La revisión de la historia y el dos de octubre
Son varios los cambios que propició la movilización estudiantil de 1968, especialmente el trágico día del 2 de octubre. Uno de ellos sin duda tiene que ver con la organización social y política que surgió en el último tercio del siglo pasado, y que desembocó en la creación de nuevas organizaciones políticas y principalmente del Instituto Federal Electoral, para garantizar que el voto ciudadano contara. Ya varios autores han escrito al respecto, sólo quiero resaltar esta gran hazaña que llevaron a cabo al menos dos generaciones históricas para conducir al país a través de instituciones que permitieron el acceso a una democracia representativa.
Otro de los impactos que trajo consigo el dos de octubre ha sido la revisión de la historia misma, al cuestionar de fondo cómo un gobierno que se decía revolucionario, terminó por masacrar a estudiantes. De esta pregunta vendría lo que en términos historiográficos llamamos “revisionismo” sobre nuestra historia contemporánea, y en particular sobre la revolución mexicana. Surgirían entonces estudios como los Jean Meyer sobre la Cristiada y su interpretación desde el lado oscuro de la revolución mexicana, en donde se señalarían toda la cauda de asesinatos entre los propios revolucionarios, para destacar finalmente como un movimiento más social y revolucionario a la Cristiada misma. Otros trabajos desde el marxismo, como los Adolfo Gilly, señalaría a esta revolución como una “revolución interrumpida” en el sentido que las demandas más sociales terminaron siendo pospuestas para otros tiempos, como en el cardenismo que el propio Gilly estudiaría antes de morir. Habría muchas otras interpretaciones que revisaron el pasado revolucionario, señalando por ejemplo que la revolución mexicana fue sólo una componenda entre líderes militares los que terminarían manipulando a los sectores populares…
Este revisionismo historiográfico originó una de las polémicas más sobresalientes en los últimos tiempos, al dar pauta a estudios más comprensivos como los de Alan Knigth que reivindicaría el carácter social de la revolución, acentuando las movilizaciones populares que se dieron prácticamente en todo el país a favor de reformas sociales como la reforma agraria y las organizaciones de obreros y campesinos. Ello cambió la correlación de fuerzas en términos políticos, aunque la reivindicación democrática de Madero quedaría pendiente hasta los tiempos post 68.
Ciertamente el cardenismo sería uno de los avances más importantes en términos del reparto agrario y de la organización popular dentro del partido hegemónico, lo cual marcaría una de las contradicciones centrales del autoritarismo mexicano y que advirtiera Pablo González Casanova en su libro sobre La democracia en México publicado por primera vez en 1965: que las estructuras de poder nacionales e internacionales eran un obstáculo para el desarrollo económico y social del país y sin embargo, la democratización con redistribución de ingreso es un “requisito indispensable” para el desarrollo. Y advertía que las posibilidades de la democracia se incrementaban con el aumento del ingreso per capita, con la integración nacional lo que implicaba una mayor democratización y representación de los marginales y de los indígenas, “en una etapa en que se necesita canalizar la presión popular, unificando el país, para la continuidad y aceleración de su desarrollo y, dejar que hablen y se organicen las voces disidentes para el juego democrático y la solución pacífica de los conflictos”, como concluyó su libro.
Este libro de González Casanova fue un tanto profético dada la necesidad de abrir las estructuras de poder autoritarias, pero lamentablemente cuando pudieron abrirse las oportunidades de participación el régimen terminó por masacrar estudiantes. Desde un principio, con las represiones policiacas a la movilización estudiantil desde el mes de julio, el presidente fue incapaz de responder a un pliego petitorio que tenía que ver con demandas ciudadanas de participación política: libertad de presos políticos ante los actos represivos del gobierno, desaparición de granaderos, destitución de jefes policiacos y deslinde de responsabilidades de funcionarios involucrados en actos de violencia, así como abrir un diálogo público entre representantes del Movimiento y el gobierno, entre otras.
En la entrevista que hiciera Gastón García Cantú al rector Javier Barros Sierra, quien fuera rector de la UNAM hasta 1970, ante la pregunta de si la represión en Tlatelolco coincidió con una mesa de diálogo con líderes del movimiento, el rector Barros Sierra respondió: “En verdad se advierte que él (el presidente Díaz Ordaz) no tenía la más mínima intención de hacer ninguna concesión de fondo, sino que su opción muy clara fue reprimir, de la manera más violenta, al Movimiento Estudiantil…” Barros Sierra desde las primeras manifestaciones estudiantiles, como la del 1º. de agosto que él encabezó, advirtió que la vida del país estaba amenazada por la cerrazón del régimen ante la posibilidad democrática que ofrecían las protestas estudiantiles. El desenlace lo conocemos. Sin embargo, la lucha por la democracia que contribuyera a mejorar el ingreso de la población ha sido cada vez más la bandera de movimientos opositores y de alguna manera sigue siendo una de las utopías mexicanas.
En la actualidad en México existe una suerte de desencanto sobre el papel que pueda jugar la democracia representativa para la solución de problemas, lo cual es preocupante. De acuerdo a Latinobarómetro, que ha medido las preferencias políticas de los latinoamericanos desde 1995, la opinión de los mexicanos a favor de un gobierno autoritario creció del 22 al 33 por ciento en tan sólo tres años, mientras que el promedio de ese porcentaje en toda Latinoamérica es de sólo el 17 por ciento en promedio. Al mismo tiempo, hay que reconocerlo, la misma fuente señala que en el país el apoyo a la democracia creció del 60 al 71 por ciento en el mismo lapso de tiempo, lo cual nos advierte que la lucha por una democracia representativa, que respete la participación ciudadana y la división de poderes, sigue vigente. Quizá con un agregado que nos señalara Pablo González Casanova desde los años sesenta, que las posibilidades de la democracia se amplían si se mejora la distribución del ingreso.