El pensamiento liberal (2)

El pensamiento liberal (2)

Intereses económicos e ideas laicas confluyeron en el cuestionamiento al Estado absolutista. La nueva clase comercial y banquera exigió la eliminación de la arbitrariedad del monarca no únicamente en materia fiscal, sino, más contundente, las ideas liberales en economía y política fueron argumentos del capitalismo naciente con el afán de condenar o impedir la intromisión del Estado “en el libre juego del mercado”. Pretendía así presentarse como “un estado natural o como una sociedad civil basada en contratos privados”.

La “revolución puritana” (mal llamada así, según Touchard, ya que esa apariencia religiosa oculta la realidad de causas sociales y económicas), en Inglaterra fue el resultado de la concurrencia de intereses y tendencias contrapuestas, como “1) juristas defensores de las libertades tradicionales, 2) medios parlamentarios interesados en la defensa de sus privilegios, 3) las nuevas capas sociales capitalistas deseosas de orden y paz”. Touchard destaca que no existía en Inglaterra una teoría revolucionaria. “La primera revolución inglesa es el fruto de circunstancias económicas y sociales, no de una maduración doctrinal. La doctrina sigue a la revolución”.

El enfoque teórico liberal, propuesto inicialmente por Locke, acepta el pacto de creación de la sociedad propuesto por Hobbes, como la expresión originaria de la voluntad de los individuos. Así que, prosigue, si éstos crearon el pacto también tienen el derecho de modificarlo y, por tanto, en vez de ceder su voluntad a un poder soberano absoluto, recuperan su voluntad a fin de erigir un poder político controlado por los ciudadanos y por la ley, a cuyo mandato también debe someterse todo otro poder social o político. Cabe advertir, una vez más, que en los siglos 17 y 18, la condición ciudadana, estaba restringida a la fortuna económica o a la condición aristocrática. La imperfección del individualismo liberal radica en que su propósito nunca fue el bien de la colectividad sino del propietario.

La libertad de conciencia, que surge tanto del Renacimiento como de la Reforma protestante y se consolida en La Ilustración, se opone a toda injerencia externa ya sea el Estado o la Iglesia. El centro es la idea del ciudadano libre con derechos propios que no derivan del origen (aristocracia) ni de las prerrogativas otorgadas por el monarca. La propiedad, en cambio, (pero no el trabajo) conlleva privilegios. De tal manera, se asumen los derechos “naturales” como consustanciales a la condición humana: la vida, integridad física, libertad de conciencia y propiedad. Las leyes, por tanto, deben responder a estos derechos y no a la voluntad del gobernante.

El liberalismo económico postula “la maximización de la felicidad”, la cual “depende de que cada uno busque libremente su propia felicidad”. Esta ideologización del liberalismo, “descuida con frecuencia los costos que esto entraña en términos de libertades civiles y ha olvidado que el fin de la felicidad ha sido precisamente la finalidad de los Estados absolutos” (Matteucci) [así como de los gobiernos “populistas”, ya sean de ropaje “derechista” o maquillaje “izquierdista”].

Consolidado el Estado burgués en el siglo 19 aplicó con todas sus consecuencias el liberalismo económico, “teorías y de prácticas al servicio de la alta burguesía y que, en gran medida eran consecuencia de la revolución industrial. Desde el punto de vista de la práctica, el liberalismo económico significó la no intervención del Estado en las cuestiones sociales, financieras y empresariales. A nivel técnico supuso un intento de explicar y justificar el fenómeno de la industrialización y sus más inmediatas consecuencias: el gran capitalismo y las penurias de las clases trabajadoras”. (Felipe Pigna) Además, pero no en lugar de, se pugna por “conciliar libertad económica y justicia social … como problema práctico [también ético] de correspondencia de los medios con los fines”.

Redujo la función del Estado a la represión cada que fuese necesaria, dejando al libre arbitrio, sin regulaciones jurídicas, el conflicto empresarios-trabadores o terratenientes-campesinos, o la competencia entre empresas en lo nacional o incluso en lo supranacional. Esto último impuso al Estado capitalista la condición permanente de guerra de expansión para resolver las pugnas con otras potencias, además de los fines de conquista, sumisión y explotación de recursos naturales y fuerza de trabajo de las naciones sometidas. Ello llevó a premiar al “mejor”, que no era sino el más fuerte (o el más hábil o audaz para eliminar competidores y controlar fuerza de trabajo).

El colonialismo asumió así otra forma histórica: el militarismo (Rosa Luxemburgo), el cual se evidencia en más de 170 guerras desde 1945. Hoy día “entre guerras civiles, étnicas, territoriales se cuenta un total de 76 escenarios bélicos” (Marcos Roitman: La Jornada/16-7-2022). Es una “fuga hacia adelante” ante las crisis del sistema y la disminución de la rentabilidad industrial-comercial. Ello facilita la supervivencia del sistema social capitalista a nivel global. Es el negocio de financiar guerras para destruir y luego reconstruir. Prevalece la especulación financiera o financierista (como le llaman algunos especialistas)

Hacia el interior del Estado, ante el conflicto social y clasista, ha ajustado el andamiaje jurídico para proteger libertades y derechos de unas y otras clases, mediante el arbitrio (controversias civiles, comerciales, laborales y, especialmente, normas bajo el principio de todo aquello que beneficie a la persona, esto último no es válido en todos los países). Esta pugna histórica ha representado fases tanto de avance como de abierto retroceso en los derechos humanos, sociales y culturales. Pero no ha concluido. Debate y contienda están vigentes.

 

Jorge Varona Rodríguez

Ex Presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de Aguascalientes

Jorge Varona Rodríguez

Ex Presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de Aguascalientes

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