La realidad y la fantasía desde la transición
La ciudad de México sigue siendo el centro neurálgico del país. En una rápida visita, en la lógica del contraste entre el congreso extraordinario de MORENA realizado hace un par de semanas y las actividades de los habitantes comunes y corrientes que afrontan las vicisitudes más diversas, en esa y otras latitudes del territorio nacional, se vislumbran las distancias propias del inmenso reto de lo que se plantea como la 4ª. Transformación, desde el deportivo Azcapotzalco, sede del masivo evento.
A la vista resaltan los enormes rezagos citadinos en materia de transporte, seguridad, agua, medio ambiente; el nulo mantenimiento de lo público, que los llenos a toda hora no dejan de constatar incluso en un día de descanso. Un sinnúmero de detalles que apenas se aprecian a contrarreloj en el diario trajín de la vida metropolitana.
La multitud de morenistas concentrados en el deportivo (muchos desafortunadamente disfrutando del turismo político) decidió a regañadientes postergar, una reforma estatutaria que, en lo general, retrasará la confrontación dentro del instituto político por el control de todas sus dirigencias, dándole preferencia a las múltiples tareas de la puesta en marcha del proyecto alternativo de nación.
La decisión es estratégica. El de Macuspana apenas hace unos días confirmo la estructura de 32 coordinadores estatales y 264 regionales, cuya razón de ser es operacionalizar y fiscalizar el abanico de programas de las dependencias de la federación. Un reto que se vuelve ambiciosamente mayúsculo si se piensa en que estas nuevas figuras serán las responsables de actualizar los diversos padrones de beneficiarios mediante la elaboración de un censo programado para ofrecer resultados desde el mismo primero de diciembre.
Si se piensa 2 veces, el asunto no es menor. El INEGI realiza el censo nacional de población y vivienda cada 10 años. Evento que se realiza a los largo de meses y, prácticamente luego de un año de tratamiento de la información, se ofrecen los resultados estadísticos. No se diga el caso del censo económico o el agropecuario. El punto es que la información más fidedigna que poseen las instituciones obligadas a generarla está desfasada por 5 o 10 años, y en México, aún no existe un sistema de información y homologación informática intragubernamental, que esencialmente trabaje transversalmente en todas las dependencias. Además en muchos casos, la información ha sido usada selectivamente como un mecanismo de favoritismo político y electoral. Por ello no se puede afirmar la confiabilidad de los actuales padrones de beneficiarios de los programas sociales. Por su parte, la intensión de López Obrador es universalizar el servicio que presta el gobierno y detectar las personas susceptibles de recibir esos apoyos, principalmente ancianos, jóvenes, discapacitados y mujeres en vulnerabilidad.
Una terea titánica
Los «censores» más experimentados saben que cualquier ejercicio de esa naturaleza implica un aparato de trabajo altamente capacitado y profesionalizado, así como un cuestionario bien definido por una metodología que permita generar una imagen fidedigna de la realidad y datos homogeneizados y estandarizados para su posterior análisis. Ello significa instrumentos validados que exploran diferentes elementos clave para recoger información lo más precisa posible. En 2010 el INEGI presupuestó 4,810 millones de pesos, ocupando 106 mil censores y más de 14 mil especialistas para el tratamiento de la información del censo de población y vivienda.
Asimismo los llamados cuestionarios únicos de información socioeconómica, conocidos como CUIS, que son el instrumento base para determinar la susceptibilidad de recibir un apoyo gubernamental, incluye 95 reactivos clave para el levantamiento de datos que se termina en poco más de 60 minutos para los entrevistadores más expertos. Sin embargo, en la lógica de la universalización de los programas dentro de la 4ª. República, la idea es que todos tengan acceso, por lo que se espera que las preguntas se simplifiquen. Desafortunadamente, el problema subsiste en 2 elementos: el tiempo del levantamiento y el manejo de los datos.
La sistematización es clave para el correcto manejo de la información. Clave también resulta para la encomienda la experiencia del otrora jefe de gobierno de la ahora CDMX en la realización de esta tarea. Sin embargo, las condiciones son exponencialmente distintas. Hasta donde se sabe participaran un estimado de 6,000 personas en el levantamiento, no todas con experiencia afín y con una formación heterogénea. Asimismo la metodología, instrumentos y las herramientas para el levantamiento están en desarrollo.
Quien entiende de estos menesteres, sabe que por muy poco tiempo que se utilice para levantar un caso en campo, con escasas preguntas cerradas y condicionadas, implica al menos 10 minutos. En estricto sentido, podemos estimar 288,000 casos levantados por días de 8 horas de trabajo si se considera la plantilla de 6 mil trabajando, suponiendo que haya en cada casa respuestas afirmativas. Parece prometedor, estimando que a ese ritmo en 90 días de trabajo se levantarían 25,920,000 casos; es decir 1/5 de la población del país como inicio de esta enorme política social. Sin embargo, no es tan sencillo como parece.
Tiempos violentos
En casos como este, estimar puede ser por entero fantástico cuando se contrasta con la realidad.
Karina es una mujer madre de dos hijos que vive en un lugar cerca de Toluca, Estado de México. Trabaja en una lonchería los fines de semana con el sueldo mínimo, a unas de calles de la casa de transición de AMLO. Usa el transporte público para ir y venir (allí me la topé) debido a que recientemente tuvo un accidente automovilístico que dejó en el corralón su pequeño auto. No recibe pensión alimenticia para sus hijos y deberá enfrentarse en los próximos días al MP para que le permitan sacar su carro del corralón, y luego, pasar el viacrucis del mecánico que pueda repararlo. Entre semana vende lo que puede: cosméticos, perfumes y cualquier cosa idónea de mercar. A su dicho, le va mejor en las ventas porque deja más dinero y puede ver a sus críos, pero el empleo lo necesita por la seguridad social, que finalmente le permitió adquirir el actual departamento que paga como vivienda propia. Mientras platica de cómo lo obtuvo bajo muchos trámites y esfuerzos, sus ojos se vuelven soles cuando en su boca aparecen sus hijos y el apoyo de sus familiares para los cuidados.
Ella es una de las miles de mujeres que vive en condiciones “irregulares” de un horario empresarial bien remunerado o de la burocracia. Sus actividades por entero económicas y familiares minimizan el tiempo de su estancia en la vivienda. En los días de asueto ella labora y los demás por igual a cuando su corazón puede desprenderse de los suyos o cuando la necesidad obliga. Ergo, su probabilidad de ser incluida en el censo es baja por no decir poco factible. Entonces, ¿qué retos estratégicos merecerán la pena ser previstos como parte del plan de acción para los levantamientos? ¿Cómo se resolverán? ¿Con qué herramientas contarán los equipos de trabajo para evitar duplicidades o ausencias en el tratamiento de la información? Finalmente, ¿cuánto tiempo llevará arrancar y cuánto tener un padrón confiable?
Por lo visto, es mucha la esperanza, poco el tiempo, en medio de un mar de dificultades. Esperemos que en la medida en que avance el censo, favorables sean los resultados. Por lo pronto, todos atentos a colaborar con lo que sea posible.
[amazon_link asins=’B00ZOQU0IC,6079783746,607071055X,607074053X,6073123124′ template=’ProductCarousel’ store=’200992-20′ marketplace=’MX’ link_id=’7bc429b4-c449-11e8-98f8-a14eaf0d698a’]
