El timo final del año. Las tarifas especiales del transporte público.
Luego de que el pasado 15 de diciembre de 2019 el Consejo Consultivo del Transporte, supuestamente “analizó” los respectivos “estudios y análisis especializados y técnicos”, que dice la ley, para establecer el incremento del 26.7% en la tarifa del transporte público en su modalidad de transporte colectivo urbano, contraviniendo la palabra y el compromiso del des-gobernador Martín Orozco Sandoval: “Primero mejoramos el servicio”, y en plena temporada de despreocupación económica por los aguinaldos ya cobrados, fue que el propio titular del ejecutivo 2 días después, que salió a lavarse la cara de su fracaso en la política de movilidad, pretendiendo ahora entregar una limosna a la población vulnerable (las personas de la tercera edad o discapacitados), mediante la gestión (individual por supuesto) ante la Secretaría de Desarrollo Social, de una tarjeta que les permita acceder a un descuento, a partir de enero de 2020, para sólo pagar una tarifa de $4.50 pesos. Nada nuevo.
Y es que desde el pasado 20 de junio de 2019, el propio Orozco Sandoval anunciaba que el Sistema DIF Estatal, elaboraría un padrón de personas con discapacidad y adultos mayores, mientras que el Instituto de Educación de Aguascalientes haría lo propio con el sector estudiantil, es decir, establecía desde entonces condiciones selectivas para proporcionar el beneficio.
Pero al parecer, específicamente ninguna de las 2 condiciones se cumplió como se anunció:
1. Por un lado, el supuesto padrón del IEA, al que refería entonces el ejecutivo, dejaba fuera de un plumazo a los estudiantes universitarios. Hoy día la Coordinación de Movilidad (CVOM), que ya sabemos que no coordina nada, se restringió a recibir únicamente por internet, un total de 17,800 solicitudes que llegaban de todos los niveles hasta el 1 de noviembre de 2019, de las que se informó rechazaron 5 mil; y sólo entregó 10 mil tarjetas luego de sendos requisitos y el pago de $100 pesos(cuando el costo de producción de la tarjeta no llega a los $5 pesos), es decir, “benefició” escasamente al 3% de los más de 300 mil estudiantes inscritos; quedando además 2,800 tarjetas “pendientes de entrega”, supuestamente porque no las recogieron oportunamente. Cabe destacar que las solicitudes con residencia foránea (léase estudiantes de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, etc.) que vienen a estudiar en Aguascalientes y que seguramente requieren el apoyo fueron rechazados.
2. Por otra parte, es evidente que el sistema DIF no tiene un padrón confiable, ni actualizado, mucho menos público; donde de manera efectiva esté registrado el 100% de las personas senectas o con discapacidad que viven en Aguascalientes y que puedan requerir el servicio de transporte colectivo urbano. De otra manera la cobertura de atención de la dependencia sería muy distinta. Además, no se ha establecido una edad para el otorgamiento del beneficio, ni tampoco las condiciones mínimas para la prestación del servicio, es decir, el gobernador literalmente se mofa de las personas discapacitadas, en particular de los discapacitados motrices y visuales, pues no hay ni siquiera un 5% de unidades que cuente con las condiciones para el abordaje con estas limitantes. Entiéndase claro, ni siquiera un camión habilitado para el transporte de personas discapacitadas por ruta. Entonces, ¿Cuánto tiempo supone el gobernador tendrá que esperar una persona discapacitada para abordar un camión y en qué deberá trasladarse hasta la ruta que sí tenga alguna unidad con características adecuadas para su abordaje?.
Para resumir la grandiosa propuesta de tarifas preferenciales, primero el gobierno cobra caro para otorgar un supuesto descuento, a una ínfima fracción del sector estudiantil y, segundo, es el mismo gobierno quien se pitorrea de ancianos y discapacitados dándoles atole con el dedo mediante una tarifa, que por las características de su aplicabilidad resulta inoperante. En pocas palabras el gobernador y la CMOV le hacen al “tío Lolo”.
Y es que hay que decir también que no hay originalidad en el supuesto proyecto de movilidad de Aguascalientes, que en el tema de su tarifa especial para estudiantes parece una burda copia de lo que hacen actualmente en el estado de Sinaloa (que tampoco resulta de nuestro agrado), a cargo del priísta Quirino Ordaz Coppel, en cuyo caso, con una población que ronda los 3 millones (poco más del doble que Aguascalientes), otorgaron en 2018, 80 mil tarjetas y “el trámite de expedición, cambio de institución y revalidación es totalmente gratuito; en el caso de la sustitución por daño, el costo es de 29 pesos y en caso de extravío es de 36 pesos”. Sí, leyeron bien, su gestión es totalmente gratuita, no como acá.
En suma, como lo dijimos en publicaciones anteriores al respecto, detrás del mamotreto de movilidad de Aguascalientes hay un conjunto de absurdos y “razonamientos” abyectos que principalmente, dejan ver como el gobernador mediante maromas institucionales, ha fortalecido la tradición de beneficiar y enriquecer a un minúsculo grupo, ya de por sí acaudalado, de patronzuelos camioneros, así como transformó lo que bien podría ser un programa de beneficio universal, gratuito e incluyente, en un mecanismo oneroso, demagógico y clientelar que seguramente pretende apuntalar como una de sus banderas electorales para sus delfines en 2021.
Para colmo de males y cerrar con broche de oro el año que termina, en la misma “lógica” de la movilidad urbana de Aguascalientes, el gobierno inició la construcción del distribuidor vial de las Américas y el paso a desnivel de Av. Mariano Hidalgo y el que ya se había anunciado del antiguo paso a San Ignacio. El objetivo, convertir Av. Aguascalientes en una vía de flujo continuo, con un tiempo de recorrido total de aproximadamente 25 minutos, mediante una inversión de poco más de 500 millones de pesos.
Nadie duda del alto volumen vehicular que circula en la entidad, que ya en 2016, según el INEGI, era de 342 mil 003 vehículos, con una tasa de crecimiento tres veces más rápida que la de la población desde 1980. Esa cifra y su tendencia de crecimiento sólo pueden ser explicadas por un transporte público por entero deficiente y que no responde a la necesidad colectiva. Situación que a su vez, sólo se entiende si remembramos las “N” promesas incumplidas del gobierno de tener un transporte adecuado y junto con ellas, las múltiples ocasiones en que se favoreció a ATUSA y sus concesionarios, no menos de como ahora se favorece a los “nuevos” prestadores del servicio.
Estas nuevas obras restan a la posibilidad de modernidad del servicio público de transporte, pues resulta evidente y a la postre, más cómodo y barato, hacerse de un vehículo particular para cubrir con las necesidades de movilidad, a contrasentido de las decisiones mundialmente reconocidas de fortalecimiento de los servicios públicos, incluso con fines ambientales. Y eso que no estamos diciendo nada de los cientos de árboles que van a talar y de la privatización de los pocos que reubicarán, mismos que serán replantados dentro de los terrenos que ocupa de Sensata Technologies, “con lo que el Gobierno del Estado conformará un tipo de Bosque Urbano en esta zona”.
El tema no es dejar de tener buenas vialidades, por el contrario. El tema es tener vialidades buenas que fortalezcan un esquema integral de movilidad urbana en el que el transporte público sea la prioridad y la columna vertebral, mientras otras formas de movilidad resultan complementarias. Es obvio que salir de un puente o desnivel para topar con un semáforo en una vía de flujo continuo, o tener el 75% de las unidades de transporte colectivo urbano fuera de norma o con requerimientos de mantenimiento y sin las condiciones para personas con discapacidad, o establecer un cobro oneroso por una suerte de “membresía” para obtener un descuento en un sector vulnerable como lo son los estudiantes; ni es proyecto, ni es política, ni es movilidad. Es en todo caso, es una protección elitista que de manera sectaria busca entregar una dádiva, un eufemismo que pretende enmascarar la mediocre temeridad de funcionarios públicos justificando el salario que sale de nuestros impuestos. Tal vez por eso urgía tanto cambio en el gabinete. Lástima que no fue en CMOV y lástima también de quien dejaron en comunicación social. De por sí.
