Maestras y maestros cardenistas agredidos, 1934-1940
Gracias a la invitación amable y profesional del Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez, director de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, mi exalumna Lucía Romo Delgado y quien esto escribe presentamos el jueves pasado una conferencia sobre un grupo de maestros y maestras de Aguascalientes que fueron agredidos por trabajar y apoyar la reforma del artículo 3° constitucional, que la daba el carácter socialista a la educación en México, y que fue impulsada por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940).
Una Casa de puertas abiertas
La Casa de la Cultura Jurídica ha permitido y promocionado la consulta de los expedientes de su archivo para las y los investigadores, así como para cualquier persona interesada en conocer documentos relevantes que allí se resguardan. Este servicio está a cargo de la Mtra. María Elizabeth Martínez Santacruz, responsable del área de Acceso a la Información y Servicios Documentales.
Es importante señalar que estas Casas de la Cultura “son instituciones abiertas y accesibles al público que se encargan de generar procesos de desarrollo cultural concertados entre la comunidad y las entidades estatales”, y cuyos objetivos son promover la cultura jurídica y jurisdiccional en la sociedad; fomentar el acceso a la justicia federal mediante el conocimiento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, entre otros, promover la cultura jurídica, jurisdiccional y de respeto a los Derechos Humanos.
Como actividades relevantes, la Casa de la Cultura Jurídica de Aguascalientes invita a conferencistas especializados en la Historia, el Derecho y otras disciplinas para exponer temas relevantes y acordes a su misión y propósitos institucionales. De su archivo se han consultado expedientes valiosos que dan cuenta de acontecimientos ocurridos en nuestra entidad. Este es el caso de los expedientes que nos refieren a las agresiones que sufrieron maestras y maestros durante el cardenismo. Nuestra participación se inscribió en un programa de nombre “Tarde de Expedientes Históricos”.
El propósito del presente escrito es exponer sintéticamente varios de estos casos de violencia que fueron presentados jurídicamente a nivel federal y que fueron dados a conocer el jueves pasado. Tanto Lucía Romo como yo tuvimos acceso a los expedientes en distinto momento y nos reunimos para compartir información y opiniones. Lo hicimos desde la investigación que analiza datos primarios con fuentes secundarias para luego elaborar nuestra presentación.
Además de la consulta de expedientes de este archivo, se revisaron documentos del Archivo General de la Nación, del Archivo Histórico de la SEP y del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes; además, se revisó el periódico oficial y la revista “El Machete” y se entrevistaron a varias personas que conocieron de cerca estos acontecimientos.
El gobierno de Lázaro Cárdenas y la reacción violenta
El gobierno de Lázaro Cárdenas se caracterizó, entre otros rasgos, por impulsar varias reformas sociales, entre ellas la agraria y la educación. También instrumentó medidas que limitaron las actividades e influencia de la Iglesia católica en la sociedad mexicana. Estas y otras iniciativas gubernamentales, sin embargo, no siempre fueron aceptadas, de manera que fueron ignoradas por diversos grupos de la población y, en otros casos, fueron abiertamente cuestionadas y rechazadas.
De las medidas anticlericales cardenistas, que formaban parte de la herencia de la Ley Calles, que había traído como consecuencia la guerra cristera, la jerarquía de la Iglesia católica volvió a reaccionar y a exhortar a la feligresía a resistir y expresar abierta oposición al gobierno federal.
La violencia había surgido desde 1926 con la cristiada y posteriormente en 1932 en contra de la educación sexual y atea. El uso de la fuerza para resolver diferencias volvió en 1934, a raíz de las discusiones en torno a la reforma constitucional del artículo tercero. La oposición a la nueva medida obligó al jefe de operaciones militares a combatir toda «labor subversiva». Se temía que las protestas de los católicos desembocaran en manifestaciones generalizadas de violencia semejantes a las de la década anterior.
Y la autoridad militar no estaba equivocado. Durante los primeros días de 1935 se consignaba que la maestra Luz. G. de Magdaleno había recibido una pedrada en el vientre; en el municipio de la capital, el profesor Leobardo Parra informaba al agente del Ministerio Público Federal que existía labor subversiva en el ejido La Dichosa y en la Congregación de Curtidores que se ponía en peligro a los profesores. Lo mismo se reportaba de la comunidad La Granja, con la diferencia de que en este lugar también se hablaba de la oposición del hacendado; en San Francisco de los Romo, del mismo municipio, se hirió a dos profesores, obligándolos a salir de la comunidad por la noche. De este zafarrancho, una de las víctimas, José Sánchez, narró:
“intempestivamente irrumpió en aquel callejón sin salida una muchedumbre como de 50 a 60 individuos, en su mayoría mujeres, armada con piedras, palos y machetes, (que nos gritaban) ‘queremos que se larguen mucho a la …, encueren a su madre, comunistas’. Al pasar frente a la puerta de la Iglesia (se veía) que todavía el templo vomitaba gente armada de palos y piedras”.
Meses después, en abril de 1936, ocho mujeres se reunieron en la hacienda de “Pocitos”, del municipio de Aguascalientes, para presentarse en la escuela “Artículo 123” y exigirle a la maestra Margarita González que les entregara la llave del establecimiento y se saliera. La maestra las denunció y hubo respuesta a su favor: las mujeres rebeldes fueron llevadas presas por el delito de asonada, pero pronto fueron liberadas.
En otra escuela “Artículo 123”, en la hacienda de San Luis de Letras, municipio de Rincón de Romos, también hubo problemas. El director de Educación Federal en el estado informaba que en dicho plantel se había hecho un motín en contra de la maestra, provocado por «mujeres fanáticas» que al grito de «muera la escuela socialista» pretendieron lapidar a la profesora.
En el municipio de Asientos también se registraron casos de violencia de un grupo católico que asumía la consigna de que si se cerraban los templos también tenían que cerrarse las escuelas. El grupo estaba conformado por mujeres y pretendió por la fuerza expulsar de la escuela a la directora María Francisca López. La maestra huyó y mejor se incorporó a una escuela de la ciudad de Aguascalientes, donde llegó a ser líder del Bloque de Maestros Socialistas Revolucionarios. La escuela permaneció cerrada y un año después se volvió a abrir, pero cuando la nueva profesora María Trinidad López comenzó a trabajar, un grupo numeroso de mujeres la acosó. Se consigna que «dos empleados y un gendarme quisieron evitar el conflicto, pero fueron agredidos con piedras y barretones mineros… Hubo disparos y dos heridos».
Dificultades parecidas se registraron en el ejido de Guadalupe de Atlas, en la comunidad de Chiquihuite y en la Hacienda Pilotos. En ésta, el 8 de enero de 1936, un grupo de aproximadamente 100 personas, liderado por el sacerdote Genaro Hernández, pretendió asesinar al comisario ejidal y al profesor Gilberto D. Bernal. Por la intervención de un grupo de agraristas estas personas se salvaron, pero no pudo evitarse el tiroteo que trajo como saldo varios heridos y un muerto.
En el municipio de Calvillo, las agresiones a los profesores eran más frecuentes. En La Labor, un día del mes de octubre de 1935, el profesor J. Jesús Aguilar fue atacado por un grupo de personas, en su mayoría mujeres, armado con cuchillos, palos y piedras. El maestro logró escapar, pero regresó en la noche y la agresión continuó al día siguiente, los agraristas intervinieron y pudo aprehenderse a varias personas, que más tarde fueron puestas en libertad con el consentimiento del presidente municipal de Calvillo, acusado de católico cómplice.
En otras comunidades cercanas sucedió algo parecido: a la maestra Amparo Saavedra le exigieron que abandonara de inmediato su lugar de trabajo; en San Nicolás, apedrearon a la profesora Estela Campos Álvarez; en otra comunidad, a María del Refugio Martínez le negaron alimentos y la amenazaron con asaltarla; en otra, la maestra Aurelia Pérez fue amenazada de muerte en reiteradas ocasiones si no se salía de la comunidad.
Los cristeros regresan
En Aguascalientes, las incursiones de los cristeros a las comunidades preocupaban mucho a las autoridades del estado y muy particularmente a las y los profesores que trabajaban en escuelas rurales. El propósito de los cristeros era impedir que se impartiera la educación oficial, para lo cual la táctica consistía en amedrentar a los profesores y en asesinar a varios de ellos cuando lo creían necesario.
En 1933, se reportaba que desde finales del año anterior los cristeros no habían cesado «ni un sólo día de visitar las rancherías, cometiendo atropellos y sembrando la desconfianza e intranquilidad en la región», y se agregaba que las autoridades civiles y militares habían tomado acciones directas para exterminar a los rebeldes sin lograrlo.
A finales de 1934, una vez aprobada la reforma constitucional, las incursiones de los rebeldes aumentaron. El director de Educación Federal en el estado, Ocampo N. Báez, informaba: «a últimas fechas se ha venido a agravar la situación en casi todas las escuelas de esta región, por la amenaza constante de gavillas de alzados en armas»; y refiriéndose a los comisarios de las comunidades afirmaba: «lejos de prestar una ayuda efectiva a los maestros, la retiran». En tales circunstancias el director pedía el apoyo directo de la Secretaría de Guerra y Marina.
Los informes de los inspectores ratificaban lo dicho por el profesor Ocampo N. Báez. A mediados de 1935, el inspector de la zona de Calvillo reconocía que había «muchas dificultades», especialmente porque los cristeros visitaban «las rancherías preguntando por el maestro o amenazando a los vecinos si ayudaban a los profesores». Según el inspector los rebeldes habían creado una «era de terror y desconfianza» en la región.
Los cristeros actuaban en el municipio de Calvillo y también se les había visto rondar en las comunidades de los municipios de Asientos, Rincón de Romos y Aguascalientes. En la primera zona escolar, correspondiente a la región del municipio de la capital, el inspector se lamentaba señalando que, durante el mes de abril de 1935, habían sucedido “vejaciones y maltratos a los maestros por grupos de gente armada que en el peso de la noche llegaban a los poblados para cometer sus fechorías; culminando el estado de cosas con el asesinato del joven maestro David Moreno Ibarra”.
La muerte del profesor David Moreno, acaecida el 22 de mayo, avivaba las «intenciones perversas de todos los enemigos» y aumentaba la amenaza para los profesores, aun para los que permanecían en los lugares más seguros. Sobre la muerte del profesor, se dijo que una docena de rebeldes se había presentado antes de la medianoche en la hacienda de Santa Inés y había atacado la casa en que se hospedaba David Moreno. El maestro se defendió con una pistola hasta que finalmente fue capturado.
Al día siguiente, fue encontrado colgado de un árbol y entre su ropa se halló una carta dirigida a su padre que decía “… de la escuela qué quieres que te diga, pues a rato parece que me van a invadir, pero luego me dejan en un desierto, de modo que no sé si pueda soportar mucho esta situación. Pero quién sabe si el Sr. Vela (inspector José T. Vela) traiga buenas noticias, a no ser que sean palas, pero esperemos”.
Varios maestros, el gobernador del estado y líderes de organizaciones populares pidieron al presidente Lázaro Cárdenas que se dotara de armas a profesores y agraristas para su defensa legítima. La violencia en el campo también obligó a las autoridades a concentrar por varios días a las y los maestros de Calvillo y de otros lugares en la ciudad capital del estado.
Las y los profesores amenazaban con irse a una gran huelga si no se atendían los siguientes puntos: 1) garantías al profesorado; 2) justicia al profesor David Moreno Ibarra y a los profesores agredidos en La Labor (J. Jesús Aguilar) y en San Francisco de los Romo (Belisario Munive y José Sánchez Jiménez); 3) cumplimiento por parte del gobernador de los acuerdos referentes al cambio de autoridades que no apoyaran los «principios revolucionarios» y la educación socialista, y el desafuero del diputado de Calvillo; 4) reinstalación en los puestos de inspector a Benjamín P. Martínez y de director de Educación Federal en el estado a José Lamberto Moreno; y 5) cumplimiento de las medidas para que cesara la propaganda calumniosa contra la educación socialista.
Las agresiones a los profesores disminuyeron paulatinamente, gracias a la adopción de varias de medidas y al aislamiento social de los rebeldes armados. Los cristeros se habían levantado en armas al inicio de los años treinta, pero ya no tenían el respaldo popular que habían recibido en la década anterior. Cuando los templos se volvieron a abrir y cuando la población empezó a comprender que la educación socialista no era tan peligrosa, la fuerza de los guerrilleros disminuyó y la gente volvió a confiar en las y los profesores. En 1938, los cristeros depusieron las armas en el marco de la política de reconciliación nacional.
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