“La estafa maestra” y el fraude en la UAA

Un pasado vergonzoso en el IEA

Hace aproximadamente una década, trabajé tres años como Director de Educación Media Superior y Superior en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA). Tuve excelentes relaciones de trabajo y personales con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y con muchos coordinadores, directores y docentes de bachilleratos públicos y particulares en el estado; pero, paradójicamente, no fue lo mismo con mi jefe inmediato, el Director General del IEA, el Lic. Francisco Chávez Rangel, quien un día me confesó no saber de educación y nos mostró a todos tener más interés en ser presidente municipal y aprovechar su puesto para obtener dinero fácil.

Tengo muy presente que los directores del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) en la entidad y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECYTEA) pedían que el Lic. Chávez Rangel autorizara la compra de computadoras con el dinero que dichos subsistemas tenían para equipar sus escuelas, y me pedían que hablara con él -que no solía atender los asuntos de mi Dirección y menos los de estos subsistemas- para contar con las computadoras que tanto necesitaban las y los estudiantes.

Pasaron meses y por fin una persona de la Dirección de Finanzas del Instituto me comentó que se estaba tramitando una compra mayor de computadoras no únicamente para escuelas de educación media superior sino también de educación básica en el estado, y que la responsable de la venta era la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Desde luego, la pregunta que surgió de inmediato fue ¿qué tiene que hacer esta universidad en la compra-venta de computadoras? Finalmente, se hizo el pago y no tardamos en saber que el IEA había sido víctima de un fraude, que a la fecha no se resuelve.

Pasaron algunos años y apareció en letras grandes de periódicos del país y en otros medios la noticia de que universidades públicas y oficinas de gobierno de varias entidades de México habían estado coludidas en una “estafa maestra”, en la que se habían “perdido” miles de millones de pesos. El escándalo fue mayúsculo, pero disminuyó pronto semanas después. Observadores extranjeros, con razón, señalaron que este gran robo, de haberse hecho en sus países, hubiera llevado a prisión a sus responsables, mientras que aquí en México la corrupción se naturalizaba.

De est a permisibilidad cultural de los mexicanos, lo escribió muy bien el Dr. Genaro Zalpa Ramínrez, sociólogo de la UAA, en su libro “¿No habrá manera de arreglamos? Corrupción y cultura en México”. Él nos recuerda que “La corrupción es el abuso de cualquier puesto de responsabilidad delegada para obtener ganancias privadas”, y que este fenómeno se da en la vida cotidiana con el burócrata, el empresario, el político y el ciudadano de la calle, por medio del soborno, peculado, exacción, favoritismo y fraude.

A pesar del vacío de interés público por la “estafa maestra”, hubo excepciones con algunos periodistas mexicanos que sí le dieron seguimiento e hicieron un trabajo de investigación digno de conocerse. Este fue el caso de tres profesionales del periodismo que publicaron en 2018, en la editorial Planeta y Grupo Booket, los resultados de su trabajo. Ellos son Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, y el libro se titula: “La estafa maestra. Graduados en desaparecer el dinero público”. En este gran fraude estuvo involucrado el Instituto de Educación de Aguascalientes.

“La estafa maestra”

De este libro quiero compartir algunos hechos que tienen que ver con lo fácil que es llevar el dinero público a manos privadas. En primer lugar, hay que señalar que la instancia de fiscalizar el buen uso del dinero que gasta el gobierno es la Auditoría Superior de la Federación. Ahí se consignan con detalles los desvíos de fondos, obras mal construidas, contratos con empresas fantasma y programas ineficientes. Sin embargo, en sus primeros 17 años de existencia -nos dicen los autores del libro-, esta Auditoria presentó 873 denuncias penales por mal uso de los recursos públicos (dinero desaparecido o mal empleado) y únicamente 10 terminaron con un funcionario o un particular sometido a juicio, peor ninguno de ellos ha sido condenado.

La investigación comprobó un fraude millonario operado desde el gobierno federal. Los funcionarios aprovecharon un hueco en la ley que les permitió entregar dinero a universidades públicas –sin ningún tipo de concurso o supervisión- para que supuestamente realizaran obras o dieran servicios que necesitaban las dependencias (como las computadoras en el IEA). Las universidades cobraron una jugosa comisión por participar en el fraude y entregaron el dinero a “empresas fantasmas” para que dieran el servicio. Al final, no hubo obras ni servicios y el dinero simplemente desapareció. El fraude fue de más de 7 mil millones de pesos, solo en dos años.

Los funcionarios corruptos, coludidos con particulares y autoridades universitarias, encontraron un modus operandi para desviar este dinero: las dependencias de gobierno inventan supuestos servicios, por ejemplo, hacer un concierto o equipar de tecnología a escuelas o dar apoyos a campesinos, y escogen a ciertas universidades para que lo lleven a cabo; obviamente, estos no pueden cumplir, pero cobran una comisión y luego contratan a empresas para que lo hagan, que, finalmente, no lo hacen o lo hacen a medias y mal.

El fraude inició desde el año 2011 y pasó más de una década y no hubo nadie que detuviera a los responsables, mucho menos que alguno de ellos pisara la cárcel. Los autores del libro se concentraron en analizar 73 convenios hechos por 11 dependencias federales, tan variadas como Sedesol, Banobras, Pemex, SEP, INEA, FOVISSSTE, SCT… coludidas con ocho universidades públicas. “Todos estos elementos demuestran que la Estafa Maestra no es sólo un modus operandi de desvío de recursos, sino la prueba fehaciente del sistema de corrupción e impunidad en el país”, afirman categóricos los autores.

En este país, funcionarios, empresarios y rectores de universidades violan la ley y desvían recursos porque saben que nunca serán juzgados y porque, en muchos casos, en los órganos encargados de investigan también hay cómplices: “El sistema permite que se actúe con plena libertad, ya que todo está dispuesto para que sea más fácil corromper que cumplir con la ley, y la impunidad resulta el mejor aliciente para hacer de la corrupción la norma y no la excepción”.

Una de las autoras del libro, Nayeli Roldán, en uno de los capítulos, señala un caso: “Francisco es un prestanombres, la compañía que ayudó a crear es una de las 186 empresas que recibieron 7 mil 670 millones de recursos públicos y que violaron la Ley de Adquisiciones. Y aún peor: 5 mil 208 millones de pesos terminaron en empresas fantasma. El dinero simplemente desapareció”. El colmo del descaro y falta de ética es que hubo desvíos en programas tan importantes como los apoyos a las personas más pobres del país. Los autores dan nombres y apellidos: “Rosario Robles tenía 60 días para diseñar un plan que pudiera reducir la incidencia de personas en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria. Sin embargo, el programa social que pretendía ser la estrella del sexenio (de Enrique Peña Nieto) para abatir la pobreza sirvió como pretexto para desviar –de 2013 a 2015, al menos- 2 mil 224 millones de pesos”. El dinero para los pobres recorrió así varias secretarias, universidades y empresas, y en cada una de ellas iba dejando rastro.

Las universidades que actuaron como bisagras del fraude, y que se llevaron una comisión entre el 10 y el 15%, son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comalcalco y el Instituto Tecnológico de Tabasco.

Estas instituciones hacen la simulación del trabajo y son atractivas porque tienen un régimen fiscal de excepción, pues son consideradas como personas morales no lucrativas, toda vez que –en teoría- no hacen negocios. Ellas no están obligadas a realizar la “declaración informativa de operaciones” con sus proveedores ante el SAT, como sí deben hacerlo las empresas lucrativas.

Para lograr sus propósitos, primero violaron la Ley de Adquisiciones, pues en lugar de hacer licitaciones y que las empresas entraran a concurso, las dependencias hicieron 73 convenios con universidades públicas para brindar supuestos servicios que no pudieron cumplir. Como ya se dijo, los servicios no se hicieron, pero las autoridades universitarias cobraron mil millones de pesos solamente por servir de intermediarias, lo que en sí mismo implicó un sobrecosto por los servicios.

En este tipo de fraudes también suelen estar los partidos políticos, nos dicen los autores del libro: El sistema de corrupción es un pago de favores que “perpetúa el proceso de impunidad”. En muchas ocasiones, el dinero desviado termina en las campañas electorales, pues dichos partidos se alían a los gobiernos y se crea un círculo vicioso, y cuando llegan al poder “se siguen corrompiendo para pagar los favores”.

De estos hechos, Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación entre 2010 y 2017, reconoció el grave problema: esto es “un fraude”, dijo, se trata de “una simulación muy burda”, que no sólo sirve para el desvío, sino para “desaparecer recursos públicos, lo que provoca un crecimiento de la corrupción”.

Junto a este problema de corrupción, está el otro: la impunidad, que ocurre porque hay “hay muchos inventivos perversos”, dice la académica e investigadora de The Wilson Center, Viridiana Ríos, y agrega: “la estructura funciona para encubrir a los corruptos, no para castigarlos”. Y, según un funcionario clave del gobierno federal, que no quiso decir su nombre, “el gobierno de Peña Nieto se dedicó a desmantelar las estructuras de control y rendición de cuentas”, por lo que “la estafa maestra” estuvo “protegida desde un muy alto rango”.

En medio de ese proceso, el Poder Legislativo aprobó reformas para crear en 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción, una maquinaria independiente para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en todos los órdenes de gobierno. La pregunta es ¿la corrupción ha disminuido”.

El fraude en la UAA

Por primera vez en su historia, las universidades mexicanas fueron centro de atención en temas de actos mayúsculos de corrupción. Ninguna otra universidad, ni siquiera la UNAM, que es la máxima casa de estudios, ni el Instituto Politécnico Nacional, ha ganado tanto dinero público por brindar asesorías, por ejemplo, a Pemex, como lo hizo la Universidad Autónoma del Carmen de Campeche. Una fortuna que no se ve reflejada en el aumento de estudiantes y mejoras en su infraestructura y equipamiento. El dinero pasó por allí, pero no se quedó.

A partir de entonces, en la opinión pública ha quedado claro que las universidades están encubriendo este tipo de prácticas, lo que erosiona la confianza en estas instituciones, algunas de las cuales han tenido cierto prestigio social.

Con otro tipo de mecanismos, pero también fraudulentos, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) ha sido víctima de personas que violaron leyes y buscaron el dinero público para enriquecerse. La estafa en esta institución se dio a conocer por un artículo en el diario español El País, publicado el pasado 2 de octubre del presente años. La nota señala:

“El Estado mexicano ha sido víctima de un desfalco con todas las características de una estafa Ponzi que le ha costado al menos 6,000 millones de pesos de dinero público (342 millones de dólares) desde hace una década. En el centro del esquema de defraudación están dos empresarios, René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán García, que han logrado ‘convencer’ a tesoreros de instituciones públicas de invertir con dinero del erario en su sistema de negocios, con la promesa de unos rendimientos muy elevados (del 11% al 13% anuales) y el pago en efectivo de una “comisión de colocación” del 5% del total de los recursos comprometidos.

Hasta aquí la nota (La estafa Ponzi con la que dos empresarios robaron al Gobierno mexicano 6.000 millones de pesos | EL PAÍS México). En este fraude participaron las autoridades de la UAA en 2020, que invirtieron 207 millones del fondo de Contingencia de la institución, con el probable soborno del 5% (10 millones de pesos) para quien desde la universidad invirtió en el negocio. A la fecha, se ha quitado de su puesto al Jefe del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión de Rectoría, el LAE Enrique Jiménez de la Hoya, hombre de confianza del exrector, Dr. Francisco Javier Avelar González, y el director de finanzas ha renunciado para favorecer la investigación, aunque públicamente reconoció haber firmado por orden de su jefe.

La rectora de la Universidad, la Dra. Sandra Yesenia Pinzón Castro, públicamente ha expresado que ya iniciaron los procedimientos penales y mercantiles para esclarecer los hechos y, en consecuencia, fincar responsabilidades. También que se denunció ante la fiscalía especializada en combate a la corrupción y que se está trabajando con despachos jurídicos externos especializados en este tipo de situaciones. Dijo que se irá al fondo del problema y, en su caso, establecer las sanciones correspondientes. Para ella, ante las evidencias, no se puede “tapar el Sol con un dedo”.

Como ya se ha reiterado públicamente, el fondo de contingencia no debió tocarse, porque, por su naturaleza, tenía que estar dispuesto para las necesidades del momento, sobre todo en tiempos de pandemia; mucho menos usar tanto dinero en inversiones de alto riesgo. En su momento, quien tomó esta decisión lo hizo a discrecionalidad, por lo que se señala que hay muchas posibilidades de que haya soborno de por medio en el uso de ese dinero público, pero está por comprobarse.

A pesar de las aclaraciones de las autoridades, muchos maestros y estudiantes universitarios nos inconformamos por la falta de información sobre el problema. Se menciona que, desde una perspectiva optimista, se podrá recuperar un 50% del dinero robado y, desde una perspectiva pesimista, nada será integrado. Mientras que los procesos externos siguen su curso, en la UAA aún no se manda llamar al exrector para que informe sobre los motivos que lo impulsaron a hacer este movimiento financiero que tanto ha afectado a la universidad en lo económico y que en mucho ha dañado su imagen.

Romper el círculo vicioso de la corrupción e impunidad

Aminorar el problema y ocultar o, peor aún, proteger a los responsables del fraude no es la mejor salida, ni recuperará la confianza de las y los universitarios, tampoco la de personas que, desde afuera, han visto el robo de un dinero que le pertenece a la sociedad.

El círculo vicioso de la corrupción y la impunidad debe romperse. Ciertamente, la corrupción forma parte de la cultura de los mexicanos, pero bien lo dice Genaro Zalpa: “no es fatalidad”, puesto que depende de nosotros, y solamente de nosotros, que ya no exista.

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*Salvador Camacho Sandoval es Consejero Universitario y representa a las y los profesores del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA, pero lo que aquí se escribe es sólo de su responsabilidad. También es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Illinois en Chicago y profesor-investigador del Departamento de Educación.

**El autor agradece el apoyo de la Mtra. María Guadalupe Contreras Cervantes.