El agua potable y el pacto social

Se acerca el vencimiento de la concesión del servicio del agua potable en el Municipio de Aguascalientes, firmada por los gobiernos del PAN y del PRI en favor de Caasa/Veolia.

La pregunta del trillón, es: ¿Se seguirá dejando la administración del servicio en manos privadas? 

Hasta ahora ni autoridades municipales, ni estatales y tampoco candidat@s políticos han tomado en serio que el municipio de Aguascalientes, retome en sus manos la administración del servicio del agua potable; ni condenan en serio y hasta las últimas consecuencias lo injusto, así como lo abusivo y leonino de la concesión que es en perjuicio de la sociedad y en daño del H. Ayuntamiento de Aguascalientes. Ha habido promesas que se han convertido en falsos discursos.

Ya se habla de un sistema mixto, será en parte con empresas/empresarios privados y en parte con el Municipio. Pero lo esencial es que las autoridades municipales pretenden seguir favoreciendo al empresariado, siguiendo con el daño a la ciudadanía y el perjuicio al municipio.

En cambio, no se habla de que efectivamente se regularizará el servicio, ni de que se dejarán de cobrar tarifas tan caras, o que no se cortará  totalmente el agua, o de que no se harán cobros abusivos, etc. Ni de que CAASA/VEOLIA se benefició en 1996 cuando el Fobaproa absorbió el adeudo por 158 millones de pesos, o la Comisión Nacional del Agua le perdonó 390 millones de pesos en el año de 2001. 

No debemos olvidar que el derecho al agua potable es un derecho humano, de carácter universal, que por eso no debe ser motivo de negocio en general y menos de tipo privado, como se ha hecho en el municipio de Aguascalientes. Recordemos que esto ocurre porque no se ha aclarado ni normatizado tal derecho en las leyes, ni en la misma Carta Magna, ni en las leyes locales y, menos aún en las demás leyes y reglamentos. Pero eso no es excusa para que siga sin hacerse, mucho menos para dejar de proponerlo.

Mientras no se reforme el artículo 28 de nuestra Carta Magna, no se puede prohibir el concesionar los servicios municipales, pero se puede y se debe restringir con mucho la facilidad con que se firman concesiones o se renuevan concesiones leoninas.

También sigue la inversión pública en las redes-infraestructura del agua, que beneficia al empresariado. Por eso Ricardo Caldera Ortega afirma que:

 “… no ha encontrado autonomía financiera efectiva de recursos provenientes del sector público, y donde la Concesionaria de Agua de Aguascalientes, S.A. (CAASA) no se ha hecho cargo de sus responsabilidades de inversión. Esto echa por tierra principalmente el argumento que dice que la participación del sector privado en el sector agua se justifica a través de los montos de inversión que el gobierno deja de hacer bajo este esquema.”

Pero en Aguascalientes no se ve ni se escucha a protagonistas importantes del estado, pronunciarse en análisis serios y profundos, que desnuden y redesnuden lo negativo y perjudicial que para la ciudadanía es la privatización del servicio de agua potable. 

Esteban Castro concluye:

“…la crisis real de los servicios fue utilizada –y, en algunos casos, hasta provocada– para promover las privatizaciones”. Que por el fracaso de tal privatización, ya en países desarrollados, se “…. requirió la desprivatización de las empresas y la creación de compañías públicas.” Y que ese modelo, como dominante “… tiende a agravar la indefensión ciudadana ya existente en relación con el control y acceso a los bienes y servicios esenciales mediante el intento de convertirlos en bienes económicos, mercancías, que no requieren ciudadanos, sino sólo proveedores y consumidores. Participación, en este modelo, es equivalente a obediencia y voluntad de pago”.

Hoy hay campañas político-electorales: elegir Gobernadora del Estado de Aguascalientes. Tema y momento histórico muy importantes, para ver y saber cuál es el posicionamiento de cada candidata, sin importar que el servicio del agua potable corresponde esencialmente al municipio de Aguascalientes, pero que el Gobierno del Estado sí puede incidir. 

Veremos la acción de las candidatas, una de las cuales lleva dos campañas electorales portando el tema en forma que se ha convertido en burla a la ciudadanía. Creemos que la candidata identificada con las causas populares (Nora Ruvalcaba Gámez), sí tomará las debidas cartas en el tema; con la información, con los análisis, con las propuestas de solución o de máximo control en favor de la ciudadanía.

Además se debe establecer un pacto social por el agua potable, entre los tres órdenes de gobierno, para que dicho servicio se establezca expresamente como derecho humano y por lo tanto que no sea materia de negocio alguno; que se establezca un programa nacional como política de Estado en favor del servicio del agua potable y saneamiento. Con objetivos, con recursos humanos y materiales específicos y en coordinación trinivel, que trascienda a nivel internacional.