La UAA ¿entre el modelo proempresarial y el modelo generador de ciencia y pensamiento crítico?

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) tiene una mujer como rectora y tomó posesión en medio de críticas a su antecesor por seguir la inercia de imponer a su candidato(a). La Junta de Gobierno de la institución legitimó el proceso y eligió a Sandra Yesenia Pinzón Castro, doctora en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Llamó la atención que en las elecciones ocupara el segundo lugar José Luis Quintanar Stephano, doctor en Neurociencias por el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Alicante, España, al tener una gran aceptación entre los estudiantes y profesores, no obstante que tuvo que darse a conocer y hacer campaña a contra corriente y en piso disparejo.

Al ver la trayectoria de ambas personas, recordé el debate sobre el rumbo de las universidades mexicanas, en el contexto de una globalización que promueve la competencia en el mundo del mercado. En este espacio quiero presentar algunos rasgos de este debate, desde luego, no hay una dicotomía de negro y blanco en la pregunta del título, la realidad es mucho más compleja, pero vale como invitación al lector para reflexionar sobre el futuro mediato de la UAA y, en general, de las universidades públicas y autónomas del país.  

Problemática de las universidades públicas

Las universidades en los países en desarrollo comparten rasgos comunes, como son la expansión masiva de la demanda; la falta de apoyos gubernamentales; la planeación deficiente; la infraestructura y equipos obsoletos; la proliferación de instituciones privadas de dudosa calidad que desplazan a las públicas; la desvinculación entre la formación universitaria y los requerimientos de los sectores productivo, público y social; la escasa investigación de excelencia y, entre otros, la burocratización de las funciones sustantivas. De allí que algunas instancias nacionales e internacionales le estén apostando a una cultura del orden y la eficiencia, bajo el supuesto de que también las instituciones de educación superior (IES) son empresas que requieren normas para “ofertar” mejores servicios (actividades de enseñanza, investigación y extensión) y, con ello, satisfacer eficiente y eficazmente a los “clientes” (estudiantes, padres de familia y empleadores).

En México, la tendencia hacia la “modernización” de las universidades se aceleró a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Entonces, hubo cuestionamientos sobre el rumbo que debían seguir las universidades públicas del país. El investigador educativo Pablo Latapí, por ejemplo, dio la bienvenida a la apertura, el intercambio, el impulso a la investigación y a la docencia de calidad; pero, al mismo tiempo, hizo advertencias, una de ellas era prever la tendencia a colocar a las IES como insumos en el gran designio económico decidido por la racionalidad del gran capital, dejando de lado la vieja idea de “la universidad como una comunidad de académicos en busca de la verdad, espacio de disidencia, compromiso desinteresado con el conocimiento e instancia crítica del acontecer social”.

Estudios vinculados a la UNESCO reconocen ahora que la educación superior se ha convertido en una empresa muy competitiva, pues en muchos países los estudiantes deben enfrentarse entre sí para tener un lugar en las universidades, sobre todo en instituciones de prestigio y calidad. También señalan que las propias IES compiten por estatus y tener un buen lugar en el ranking de instituciones, así como por apoyos del gobierno y/o del sector privado. Desde esta perspectiva, se concluye que la competencia puede ser una fuerza en el mundo académico y ayuda a tener excelencia, pero también puede socavar el sentido de comunidad académica y mermar su misión y sus valores tradicionales.

En este afán regulador, la evaluación se ha convertido en un requisito de trabajo, porque tiene no sólo la finalidad de diagnosticar las “fortalezas y debilidades” de las instituciones, sino también de clasificarlas, acreditarlas y actuar de acuerdo a los niveles y puntajes obtenidos. Según Scheerens, Glass y Thomas, las funciones principales de la evaluación son: la certificación y acreditación, la rendición de cuentas y el aprendizaje de la organización, las cuales valen para las instituciones educativas.

Como se sabe, uno de estos mecanismos de evaluación es la International Organization for Standardization (ISO) 9000, que no es otra cosa sino la aplicación de un conjunto de normas sobre calidad y gestión, establecidas por un organismo calificador externo. Según sus impulsores, dichas normas se pueden aplicar a cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios, y que incluye, por consiguiente, a las universidades. El ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera, sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.

Sin negar sus ventajas, las experiencias evaluativas con estos bases y parámetros siguen siendo cuestionadas, incluso por quienes las impulsan, como lo reconoció el exsubsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el país, Rodolfo Tuirán, al señalar que dichas evaluaciones no están libres de valores y criterios subjetivos de quienes evalúan, pues se realizan en el marco de un debate ideológico y político sobre el rumbo que deben seguir dichas instituciones educativas.

De un ethos de aprendizaje a un ethos que administra

La crítica a este tipo de procesos es aguda entre no pocos educadores, pues para quienes hemos trabajado en una universidad pública y autónoma por muchos años, este sistema suele ser superficial e incluso perjudicial, pues, más allá de sus altos costos, las universidades entran en una dinámica con rasgos perversos y absurdos que subordinan las tareas fundamentales de la universidad a funciones burocráticas. Es así que aparecen actividades secundarias, como las de apoyo administrativo, que se convierten en prioritarias e impiden la realización de otras actividades que sí son relevantes, como la generación y trasmisión de conocimientos nuevos y la formación de personas con sentido crítico, incluso rebelde, capaces de hacer frente a una sociedad violenta, que no ha tenido la prosperidad prometida.

Desde esta perspectiva, somos muchos los que cuestionamos el sentido burocratizante, político y de mercantilización que se le quiere dar a la educación superior. Llama la atención, por ejemplo, el cuestionamiento de Miguel A. Escotet, integrante del Consejo Consultivo de la UNESCO, quien señala que el ethos académico de las universidades se ha modificado en algunos aspectos. Al principio, nos dice el autor, en las universidades había más flexibilidad y los estudiantes eran el centro de las actividades educativas, como en la universidad de Bolonia, de tal manera que se puede hablar de un ethos de aprendizaje, que luego pasó a un ethos de enseñanza, centrado en quienes tenían la “facultad” de enseñar, es decir los profesores. Pero la universidad de hoy –afirma- está dando paso a un ethos que administra, con una buena dosis de autoritarismo.

Burton Clark, por su parte, señala que en esta tendencia un grupo de administradores va controlando el gobierno de las universidades, separado de investigadores, docentes y estudiantes, es decir, de quienes hacen la función académica. En un afán de mejorar los servicios, este grupo crea muchos reglamentos y un conjunto de escalones administrativos en una interminable búsqueda de coordinación, lógica y orden. Por tanto, se contrata a más personal administrativo y los académicos son reemplazados en la toma de decisiones por burócratas profesionales de tiempo completo, que no comprenden cuando se les habla del mundo de la generación y transmisión de conocimientos nuevos.

En universidades latinoamericanas, podemos decir nosotros, los administradores no son profesionales de la educación sino personas que van posicionándose con los años y llegan a controlar las instituciones y a tener posiciones políticas, con la consecuente obtención de privilegios. Ellos son gerentes con visión empresarial y la administración y la planeación de ser un medio se convierte en un fin. Bien lo señaló el historiador Lorenzo Meyer, refiriéndose al caso mexicano: a diferencia de universidades de calidad en otras partes del mundo, en nuestro país, “se premia la distancia entre académicos y administradores, de ahí que el estilo de gobernar y decidir en esos espacios sea dominantemente burocrático”.

La generación de conocimiento científico amenazada

En materia de desarrollo tecnológico e investigación científica, la crítica es igualmente aguda, pues las IES no están produciendo conocimientos nuevos como se espera de ellas. Además, en algunas instituciones la tendencia es a que los investigadores trabajen subordinados no a criterios científicos y tecnológicos, sino a intereses empresariales y políticos.

No pocas autoridades de gobierno solo manejan en el discurso la importancia de la ciencia, pero no actúan bajo la premisa de que lo que distingue al mundo moderno es la relevancia que la investigación científica y el desarrollo tecnológico han adquirido en la vida económica, social y cultural de las sociedades contemporáneas. Sabemos que aquellos países que cuentan con un mayor nivel de desarrollo económico y bienestar social son los que, de manera sostenida, han invertido mayores recursos humanos y financieros no sólo en el desarrollo directo de la ciencia y la tecnología, sino también en la conformación de una auténtica cultura científica y tecnológica entre la población.

Junto a la reivindicación de la ciencia, también se cuestiona el escaso involucramiento de las IES en la solución de los graves problemas del país, que pueden caracterizarse como una sociedad profundamente dividida, desgastada y agraviada por muchas dificultades económicas, una débil democracia y una descomposición social vinculada al narcotráfico y la inseguridad pública. Las autoridades educativas tendrían que tener claro los retos que hace años una Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO señaló: las IES deben “centrarse aún más en los aspectos interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la paz y el bienestar, así como a hacer realidad los derechos humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos”.

Por todo esto, urge recuperar y revalorar el humanismo crítico, incluso disidente, que las universidades públicas han tenido por muchos años y adecuarlo a las nuevas circunstancias. Más aún, frente al antropocentrismo del humanismo, también urge establecer nuevos paradigmas que involucren una visión global de convivencia entre los seres humanos y de éstos con la naturaleza. Vale considerar la Carta de la Tierra para decir que las IES, especialmente las universidades públicas y autónomas, deben asumir el compromiso de “unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz”.

Habrá que volver a la vieja idea de que la Universidad, con mayúscula, la hace la comunidad de académicos, es decir profesores, investigadores y estudiantes, y no la burocracia institucional, líderes políticos o agentes gubernamentales. Las universidades, como “cajas de resonancia” de los procesos y conflictos en la sociedad, deben estar atentas a lo que ocurre a su alrededor. Es por ello que también es imprescindible analizar y trabajar a favor de un nuevo proyecto de sociedad.

Se trata de recuperar o renovar idearios filosóficos en las instituciones educativas, concibiendo a los estudiantes como personas integrales y no como “clientes”, y a los docentes e investigadores como protagonistas de cambio y no como meros operarios. De aquí el reto de fomentar valores o virtudes públicas, es decir, sujetos sensibles y responsables, conocedores de la realidad que vive la colectividad y solidarios y comprometido en la solución de sus necesidades.

Hacia una genuina revolución educativa

A modo de conclusión, es importante y necesario recuperar en las universidades públicas y autónomas el objetivo de impulsar la generación y transmisión de conocimientos nuevos y ese espíritu de búsqueda constante y de libertad de pensamiento para analizar críticamente nuestra realidad, denunciar males sociales y construir mejores alternativas que no sólo resuelvan problemas y rezagos, que ya es mucho, sino que también generen las mejores condiciones para la felicidad, lo que quiera entenderse por ella.

Por todo esto, se requiere de una “genuina revolución educativa”. Las universidades públicas requieren modernizarse, a la vez que recuperar sus raíces. A estas instituciones de educación superior se les debe otorgar de nuevo la nobleza y generosidad de miras que la caracterizaron en varias etapas de la historia: en la impronta estudiantil de la Universidad de Boloña, en el espíritu laico y liberal de la universidad francesa en el siglo XVIII, en el imperativo científico y tecnológico que ofreció la reforma universitaria alemana, en el vanguardismo de las instituciones norteamericanas y, particularmente, en la rebeldía estudiantil en Córdoba, Argentina, que buscó hacer que la universidad latinoamericana iniciara el siglo XX vinculada, desde la autonomía y la libertad de pensamiento, a una sociedad que requería –y requiere- de los beneficios del conocimiento científico y las nuevas ideas de justicia y democracia que circulaban -y circulan- por todo el mundo.