Estado liberal y democracia

Según las diversas teorías contractualistas, la sociedad (en su doble acepción política y civilizatoria) y el Estado son creados mediante un pacto entre los individuos para abandonar el “estado de naturaleza” (guerra permanente sin reglas). Salen de la condición salvaje y establecen la sociedad civil, civilizada, la cual no proviene de la mano divina sino netamente creación humana (Hobbes).

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Originalmente se crea un orden político, el Estado “moderno”, cuyo vértice es el monarca absoluto (centraliza todos los poderes, incluido el legislativo y judicial). Es el punto de partida de la controversia entre poder soberano y derecho y libertades del hombre.

Posteriormente la clase cuyo poder dimana del capital y no de la tierra, exige e impone límites al poder del príncipe y abre espacios al liberalismo económico, ideología de la nueva clase. En contraste, el liberalismo político fundamenta otros conceptos: democracia, equidad, justicia y derechos para todos los individuos. Han sido necesarias varias revoluciones a lo largo del tiempo y a lo ancho del planeta para medianamente acercar estos valores a la realidad.

La sociedad natural, la incivilizada, es básicamente irracional. La sociedad de mercado, cuya base territorial es el Estado nacional, es concebida en los términos de la ciencia económica “como el campo en el que hacen su aparición y son puestos a aprueba los intereses bien calculados y en el que el hombre ejercita ese cálculo de los intereses que según la definición hobbesiana de la razón cómo cálculo, es la más elemental expresión de la racionalidad humana” (Bobbio)

El Estado-mercado se construye ideológicamente como un proceso natural, “para dominar las pasiones… representa en cambio el triunfo de la razón sobre la no razón”, (Bobbio). Lenin lo describió como el instrumento para mantener el poder de una clase: en eso consiste su racionalidad.

Ahora bien, traducir la racionalidad del Estado-mercado en Estado democrático-liberal significó un gran avance socio-político porque, finalmente, abarcó a todos los individuos no sin revoluciones de por medio. Desde entonces es convicción general fijar reglas que controlen el ejercicio “legítimo” del poder político. El monopolio coactivo no es (o no debe ser) utilizado arbitrariamente por el gobernante, sino que está (o debe estar) sujeto a normas generales y abstractas, el Derecho, que establecen quién está autorizado a aplicar la fuerza, cuándo (en cuáles circunstancias), cómo (bajo cuáles procedimientos: después de un proceso regular) y en qué medida. Este es el uso lícito de la fuerza coactiva, el poder del Estado a cargo de la seguridad pública, la protección de la propiedad y la sujeción de las clases subordinadas.

Para este último efecto, al universalizarse los derechos políticos, la democracia sustantiva da paso a la procedimental, rompiendo con “el pensamiento político precedente”, la democracia como “régimen político indisociable de una concepción sustantiva [ética] de los fines de la institución política y de una visión sobre el tipo de ser humano que le corresponde”. (Castoriadis)

Esta “concepción meramente procedimental de la ‘democracia’ tiene su origen en la crisis de las significaciones imaginarias [idealizadas] que se refieren a las finalidades de la vida colectiva”. La crisis del “movimiento democrático” deliberadamente disocia la “forma del régimen político” de toda reflexión acerca de esas finalidades, incluso llega a “suprimir la idea misma de éstas”. A su vez, existe un vínculo manifiesto entre esta concepción y el “más bien irrisoriamente individualismo contemporáneo”. (Castoriadis)

Este es el Estado de Derecho en el sistema democrático liberal, bajo el criterio de que en cada conflicto político el vencedor no es el poseedor de la mayor fuerza física sino de la razón legal y de más fuerza persuasiva, que incluye “el uso hábil de la propaganda o incluso de la fraudulenta manipulación”. Así, “el método democrático [acotado por el poder de los propietarios] es el sustituto funcional del uso de la fuerza para la solución de los conflictos sociales”. (Bobbio/Weber)

Esta naturaleza del Estado ha requerido, según el enfoque liberal, el desarrollo de teorías para explicar las relaciones entre la sociedad y el Estado, así como entre los ciudadanos y el gobierno, desde la perspectiva de la política, del Derecho y de la historia.

De la política en cuanto se refiere principalmente a la institución del Estado, realidad tangible, material que se ve y se siente (coerción), afirma la tensión entre voluntad del gobernante/voluntad del ciudadano. Del Derecho porque la sociedad civilizada requiere la ley para legitimar su accionar. Y de la historia, ya que esta problemática –inherente a la naturaleza de todas las cuestiones humanas—es dialéctica, y no se resuelve de una vez y para siempre, sino que es permanente su ruptura/consenso que hace necesaria la constante reelaboración de nuevas decisiones y acciones políticas:

1. redefinición de los fundamentos y fines del poder, lo cual lleva a
2. reacomodo de élites o grupos gobernantes en un orden ya establecido pero dinámico; o
3. como ruptura total –revolución- que impone un nuevo orden político que conforma nuevas relaciones sociales y nuevas élites;
4. expresa en la ley instituciones y procedimientos para la solución de controversias. Una esencial es el acceso y el ejercicio del poder político: democracia y representación política;
5. define en las leyes los criterios para mediar ante los conflictos entre individuos, así como, especialmente, las contradicciones entre clases sociales

La representación política es formalmente jurídica, regulada por la ley, pero es una realidad material de dominio y jerarquización construida según el consenso de las élites o clases dominantes, y el resto de la sociedad admite de acuerdo a ciertos parámetros ideológicos. La ley sintetiza en normas la realidad de ese pacto sociopolítico que adquiere el rango de obligación, haciendo abstracción de la desigualdad económico-social, política y cultural.

Advertimos así un aspecto sustantivo de la naturaleza del Estado liberal: un orden económico-político de dominación que se legitima con la democracia electoral.