López Obrador, escupir para arriba
¿Cómo se permitió tanto tiempo la operación del crimen organizado, qué relación hay de las organizaciones criminales con la autoridades, sus vínculos y sobre todo como evitar que el consumo de drogas siga creciendo?. AMLO en la mañañera.
La masacre de Salvatierra puso nuevamente en entredicho el trabajo de la Secretaria de Seguridad Pública Nacional y de la Fiscalía General de la República, el presidente de la república en un desatino más de los que nos tiene acostumbrados se hizo esa pregunta en su cotidiano monólogo propagandístico nacional.
La pregunta que el presidente lanzó al aire y la incriminación que hizo de manera directa al fiscal de Guanajuato es en realidad una pregunta boomerang. Es Andrés Manuel López Obrador el que debería tener respuestas para sus preguntas, y para las muchas mas que nos formulamos los ciudadanos y que han quedado y seguramente quedarán sin respuesta, en los pocos meses que le quedan y, para las que tampoco tendrá respuesta su candidata designada que, sostiene la misma posición del presidente: vamos bien y la delincuencia y la violencia han ido disminuyendo en el país. Como muestra, este fin de semana hubieron alrededor de 250 homicidios violentos y aún así tienen el cinismo y la desvergüenza de afirmar que la delincuencia y el crimen organizado disminuyen.
El combate a la delincuencia organizada corresponde de acuerdo con la estrategia presidencial en primer lugar al ejército, como coadyuvante directo la Guardia (Incivil) Nacional. Parte de su política fue la reducción de apoyos a las policías municipales a las que se descalificó afirmando que todas se encontraban infiltradas por el narco, pagando justos por pecadores y dejando sin la opción de sanearlas y fortalecerlas con el apoyo de los organismos federales.
El presidente responsabiliza al fiscal de Guanajuato de prohijar la violencia y el incremento en el consumo de drogas, pero mayoritariamente esas acciones ilícitas deben ser combatidas por el gobierno federal. El problema no es de Guanajuato, es de Tamaulipas, es de Jalisco, es de Michoacán, es de Baja California, es de Nuevo León, es de Veracruz, es de Chiapas, es de Morelos, es de Zacatecas y en mayor o menor medida de todo el país. Aplicando la lógica del presidente, habría que solicitarle respetuosamente que se destituyera al fantasma de Alejandro Gertz y a su mascota favorita Rosa Icela, porque han permitido el incremento del consumo de drogas y la violencia en todo el territorio nacional.
Hace unos años, con bombo y platillo el presidente anunció en uno de sus monólogos matutinos la destrucción del cartel de Santa Rosa, con la detención de su líder el “tristemente célebre” “Marro”, poco tiempo antes el presidente había anunciado que se había terminado con el “guachicol”. Hace cuatro meses en agosto fueron detenidos por la Fiscalía General de la República 24 supuestos miembros de ese cartel y se les decomisaron armas, drogas y equipo para la práctica del “guachicol”. Clarito dice “Juan Sánchez” como decía mi abuelita, el cartel sigue operando, el guachicol no se terminó, la violencia en el estado en buena medida sigue viento en popa, y, lo más grave es el engaño al que nos induce la autoridad máxima del país. El que en algunas zonas del país haya disminuido o no haya crecido la violencia, lejos de ser un signo halagüeño parece indicar que algún cartel ha logrado, en connivencia con las autoridades federales, el control de las actividades ilícitas en esa zona.
En los hechos de Salvatierra, se señala insistentemente la responsabilidad del cartel de Santa Rosa de Lima ¿entonces?.
La incontinencia verbal del presidente en un estado de derecho de verdad, no como el nuestro, que simula serlo, lo hubiera convertido en sujeto de juicio político por violaciones graves al orden constitucional. Sin embargo se ampara en su fuero, otra de sus grandes mentiras fue el afirmar que había desaparecido el fuero, ¡embustes! Ni para él, ni para nadie. El fuero legal y el fuero de hecho siguen operando. ¿En que democracia, respetuosa de los derechos humanos, se toleraría sin responsabilizarlo que un jefe de estado, revictimizara como lo hizo a las víctimas de Salvatierra?. ¡El presidente señaló haciéndose eco de una pregunta irresponsable, que se investigaba también la posible relación de la matanza con el consumo de drogas!. La mamá del Chapo fue objeto de un trato respetuoso por parte del presidente, ella, su familia y sus vínculos. En el caso Salvatierra las víctimas, los ofendidos, y la población del lugar, fueron enlodados por el presidente en su primera declaración, contraviniendo también el secreto que debe tener toda investigación de un delito.
¿Cómo explica el presidente que en lugares en donde es notoria la presencia del ejército y de la guardia incivil, también sea notoria la presencia de la delincuencia organizada? No es un secreto, aunque se calla por precaución o por temor. Es sabido que mandos del ejército se han involucrado en negociaciones turbias, de asociación delictuosa o de protección con grupos delincuenciales. Recuerdo, por ejemplo a un secretario de la defensa, Juan Arévalo que no podía viajar a EE.UU. por ser acusado de delitos graves con efectos en aquel país. Es cierto, no es privativo de los militares, ahí tenemos a Manuel Bartlett de quien se dice que los güeros le tienen procesos pendientes. Tema delicado que sin duda el presidente conoce y calla.
Según el dicho presidencial y en un calculo conservador ha dedicado en su gobierno por lo menos 1,500 horas a reunirse con el gabinete de seguridad, lo hace todos los días de 6 a 7 de la mañana, mínimo. ¿Cuál ha sido el resultado? A pesar del maquillaje de las cifras, los números suelen ser implacables. Sus declaraciones triunfalistas chocan con una realidad que, él mismo pone de manifiesto. Su incapacidad de enfrentar a los ciudadanos aún en las condiciones de necesidad que, por ejemplo, vive Acapulco, su oprichnina (cinturón negro de seguridad como el de los zares) le ayudan a proteger su investidura, sólo se encuentra seguro en las bases militares o en su palacio amurallado y reforzado cuando hay manifestaciones populares.
El presidente señaló también que las autoridades de Guanajuato no habían solicitado el auxilio de la Fiscalía de la República. ¿Es, o se hace? La presunta participación del crimen organizado, la posible ingerencia de narcos, pero sobre todo la certeza del uso de armas exclusivas del ejército y de calibres prohibidos, obligan a la FGR a atraer el asunto.
En fin, ya se ve que la lista de preguntas que el presidente debería contestar es larga, pero nuestra miopía es superlativa y basta una pitanza para acallar cualquier protesta.
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