El obispo en la sala de espera del IMSS

El domingo 23 de marzo, para no variar el obispo Juan Espinoza Jiménez convirtió nuevamente sus homilías en un acto político coordinado. El presbiterio de la Diócesis de Aguascalientes ordenó leer de manera unificada en todos los templos del estado un texto que reprueba la implementación de la interrupción legal del embarazo (ILE) en el IMSS local. La acción fue presentada como defensa de la vida. En los hechos, es una intervención institucional de la Iglesia en el funcionamiento de un servicio de salud pública ordenado por el Poder Judicial federal.

Conviene separar los hechos antes de entrar al análisis.

Lo que ocurrió y por qué

El pasado 18 de marzo, el IMSS distribuyó entre su personal la Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo. El documento no nació de una decisión discrecional del director general ni de ningún funcionario local: es el resultado directo de tres sentencias de amparo promovidas por 15 organizaciones feministas de al menos siete entidades del país. El IMSS tenía que cumplirlas.

Para Aguascalientes, la institución designó al Hospital General de Zona número 3, ubicado en Jesús María, como la unidad autorizada. Trabajadores de ese hospital confirmaron que la ILE ya se practicaba ahí desde 2024, aunque el secretario general de la Sección 21 del IMSS dijo no tener conocimiento de interrupciones anteriores a la guía. El dato importa porque desmonta la narrativa de una novedad radical: el servicio existía antes de que el obispo lo descubriera, o simplente hasta ahora el obispo se comienza a interesar por lo que en su comunidad.

Hay además un dato que el debate local suele pasar por alto: Aguascalientes despenalizó el aborto electivo en diciembre de 2023, en un congreso dominado por panistas, siendo la duodécima entidad del país en hacerlo. El plazo que aprobó el Congreso local seis semanas es el más corto de todos los estados que han legislado en la materia, pero la despenalización existe. El obispo impugna, desde el púlpito, un servicio que el propio sistema jurídico estatal reconoce como lícito.

Lo que dijo el obispo y cómo lo dijo

Espinoza Jiménez calificó al aborto, en cualquier circunstancia, como un «desorden moral grave en cuanto eliminación deliberada de un ser humano inocente«. Señaló que las propuestas en favor de la ILE «resquebrajan los fundamentos mismos de la convivencia«. Añadió que la defensa de la vida no es una cuestión religiosa sino «una exigencia profundamente humana y ética«.

Esta última afirmación merece atención. Cuando un obispo dice que su posición no es religiosa, lo que hace es reclamar autoridad universal para un argumento que emana de una institución confesional. No es un argumento filosófico libre: está enunciado desde la jerarquía católica, se transmite en el ritual de la misa, y se coordina para que suene en todos los templos el mismo domingo. Eso no es deliberación pública; es despliegue institucional.

El contexto inmediato no fue solamente la guía técnica del IMSS. Diez días antes, Denisse Dresser había visitado Aguascalientes para hablar sobre derechos reproductivos. La homilía fue, en parte, una respuesta directa a esa presencia. El obispo nombró el debate, tomó posición ante él, y lo hizo desde el espacio litúrgico. Es difícil llamar a eso pastoral.

El patrón que esto confirma

No es la primera vez. Espinoza Jiménez tiene un historial documentado de pronunciamientos sobre asuntos que involucran decisiones del Estado: elecciones, legislación, política educativa. Cada vez, el argumento es el mismo: no hablo como obispo sino como persona moral y cada vez el vehículo es el mismo: la estructura diocesana, el tiempo litúrgico, la autoridad pastoral.

El problema institucional no es que el obispo tenga opinión. Es que la ejerce con los recursos de una institución que tiene presencia territorial en todo el estado, acceso garantizado a una audiencia cautiva cada domingo, y una jerarquía que permite coordinar mensajes simultáneos en decenas de templos. Ningún medio de comunicación, ningún partido político, ningún gremio académico tiene ese alcance operativo.

La Constitución prohíbe a los ministros de culto hacer proselitismo político. El artículo 130 es claro. Pero la frontera entre magisterio moral y presión política se difumina deliberadamente cada vez que una jerarquía eclesiástica toma posición sobre decisiones del Estado y las presenta como dictado de conciencia universal. El efecto práctico es el mismo: presión organizada sobre instituciones civiles.

Lo que el IMSS no puede negociar

El IMSS no puede desacatar las sentencias de amparo que ordenaron implementar la guía técnica. Tampoco puede ignorarlas porque un obispo las considera contrarias a la ética. El Poder Judicial federal no falla con base en el magisterio de la Iglesia. Este es el principio básico del Estado laico que al menos en la letra constitucional, México adoptó hace más de siglo y medio.

Los trabajadores del sector salud tienen reconocida la objeción de conciencia con limitaciones, como ya se ha visto recientemente, en este caso para no practicar interrupciones de embarazo. Eso está en la ley. Pero la objeción de conciencia es un derecho individual, no institucional. El hospital no puede objetar; el médico, sí. La distinción importa porque es la que garantiza que el servicio exista aunque alguien particular no quiera prestarlo.

El obispo tiene todo el derecho de opinar sobre política de salud. Lo que no debería hacer es presentar esa opinión como si tuviera autoridad para limitar el cumplimiento de resoluciones judiciales. Ni la tiene ni debería tenerla.

Una pregunta que queda abierta

Aguascalientes va a tener elecciones en 2027. El terreno político ya se mueve. Los posicionamientos del obispo sobre temas de alta carga moral y electoral no ocurren en el vacío: ocurren en un estado donde la Iglesia ha sido históricamente un actor con peso electoral comprobado y donde ningún candidato serio se permite ignorar su señal.

La pregunta que vale la pena hacerse no es si el obispo tiene razón o no sobre el aborto. Eso lo discute cada quien con su propia conciencia. La pregunta es más sencilla y más incómoda: ¿quién rinde cuentas cuando una institución religiosa usa su infraestructura para presionar sobre decisiones civiles del Estado, y lo hace de manera coordinada, reiterada y estratégicamente cronometrada?

Por ahora, nadie.