Mónica Rangel el iceberg del manejo turbio de los recursos públicos
El caso de la doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, ex Secretaria de Salud del Gobierno del estado de la pasada administración priista , y candidata de Morena al gobierno del estado en las pasadas elecciones no es un hecho aislado de corrupción, pronto podría ir escoltada de una decena de excompañeros suyos en los Servicios de Salud y de otras dependencias integrantes del gabinete pasado.
Todo depende si el gobierno potosino de Ricardo Gallardo Cardona y la Fiscalía del Estado opta por la aplicación estricta de la ley o termina todo en un vil arreglo político.
Porque buena parte del gabinete encabezado por el exgobernador Juan Manuel Carreras López deberá comparecer ante la ley, sin excluir para nada la posibilidad de que el propio Carreras tenga que hacerlo.
La imputación que tiene detenida en el penal de la La Pila a la exsecretaria de Salud, información obtenida por diversas filtraciones , es debido a que ilegalmente utilizó, en 2020, una partida de 32 millones de pesos etiquetada para combatir la pandemia del Covid-19 para comprar plaguicidas destinados a prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores (mosquitos).
La compra se hizo a una empresa no certificada por los organismos federales correspondientes, mediante una adjudicación directa injustificada y con un sospechoso pago inmediato. Además, la empresa contratada había sido suspendida en el 2009 de la participación en licitaciones gubernamentales por haber incurrido en actos de corrupción con el gobierno de Nuevo León.
Con todo, esas irregularidades podrían haberse procesado por la vía administrativa (reparación del daño, multas, inhabilitación para desempeñar cargos públicos, etcétera) consideran juristas . No ocurrió así porque se acreditaron conductas claramente delictivas. La principal, que el producto adquirido no fue recibido nunca por los Servicios de Salud cuando estuvo al frente la doctora Mónica.
Uno de los elementos a destacar en este caso es la relación entre funcionarios y empresarios ya que el jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmitidas por Vector, ya también detenido, Juan Francisco Martínez Perales; y, el subalterno de Rangel Martínez que solicitó el plaguicida y quien pocos días después de abandonar el cargo, el 26 de septiembre, se incorporó como ejecutivo de la empresa proveedora, Public Health Supply.
Esta hecho y otros elementos que fueron apareciendo permitieron desenredar la madeja y hay que señalar resultaron del trabajo de fiscalización sobre la Cuenta Pública 2020 de la administración carrerista que hizo la Auditoría Superior del Estado y que el gobierno gallardista sometió de inmediato a una revisión rigurosa.
Para el efecto, se contrataron despachos especializados de la Ciudad de México, que no tardaron en encontrar elementos para una primera denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.
Esos mismos despachos externos encontraron evidencias para nuevas acusaciones penales en contra de la doctora Mónica y sus coacusados, pero también contra una decena más de ex funcionarios de los Servicios de Salud, quienes podrían estar siendo llamados a cuentas.
Según fuentes documentales e información ministerial de buena fuente entre los nuevos involucrados figuran dos exdirectores administrativos (en su gestión la doctora tuvo tres, uno ya fallecido); dos subdirectores operativos, dos jefes de adquisiciones, un jefe de almacén y el líder sindical de los trabajadores de la salud en nuestro estado, el doctor Arturo Hernández Tenorio, secretario general de la Sección 33 del sindicato desde hace unos 25 años.
Las cuentas públicas de los cinco años que Rangel Martínez estuvo al frente de los SS arrojan inconsistencias, irregularidades y cosas parecidas por más de mil millones de pesos.
Mónica y cómplices deberán rendir cuentas por unos 700 millones de pesos que esfumaron. Hay la firme sospecha de que en este maratón de saqueo se beneficiaron personajes ajenos a los Servicios de Salud ¿Los involucrarán?
Las entidades fiscalizadores y jurídicos del gobierno, así como los consultores externos contratados exprofeso, están hincando el diente en las cuentas públicas de otras dependencias.
Las dependencias en las que más hechos obvios de corrupción se han detectado son la Seduvop (cuyo extitular vive en el extranjero desde hace meses), en la Comisión Estatal del Agua (que en el solo proyecto de la presa La Maroma desaparecieron 100 millones de pesos, en connivencia con empresarios del ramo de la construcción); la Junta Estatal de Caminos; el Instituto de Capacitación para el Trabajo; y, la Secretaría de Educación, entre otras que al parecer irán exhibiéndose.
Según señala en su portal la organización potosina Ciudadanos Observando: ”como lo advertimos y publicamos oportunamente en este espacio, resultan incontables las observaciones, las fiscalizaciones y las omisiones en torno a la gestión de la administración del ex gobierno de Carreras, en relación al terrible quebranto en los Servicios de Salud que puede llegar casi a los mil millones de pesos, es muy claro que Mónica Rangel no actuó sola, existió una red que durante todo el sexenio hizo y deshizo. La Fiscalía General de San Luis Potosí cuenta con muchos elementos para armar el rompecabezas de corrupción y presentar ante la justicia al mismo gobernador Juan Manuel Carreras y a su Secretario de Gobierno Alejandro Leal Tovias.”
La Fiscalía del Estado debe ir a fondo, sobre la red de corrupción que operó durante el sexenio de Carreras en los Servicios de Salud, donde aparecen muchas empresas fantasmas a las cuales se le pagaron millones de pesos.
