CUAUTEMOC BLANCO, EL FUERO Y EL COSTO DE LOS CONTRAPESOS
El fuero constitucional es una figura jurídica que genera debate, especialmente cuando se vincula a escándalos de figuras públicas como Cuauhtémoc Blanco. Sin embargo, para entender su verdadera relevancia, es esencial mirarlo desde una perspectiva más amplia: no existe para garantizar la impunidad de individuos, sino para proteger la funcionalidad de las instituciones políticas en un contexto donde el poder tiende a expandirse y dominarlo todo. Su propósito es evitar que los representantes populares -legisladores, gobernadores, jueces- sean sometidos a persecuciones legales injustas que puedan coartar su libertad y, con ello, desequilibrar los contrapesos democráticos y la necesaria división del poder.
El poder, por naturaleza, busca concentrarse. Sin el fuero, un ejecutivo podría utilizar el sistema penal como arma política, iniciando procesos falsos o «sembrados» contra quienes se opongan a sus intereses. Esto generaría un clima de intimidación que limitaría la independencia de los funcionarios, silenciando voces diversas en cámaras legislativas o instituciones clave. El resultado sería un gobierno autoritario donde los pesos y contrapesos, esenciales para la democracia, se desvanecerían. El fuero, entonces, actúa como un escudo institucional, no como un privilegio personal, asegurando que decenas, cientos o miles de encargos públicos puedan operar sin temor a represalias.
Claro que este diseño implica un riesgo: en ocasiones, el fuero puede proteger a individuos cuyo comportamiento sea reprochable. Este es un «mal menor» que se acepta deliberadamente. La prioridad no es blindar a figuras particulares -sean culpables o no de delitos-, sino garantizar la gobernabilidad y la estabilidad del sistema en su conjunto. Tomemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, acusado con graves señalamientos de agresión sexual. Con o sin culpabilidad, su situación no debería ser el eje para juzgar al fuero. La ley establece que, durante el tiempo que un funcionario goce de esta protección, los delitos no prescriben. Esto significa que, al concluir su encargo, Blanco —u otros en su posición— puede ser investigado y juzgado. El fuero no es un pase libre a la impunidad permanente; es una postergación que preserva la autonomía de su función mientras la ejerce.
Por eso, es crucial ser responsables al usar escándalos para cuestionar esta figura. Satanizar el fuero por casos individuales puede alimentar una narrativa que ignore su utilidad estructural. Si se eliminara o debilitara por presión pública, se abriría la puerta a un escenario donde cualquier discrepancia política podría fácilmente convertirse en un proceso penal, paralizando a las instituciones y favoreciendo la concentración de poder. El peligro no radica en que algún pillo pueda «escudarse» temporalmente, sino en que, sin esta protección, la amenaza constante de persecución doblegue a los funcionarios honestos que sostienen el equilibrio democrático.
El debate, entonces, no debería centrarse en desechar el fuero, sino en perfeccionar los mecanismos de rendición de cuentas una vez que termina su vigencia. Es un equilibrio delicado: aceptar que ningún sistema es perfecto, pero priorizar la estabilidad institucional sobre la justicia inmediata en casos aislados. En casos como el de Blanco lo que se debe es pensar para entender y evitar así reaccionar visceralmente. El fuero no es el problema; es una solución imperfecta a un riesgo mayor. Mantenerlo con claridad en su propósito y límites es esencial para proteger, no a individuos particulares, sino a la democracia misma.
