San Luis Potosí. Falta la acción de los trabajadores
Muy enriquecedor y de importantes lecciones fue el encuentro “Los retos de la Reforma Laboral en México” que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Foro en la que participaron diversas organizaciones gremiales , asesores laborales y estudiosos de la materia fue organizado por la Maestría en Derechos Humanos del Posgrado de esta Facultad .
La finalidad de este evento, que se llevó a cabo en el Auditorio” Abogado Ponciano Arriaga Leija “ fue el entablar un diálogo sobre los principales retos que se dan en el país para que la reforma constitucional de 2017 y la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019 tengan plena eficacia y aplicabilidad.
Esta discusión se desarrolló desde la perspectiva de los y las trabajadoras, en la que se dio énfasis en los procesos colectivos del trabajo y los derechos humanos laborales de libertad sindical. Cabe señalar que entre los organizadores del evento participo el Sindicato de Trabajadores de General Tire de México , La Casa Obrera Potosina, y el Centro de Derechos del Migrante .
Durante las ponencias y debates que se llevaron a cabo se puntualizó que los trabajadores reconocen los avances de este gobierno en la materia laboral y sus derechos , pero que la crisis generada por la pandemia y la falta de firmeza en la política laboral mantienen, todavía, rezagos históricos y en la precariedad a millones de obreros.
Consideraron importantes las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la Inflación , pero no bastan, es necesario, puntualizaron, que exista un verdadero control de precios y una mayor rectoría de la economía por el estado ,con el fin de que no se permita que sean las grandes trasnacionales la que los fijen , obteniendo con ello estratosféricas ganancias .
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Es necesario, se remarcó en el encuentro, que el sector patronal, respete los derechos laborales , económicos y sociales que señala la Constitución y los tratados internacionales, y el Gobierno es el ente obligado a fin de que ellos tengan vigencia plena.
La mayoría de los grandes empresarios se señaló, vivieron décadas de enriquecimiento con el abuso que se le permitió y alentó desde el Poder Ejecutivo, y hoy están más que obligados a resarcir los daños causados al país y a la mayoría de la población trabajadora.
Dentro de los avances ,se indicó, que con el gobierno de la 4T se detuvo la caída del poder adquisitivo del salario mínimo y, por primera vez desde la década de 1970, aumentó 60.3 por ciento en términos nominales y cerca del 40 por ciento en términos reales desde el inicio del sexenio.
También paró la subcontratación u outsourcing que negaba derechos a los trabajadores y sometía a los obreros al abuso de patrones ocultos.
hoy el marco jurídico que se ha logrado promueve la democratización de los sindicatos y la libertad de los trabajadores para organizarse como mejor les parezca, sin que por ello tengan que perder su trabajo, expresaron los panelistas. los sindicatos blancos o de protección patronal ya no deben tener el aval gubernamental y las organizaciones genuinas podrán vivir mejores condiciones para defender a sus agremiados.
En este encuentro se manejaron datos duros, se visibilizo lo mucho que hay por hacer ante la existencia de 11 millones 500 mil integrantes de la población económicamente activa que no tienen empleo y 31 millones que sí trabajan tienen ingresos por debajo de los niveles de bienestar.
Además, 32 millones 300 mil trabajadores –hombres y mujeres– no cuentan con seguridad social y 11 millones 400 mil trabajan sin una sola prestación laboral.
Otros 17 millones 500 mil son “eventuales” cuando en realidad son trabajadores permanentes a los que se les niega el derecho a la seguridad laboral. Y 14 millones 100 mil padecen jornadas excesivas, es decir, sobreexplotación.
En este último caso, sólo se considera a aquellos que son trabajadores formales. Los informales deben emplearse en jornadas de entre 12 y 16 horas con distintas actividades para poder garantizar el sustento de sus hogares.
Los trabajadores jubilados, por su parte, continúan con ingresos raquíticos, calculados en Unidades de Medida y Actualización (Umas) –y no en salarios mínimos–. Con ello reciben pensiones muy por debajo de lo que les corresponde.
En descargo de la 4T, los expertos señalaron, que las cifras se arrastran desde sexenios anteriores y la pandemia de Covid-19 metió a todo el planeta en la peor crisis económica desde el crac de 1929- 1933. El cálculo de las pensiones en Umas fue una determinación del Poder Judicial. Pero también se señaló que ha faltado firmeza para revertir el empobrecimiento de la clase trabajadora.
Se advierte que el panorama para los trabajadores mexicanos , a pesar de todo es adverso, Aclara que esta situación “no es tanto por la gestión del nuevo gobierno” sino por la crisis económica que trajo la pandemia.
De entrada, las medidas sanitarias aplicadas en México y en el mundo implica un freno a la economía como no había ocurrido en la historia reciente. En el país “se perdió casi 1 millón de empleos y las condiciones no son idóneas [para el mejoramiento de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores]. Muchas empresas han tenido que cerrar y muchos empleados han sido despedidos. La situación en el corto plazo no es muy benefactora. Se observa que hay avances innegables en la dignificación del trabajo, pero son modestos aunque importantes, son relativos.
Diversos participantes entrevistados, entre ellos el asesor del Sindicato Nacional de
Trabajadores de General Tire de México, Francisco Cruz Retama , coincidieron en señalar el hecho de que estén los derechos plasmados en la ley no significa que ya todo esté hecho. Falta la acción de los trabajadores.
La reforma de 2019 les devolvió la posibilidad de negociar colectivamente, porque antes solamente ese papel estaba reservado a los dirigentes sindicales, quienes se habían convertido en dueños de los sindicatos
Ahora los trabajadores, precisó, tienen mayores posibilidades de ejercer sus derechos y ya hay trabajadores que lo están haciendo. Antes el patrón se encerraba con el líder sindical, firmaban el contrato colectivo y era obligatorio firmarlo para todos los trabajadores. Ahora existe la ley que establece que cuando el patrón y el sindicato lleguen a un arreglo, deben someter su acuerdo a la votación de los trabajadores.
Señaló el investigador que los trabajadores ahora pueden ejercer el derecho a la pluralidad sindical: entrar al sindicato cuando ellos quieran y salirse cuando así lo deseen; dejar de pagar cuotas y dejar de pertenecer a él sin que pierdan el empleo.
Además, se tipificó como delito la injerencia patronal en la vida interna de la
organización de los trabajadores.
