¿FORTALECER O DESMANTELAR LA DEMOCRACIA?

La semana pasada, AMLO envió a la Cámara de Diputados la previamente anunciada Iniciativa de reformas a la Constitución en materia político-electoral.

En la Exposición de Motivos de la Iniciativa, el Presidente refiere como objetivos de la misma “Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad” y “Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas…” así, no tan entre líneas, desafía a las autoridades electorales y nos reitera su ya conocida opinión: que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son corruptos, poco confiables y no respetan la voluntad popular.

¿Qué propone exactamente AMLO y qué pretende con ello? Aquí le cuento, opino y teorizo al respecto.

1. Conformar un solo mecanismo nacional electoral, llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y extinguir los organismos públicos locales (OPLEs). La Iniciativa menciona que los OPLEs nos cuestan más de 13,000 millones de pesos, siendo que el INE actualmente absorbe la mayoría de las funciones de trascendencia de estos. Parece un acierto de la Iniciativa, pues es más fácil para la opinión pública vigilar a un solo gran organismo electoral que a 33; igualmente, para el Poder sería más difícil doblar este gran organismo que a 32 pequeños y, si de todas formas los OPLEs dependen del INE, hacen poco y cuestan mucho ¿para qué mantenerlos?
2. Extinción de los tribunales electorales locales. Cualquiera que esté un poco familiarizado con el proceso judicial de una elección lo sabe, la amplia mayoría de las controversias judiciales locales terminan siendo resueltas por el TEPJF; si ya sabemos que la última palabra la tienen las salas regionales del TEPJF ¿cuál es el objeto de mantener a 32 elefantes blancos locales?
3. Elección directa por los ciudadanos de los consejeros del INEC y de los magistrados del TEPJF. Aquí es donde la reforma comienza a ponerse endeble. La Iniciativa plantea que cada uno de los Poderes de la Unión postulará a 20 aspirantes para el cargo de consejero del INEC y 10 para el cargo de magistrado; 60 y 30 en total, respectivamente. Entonces ¿vamos a elegir entre 60 personas para un cargo y 30 para otro? Pregúntele usted a un ciudadano promedio quiénes son sus candidatos a diputados locales en una elección ordinaria, la mayoría ni siquiera conoce a más de tres (o a uno solo) y ¿espera AMLO que elijamos entre 60? La misma observación se puede hacer con 30 aspirantes para el cargo de magistrado.

Aún más, un candidato o candidata al Poder Ejecutivo, puede proponer crear o eliminar programas o plantear la forma de distribuir los billones de pesos que maneja; una candidata o candidato a diputado o senador puede ofrecernos legislar en favor de alguna causa o modificar leyes injustas; un candidato a consejero del INE (o INEC) o a magistrado del TEPJ ¿qué podría ofrecerle a ciudadanía? Ninguno de los dos tiene facultad para modificar el marco legal que los regula ni manera de redireccionar los recursos asignados y la legislación electoral es de tal importancia para los partidos políticos (y sus legisladores) que es una de las más detalladas que encontramos en el sistema jurídico mexicano. Nada, absolutamente nada, excepto seguir la ley, es lo que nos podrían ofrecer; cualquier otra “propuesta” sería demagogia pura.

Otro punto por considerar es que actualmente las elecciones se reducen más a batallas de popularidad que de propuestas, el tema ha sido muy estudiado por profesionales de la psicología y la sociología política; votamos por quien nos agrada, aunque no necesariamente sea quien mejor haría el trabajo ¿se imagina ser juzgado por un juez incompetente pero, eso sí, muy carismático? Es el enorme riesgo al que la reforma le abre la puerta.

1. Modificar la conformación del Congreso, pasando la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes y el Senado de 128 a 96. Hace mucho que se ha planteado que hay un exceso de legisladores en el Congreso de la Unión, puesto que ya todos sabemos que los partidos votan en bloque; pocas, poquísimas veces y muy pocos legisladores, rompen esta regla. Podrían ser 100 diputados y 66 senadores y en nada cambiaría la labor parlamentaria actual.
2. Reducción del número de diputados en los congresos locales. Se plantea reducir a 15 diputados, los congresos de las entidades cuya población sea menor a 1 millón de habitantes y agregar un diputado por cada 500,000 habitantes adicionales, topado a 45 diputados por entidad federativa.

La reducción presupuestal es atractiva, finalmente, como ya mencioné, en la práctica las decisiones se toman por grupos parlamentarios, por lo que, reducir el número de diputados a los que les pagamos, no parece una mala opción; por ejemplo, Aguascalientes pasaría de 27 a 15 diputados, lo que ahorraría la nómina de 12 diputados, con sus respectivos asesores, choferes y aviadores; en el Estado de México, pasarían de 75 a 45 diputados ¿puede alguien, que no pretenda vivir del presupuesto, oponerse a esto? Difícilmente.

1. Eliminación de la estructura distrital y votación por un sistema de listas por entidad federativa. Es decir, cada partido político nos presentaría una lista con sus candidatos y, de acuerdo con el porcentaje de votación obtenido, estos entrarían al congreso por orden de prelación. Permítame ejemplificarlo. En un congreso local compuesto por 20 diputados, en el que cuatro partidos acaparan la votación, la conformación quedaría de la siguiente forma:

Así, en el partido A serían electos los primeros 8 candidatos de la lista; del partido B, los primeros 6 y así con el resto.

¿Cuál es el objetivo de hacerlo de esta forma?

Es evidente que dejar fuera a las minorías que actualmente encuentran representación a través de las diputaciones plurinominales. A través del sistema de listas, los partidos más grandes acapararían al Congreso en una proporción mucho mayor a la actual; por ejemplo, en Aguascalientes solamente se cuenta con 3 diputados federales, así que la lista se reduce a 3 opciones por partido político, mientras que contamos con 8 partidos políticos nacionales, es decir, más opciones que curules, por lo que solamente dos o máximo tres partidos encontrarían representación; el resto se quedarían fuera. Si consideramos que en la mayor parte del país, la votación se distribuye apabullantemente entre morena, el PRI y el PAN, estas serían prácticamente las únicas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, acaso MC (por Jalisco y Nuevo León), podría lograr algunas curules, el resto de los partidos difícilmente ocuparía algún escaño en el Congreso.

• Financiamiento público a los partidos políticos únicamente durante el periodo electoral y que las actividades ordinarias de estos sean financiadas por privados. Si lo miramos con los lentes de la austeridad, no parece una mala idea. Los partidos más grandes podrían cobrar las respectivas cuotas a sus militantes y encontrar maneras creativas de captar financiamiento de capitales privados, pero, nuevamente ¿qué sucedería con los partidos pequeños que cuentan con una militancia casi nula y con poca capacidad para captar capital?

Entre este y el punto anterior, parece muy clara la intención de pulverizar a los partidos pequeños y que la democracia mexicana quede ajustada a una batalla de 2 a 4 partidos mayoritarios; bueno o malo, es tema para otro debate.

• Introducción del voto electrónico. A título personal, me encanta la idea de aprovechar los avances de la tecnología y dejar de tirar tanto papel en forma de boletas, a la basura, pero si actualmente, en un sistema electoral tan cuidado, en el que las boletas son custodiadas en sus traslados, en el que se arma la urna a la vista de todos, en el que se contabilizan las mismas previo a la apertura de las casillas y se vuelven a contabilizar en el cierre de estas, cotejando que sea el mismo número; un sistema en el que cada paso y cada movimiento se encuentra cuidado por el árbitro electoral, por representantes de cada uno de los partidos políticos y por ciudadanos comunes, hay quién se atreve a clamar ¡fraude! Y con toda la desconfianza que existe, por la memoria histórica, alrededor de las elecciones ¿se imagina picarle a una pantalla que ni usted ni yo entendemos cómo realmente funciona, con quién sabe qué configuración y que esta nos arrojara a un ganador? ¿Cuánta desconfianza generaría y cuán fácil sería sacudir a las masas al grito de ¡fraude! (legítima o ilegítimamente)?
• Reducción del porcentaje de participación ciudadana para que la consulta de revocación de mandato resulte vinculante. Si es suficiente para destituir a un Presidente que solo un tercio de la población vote y que la mayoría de ese tercio así lo decida ¿dónde queda la legitimidad del proceso? 17% de toda la ciudadanía podría decidir cuándo quitar a un Presidente y, con un porcentaje tan bajo, estaríamos irremediablemente a la merced de la demagogia y el populismo, abandonando toda ilusión de tener algún Presidente en el futuro que gobierne con visión de Estado y no pensando en la próxima elección o en la próxima revocación.