El recreo ¿Autocrítica institucional?
15 de los 30 diputados que integran la 64 legislatura del estado de Zacatecas suscriben la petición al gobernador David Monreal de que no publique, llegado el caso, la reforma al artículo 65 de la constitucional del estado para abrir la puerta de regreso a las “ayudas sociales” que tantas historias de corrupción han provocado. De los otros 15 solo han defendido abiertamente el regreso de las “herramientas legislativas” Xerardo Ramírez petista y presidente de la mesa directiva correspondiente al segundo período ordinario de sesiones y Enrique Laviada, de Movimiento Ciudadano, los 13 restantes procuran no exponerse al abrumador repudio social a esa modalidad de corrupto clientelismo confiados en que Xerardo saque adelante la pretensión.
Entiendo que los 15 que suscriben la petición al gobernador tienen el pulso de la ciudadanía que tiene décadas conociendo escándalos de corrupción mediante denuncias de los propios diputados vertidas en tribuna o ventiladas por los medios de comunicación, desde que existen las redes circulan audios y videos que refrescan la memoria colectiva en cada ocasión. La estafa legislativa tiene en la lupa a Raúl Brito, Auditor del estado y a Francisco Murill, fiscal del estado.
La negativa de los legisladores de nombrar contralor interno fortalece la creencia generalizada de que hay muchos manejos ocultos graves que temen que salgan a la luz, políticamente es una especie de confesión de parte.
La “barra libre ilimitada” en restaurantes y bares recientemente denunciada, ha sido históricamente privilegio de entre 3 y cinco de las legislaturas que lo han permitido, por presidir órganos de gobierno y comisiones estratégicas pero el desprecio social que ello acarrea es para todos.
Nulificación programada
El poder legislativo es más visible en comparación con el ejecutivo y judicial; Además de hacer leyes, tiene la función de vigilar los demás poderes, órganos autónomos, ayuntamientos en ejercicio de la representación popular del que está investido. Cuando el poder legislativo incumple, su omisión repercute en el funcionamiento del aparato público en su conjunto, tal como ha venido sucediendo reiteradamente en Zacatecas.
La corrupción del poder legislativo surgió de la corrupción en el poder ejecutivo, las herramientas legislativas, el presupuesto sin la correspondiente etiquetación y el suministro de bienes públicos para que hagan clientela política son tácticas para que los diputados dejen pasar lo que se les pide, autorización de deuda, entrega a particulares de bienes públicos, nombramientos y aval de cuentas públicas sin garantía de no estar maquilladas.
Mediante la Auditoría Superior del Estado, el poder legislativo pusiera y debiera prevenir y castigar la corrupción que denuncian en tribuna parlamentaria a toro pasado los diputados, pero a ésta le mojan la pólvora desde que el designado procede de la voluntad del gobernante al que le toca proponer y que de paso debe pagar “favores” a los que controlan la aduana en el congreso, la irrelevancia de la auditoría hace del poder legislativo un débil poder.
Si la batalla contra la corrupción la encabezara el gobernador del estado no contaría con todo el congreso, la defensa a ultranza de privilegios los confirma como parte del problema y no de la solución, sin embargo, el reclamo ciudadano es consistente, ya no es episódico.
Los medios de comunicación ejercen creciente autonomía de criterio editorial y en el gremio de abogados, aparecen jóvenes con vocación social prestos a asistir técnicamente las batallas sociales, que lo mismo interponen amparos contra atropellos laborales que contra un acto legislativo, lo que potencia mucho las batallas cívicas contra la corrupción.
Son expertos en derecho con la voluntad de sumarse a luchar por un congreso local con superior nivel ético, con productividad razonable y con ingresos congruentes con la situación social. Preparan recursos en pro de la justicia en la estafa legislativa, contra la omisión del nombramiento de contralor interno, contra el regreso de las tristemente célebres “herramientas legislativas”. Elaboran también iniciativas de ley ciudadanas por la eliminación de la afirmativa ficta que propició el fraude a la ley del que se pretenden valer para restaurarlas y por la revocación de mandato.
¿Se suman al clamor popular?
La solicitud al gobernador de la mitad de la legislatura hace concebir la esperanza de la autocrítica firme en la legislatura.
Sus percepciones son más que decorosas, recibe cada diputado 25 mil pesos quincenales y un peso adicional por cada peso, directo al fondo de ahorro, más 33 mil pesos de viáticos mensuales según lo expresó en tribuna Priscila Benítez, lo que implica 143 mil pesos al mes sin “herramientas” ni “servicios legislativos” con facturas falsas. ¿Por qué no corresponder con generosidad a la sociedad poniendo la casa en orden?
A los no tocados por la ambición les corresponde demostrarlo con firmeza para que la gente distinga.
