La vida en rosa: Presupuestos

Presupuestos

[bctt tweet=»al poder del Estado, mediante el cobro de favores, componendas o “concertacesiones”, de manera que, independientemente de su cargo o encargo, su espectro de poder se vio diseminado a través de múltiples formas que fácilmente englobamos en una sola categoría: privilegios.» username=»crisolhoy»]

La lógica de la actividad capitalista genera concentración en todos sentidos y generalmente en dirección de una sola clase social, la burguesía. Esta máxima replica sus efectos en diversos ámbitos, pero se acentúa en aquellos quienes también se vinculan con el poder.

Y es que aparte de poder económico, quien está (o estuvo) vinculado al gobierno, durante todo el priato y los 3 sexenios de alternancia política en México, por lo general amasó fortuna, y en algunos casos, inmensas fortunas, mediante la corrupción y el ejercicio de funciones (inherentes o no) al poder del Estado, mediante el cobro de favores, componendas o “concertacesiones”, de manera que, independientemente de su cargo o encargo, su espectro de poder se vio diseminado a través de múltiples formas que fácilmente englobamos en una sola categoría: privilegios.

Desde la permanencia laboral y sus beneficios nominales, muchos de ellos superlativos en comparación con la demás clase trabajadora, hasta la posibilidad de hacer negocios multimillonarios mediante el manejo de información privilegiada o su poder de decisión; altos funcionarios, representantes populares y más recientemente sabido, el poder judicial hicieron de las suyas a manos llenas.

Destaca el caso del poder judicial porque prácticamente por más de 80 años su perfil fue relativamente bajo y en muchos casos fue el freno que evitó el desborde de diversas fuerzas, ya políticas o económicas y su participación, aparentemente marginal, encausó los más diversos asuntos “prioritarios”. Sin embargo, su saldo frente al pueblo, a la causa “común”, a los delitos donde se involucró el narco y más recientemente, los asuntos desde la trinchera electoral, hicieron que el poder judicial pasara a una exposición que no había tenido antes, a exhibir sus intrincadas formas de corrupción, tanto interna como externa.

Jueces a modo, resoluciones y sentencias inverosímiles, argumentos descabellados o poco fiables, notoria predilección por el poder y los poderosos, ya ricos o políticos, ineficiencias procedimentales, retrasos, extravíos, capturas fallidas y un mórbido nepotismo que engrosa por doquier la nómina en todos los niveles y estados, incluso, concursos abiertamente selectivos a modo; son sólo algunos de los saldos que se fueron acumulando a lo largo de los años, de manera que el retraso y la dirección de la justicia en el país ha tenido una trayectoria distinta, si no es que opuesta, al beneficio constitucional que se consagra en el art. 39 de la carta magna.

Así, para 2017, el laboratorio de políticas públicas Ethos, publicó el reporte “Descifrando el Gasto Público en Seguridad Nacional”, revelando que el porcentaje de delitos cometidos no denunciados o sin averiguación previa en México es de 94%, cuyo indicador es la cifra más alta del continente americano.[ CITATION Red17 l 2058 ] Esta aberración se agravó en 2018, aún y cuando ya había entrado en funciones el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, cuya pretensión era agilizar la solución de los conflictos, de manera que en México, en este año que termina, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es de 1.14%.[ CITATION Gui18 l 2058 ], disminución que contrasta con los altos incrementos al presupuesto en materia de seguridad, o del poder judicial, frente a los salarios de los trabajadores y, desde luego, de cara a sus propios resultados:

El crecimiento presupuestal de casi 4 veces de este poder no se justifica cuando el salario no llega a crecer el doble en el mismo periodo, reflejando con claridad la desproporción que se vive en una de las esferas más improductivas del poder, respecto de su nivel de erogaciones.

Ahora bien, el pasado 31 Octubre 2018 el presidente del Senado, Martí Batres, ejerció la facultad que le confiere el inciso b) del artículo 72 de la Constitución, mismo que dispone que:

“se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto.

Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo”.

Toda vez que al inicio de la LXIV Legislatura, se retomó la minuta de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, aprobada hacía siete años en el Senado (8 de noviembre de 2011) y (re)aprobada el pasado 13 de septiembre por la Cámara de Diputados, quien la remitió al Ejecutivo; y en virtud de que el Ejecutivo Federal, entonces Enrique Peña Nieto, no devolvió el proyecto de decreto con observaciones a la Cámara de origen dentro de los 30 días siguientes a su recepción, y tampoco promulgó ni publicó la citada Ley en los 10 días naturales siguientes, fue que el Senador Batres, ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación; quedando así en firme la disposición que establece que el salario del Presidente de la República no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país, uno de los argumentos centrales que da contenido a la política de austeridad que impulsa AMLO desde Palacio Nacional.

El rechazo del poder judicial no se hizo esperar apuntalados en la supuesta defensa de la división de poderes y en el rechazo de la oposición en las cámaras, la acción de inconstitucionalidad fue impulsada por senadores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, misma que admitió el Ministro Alberto Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prohibiendo que se utilice para fijar los salarios de los funcionarios que tendrán en 2019. Sin embargo, al parecer no se impide expresamente la reducción de los salarios, pero obliga a que los sueldos se fijen con base en reglas previstas en la Constitución, según los artículos 75, 94 y 127.[ CITATION Red18 l 2058 ]

La racionalización republicana de los privilegios

El argumento central a dicho del poder judicial es que los sueldos no son privilegios, sino requerimiento para la impartición de justicia y la independencia del poder judicial. Así lo había expresado el ministro presidente de la SCJN, a propósito del día del abogado, en julio pasado:

“Las condiciones de seguridad, estabilidad, remuneraciones dignas y capacitación no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable, ineludible, en un país democrático que busca tener paz en el respeto a los derechos humanos de todos, y construir, con ello, una sociedad más justa, pues tener buenos jueces, independientes y confiables hace que la democracia sea real y efectiva, y el Estado de Derecho deje de ser una utopía […]No sólo facilitándoles su trabajo, sino dándoles la necesaria seguridad de que serán respetados en sus decisiones, en su permanencia en el cargo, en su integridad personal, en tener remuneraciones y condiciones de retiro razonables y dignas, que le permitan tener la humana tranquilidad para reflexionar sus análisis y decisiones, sin presiones, ni internas, ni externas, que doblen la vara de la justicia”.[ CITATION Ram18 l 2058 ]

Ineludible resulta pensar que el argumento suena más a una justificación de articulada desde las más rancias estructuras del poder amafiado construido desde el PRIAN.

Y es que cuando la justicia cuesta, entonces no es para todos. En ese sentido los ciudadanos “presentimos” que algo está mal, pero no todos alcanzamos a dimensionar la talla o la forma de enunciarlo. En ese sentido nuestro primer referente imprescindible es la constitución y el artículo 39 anteriormente referido, y junto con él, la situación económica del grueso de los ciudadanos. En ningún lado se refiere que los integrantes de un poder “deban” ser solidarios ante las carencias ciudadanas. Sin embargo, entendemos que la existencia del gobierno y sus poderes depende para no ser una “utopía” del dinero de los contribuyentes. Es entonces con dinero público que se construye el arca del que salen los emolumentos públicos. Luego entonces no hay beneficio al pueblo si ese poder aparte de ineficiente resulta oneroso, y por si fuera poco, algunos de sus miembros hacen gala de la posibilidad de dispendio en su cotidianeidad. Es entonces que entendemos que la distancia económica entre el ciudadano y los órganos del poder judicial resultan en un privilegio, en la medida en que los ciudadanos tenemos que costear una enorme concentración de capital que se deposita en unos cuantos a costa de nuestra obligación tributaria.

La obligatoriedad de congruencia en el ejercicio del gasto no es una invasión de un poder a otro. Es en todo caso la sujeción a esquemas de organización pública donde el interés personal no rebase el interés colectivo. Por eso la irritación popular ante la negativa. Por eso la indignación. Tal vez, y sólo tal vez, sería diferente, si en vez de ser el 99% de casos sin resolver, el 99% fuera cosa juzgada.

Bibliografía

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Jurimetría: Iniciativas para el Estado de Derecho A.C. (julio de 2018). IMPUNIDAD CERO. Obtenido de http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=70&t=indice-estatal-de-desempeno-de-procuradurias-y-fiscalias-2018

Ramos, R. (12 de julio de 2018). El Economista. Obtenido de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sueldos-deben-ser-dignos-ministro-20180712-0147.html

Redacción. (7 de diciembre de 2018). Sin embargo. Obtenido de https://www.sinembargo.mx/07-12-2018/3508111

Redacción AN. (10 de agosto de 2017). Aristegui Noticias. Obtenido de https://aristeguinoticias.com/1008/mexico/mexico-primer-lugar-del-continente-por-delitos-no-denunciados-ethos/