Convenios de Descentralización y Reasignación, cuyo monto total presupuestado al 2020 es de 1,339.6 millones de pesos.^[1]

Recordemos que, “las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de Educación, Salud, Infraestructura básica, Fortalecimiento financiero y seguridad pública, Programas alimenticios y de asistencia social e Infraestructura educativa”.^[2] Asimismo, “las Participaciones a Entidades Federativas o Ramo 28 son los recursos asignados a los estados y los municipios en los términos establecidos por la LCF y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal”,^[3] dice la secretaría de hacienda.

Si bien es cierto que la disminución de participaciones es importante, también es cierto que el total de recursos es mayor. El punto es en qué se pueden gastar. Es decir, Aguascalientes recibe 113 millones menos de presupuesto etiquetado y casi 400 para gastar en lo que “su majestad” quiera.

Lo peor es que en la victimización Estatal, al hacernos creer que Aguascalientes recibe menos dinero, cosa que no es cierta, se aprovecha para suscribir el esbozo de un proyecto de ingresos estatal que incluye una cascada de incrementos tributarios, que entre otras cosas, normaliza la transgresión de una lucha histórica por apoyar la educación.

Me refiero a que nuestro cuasi emperador estatal, que en este arrebato recaudador, pretende legalizar el cobro que por 13 años ha sido ilegal de las tarjetas para obtener la tarifa especial del transporte para estudiantes, entre otras aberraciones fiscales.

La intención explícitamente manifiesta como recaudatoria, pretende cobrar por solicitar y renovar, una identificación que, como se ha dicho hasta el cansancio, debería de proporcionar la autoridad educativa, por un lado, y por el otro, evidentemente no debería de costar. Además recordemos que a estas alturas ya debe de estar lleno de dinero el fondo compuesto por los rubros señalados en las Fracciones I, II y VI del Artículo 48 de la Ley de Movilidad, en cuyo caso dicho presupuesto, perfectamente podría cubrir el costo de las credenciales. Léase, dinero hay.

A estas alturas, los montos, cualesquiera que sean, son lo de menos. Lo que afecta es la incapacidad del mandatario estatal para empatizar sobre una necesidad social, así como para diseñar una política pública que de verdad impacte sobre las condiciones generalizadas y no selectivas de apoyo.

La posibilidad truncada de decenas de miles de jóvenes que cada año deben de renunciar al sueño de terminar su educación formal se incrementa irremediablemente con el absurdo tributario aplicado a este rubro.

Y justo en ese punto, ¿por qué es en estos momentos que a “los grandes perfiles empresariales” (que dicen abundan en el colectivo secretarial del ejecutivo), se les acaba su creatividad emprendedora para allegarse recursos? ¿Por qué justo ahora es cuando deciden resolver su supuesta “carencia” con el simplismo recaudatorio? ¿Acaso no han acumulado ya la experiencia para innovar en otras posibilidades que ofrezcan a la hacienda una alforja nueva y rebosante? Independientemente de sus múltiples virtudes, en lo que va del sexenio, nadie hace algo por innovar en materia fiscal o recaudatoria.

El éxito cualquier administración pública radica siempre en la administración del cero. No puedes tener excedentes porque seguramente hay carencias que debes subsanar, así como tampoco puedes tener déficit porque las necesidades se harán manifiestas. En razón de esos parámetros es evidente que la del estado es una administración fallida o en ruta a ello.

El arbitrio de una imposición debe estar siempre motivada y fundamentada en la ley, en cuyo caso además, debe proveer un objetivo de bienestar al pueblo, que es, al final de cuentas, el supuesto jurídico que pretexta la existencia de cualquier estado democrático. Lo contrario sólo puede corresponder a la vanidad y capricho de quién antepone un proyecto personal cuyos beneficios no se socializan a la colectividad y cuyas consecuencias, principalmente negativas por su falta de consenso, se endosan a los ciudadanos. Quienes actúan de esa forma gobernaron antes de la Ilustración y fueron derrocados por su incapacidad de resolver los asuntos públicos. Quienes actúan hoy así, fomentando posturas elitistas en la sociedad que gobiernan, sólo se descubren por entero mentirosos, que con su habitual placer por el embuste, antaño recaudaron la confianza popular, para hoy continuar desde el poder ofreciendo remedos apuntalados en la falsedad que los caracteriza.