En defensa de los jueces.

En situaciones usuales de enfrentamientos deportivos o personales, lo más fácil para justificar la derrota o negarse a aceptar que no le asiste la razón o el derecho es echarle la culpa al árbitro. Desde el clásico ¡árbitro…uuuuuuto! al “¡Uno, dos, tres, cheque su mail el juez!” pasando por el “Ampayita, ¡güey!”, los “nazarenos” suelen llevar la peor parte. El oficio de juez no ha sido nunca bien valorado ni siquiera bien visto, salvo en algunas comunidades con una tradición de respeto a la judicatura que se la ha ganado a pulso como es el caso de Inglaterra. Por añadidura muchos malos abogados (que aunque usted no lo crea, los hay) utilizan a los jueces para embolsarse unos pesos a los que no tienen derecho o para justificar sus yerros, su ignorancia o su incuria. No es infrecuente que un abogado diga a su cliente que es necesario entregar al juez una determinada cantidad, para tener una buena disposición o un acuerdo favorable y no es raro tampoco, que justifique la pérdida de un negocio con la declaración taxativa: “El juez se vendió”.

Tuve el orgullo de ser juez, en una época de salarios exiguos, preferí renunciar a la judicatura porque mis aspiraciones eran mayores y, fundamentalmente porque nunca me ha gustado tener patrones, ni estar sujeto a horarios, ni depender de personas que sin ser estrictamente patrones, ejerzan una autoridad, especialmente si, (orgulloso que es uno) consideras inferior al superior. En mi ya larga vida de abogado, poco mas de 52 años he escuchado tantas veces las acusaciones sin fundamento contra los jueces y, también, algunas, lamentabilísimas, quejas fundadas por la falta de probidad de juzgadores. Debo decir con conocimiento de causa que los jueces venales son los menos, a pesar de que, sus condiciones no son las mejores, ni siquiera remunerativas para la responsabilidad de la función.

Las autoridades ejecutivas tienen, así ha sido históricamente, la tentación de meter mano en la justicia. El poder, la ambición, el control, son tentaciones humanas que tienden a crecer si no existen límites. La historia de la humanidad en buena medida ha sido la lucha entre la conveniencia de una autoridad reguladora y organizadora y la necesidad de establecer limitaciones a su ejercicio.

Sin embargo la autoridad suele sucumbir a la tentación. Ahora mismo en Aguascalientes nos encontramos en una situación en que el ejecutivo se entromete en los procesos del Poder Judicial, Tribunal y Consejo de la Judicatura, para la restructuración de sus órganos y designación de titulares, a partir de un diagnóstico más o menos apresurado en el que tuvo poca injerencia el propio Poder Judicial.

En el ámbito federal la situación es sensiblemente más delicada. El presidente de la república sin más fundamento que su palabra, cada vez más desprestigiada pero fundamentada en una popularidad de afección no de razón, hace uso de una tribuna nacional para insultar, acusar, difamar, defenestrar cínica e impunemente a quien ose cuestionar sus ucases, o lo que es peor, sus ocurrencias.

El presidente afirmó antier que el poder judicial no hacía nada bueno por el pueblo.

Tan sólo en 2022, se dio trámite electrónico a 161,966 demandas, 1 ‘076,694 notificaciones y 1’079,099 promociones. El Tribunal Pleno de la SCJN resolvió 207 asuntos en 118 sesiones públicas. Entre ellas 51 controversias constitucionales, 125 acciones de inconstitucionalidad, 2 amparos en revisión y 20 contradicciones de criterios. La Primera Sala resolvió 1,157 asuntos en 42 sesiones. La Segunda Sala resolvió 1,230 asuntos en 42 sesiones. Merece la pena señalar que la inmensa mayoría de esos asuntos devienen de actos de autoridad combatidos por los ciudadanos. La carga fundamental de los juzgados federales tienen que ver con la demanda de amparo y protección de un ciudadano contra actos de la autoridad infundados, arbitrarios, prepotentes. Visto así, en números, resulta indignante la afirmación del presidente. Afortunadamente ahora tenemos una Suprema Corte que en su integración actual, no les ha temblado la mano para dictar resoluciones que acotan la arbitrariedad presidencial, que, para mal, ha actuado caprichosamente incluso en contra de sus propias promesas y compromisos.

No obstante la opacidad con la que actuado el ejecutivo cuestiona el presupuesto de algunos organismos con una balanza que tiene las pesas cargadas. Todos recordamos que las críticas un día sí y otro también al gasto y el ejercicio del Instituto Nacional Electoral, ahora, que no está Lorenzo Córdoba, sino una presidenta proclive a López Obrador, el presupuesto al INE es el más alto de la historia, ¿en qué quedamos?. Al Poder Judicial no obstante su autonomía legal y presupuestal, le escatima y amenaza a través del Congreso reducir su demanda de un incremento de un 4% , que es desde luego menor a la inflación, más tomando en cuenta que en los últimos tres años hubo recortes importantes.

El presidente en buena parte fundamenta sus ataques a funcionarios en el hecho de que ganan más que él. Arbitrariamente el presidente se fijó un salario que, nadie, a menos que se trata de un oligofrénico, creerá que es en realidad lo que percibe el presidente. No es buena la comparación, pero podría ser un indicativo. ¿Cuánto ganaran los mejores médicos especialistas del país? ¿Cuánto ganarán los mejores ingenieros de México? ¿Cuánto ganaran los directores de cadenas comerciales o de empresas bancarias? ¿Ganarán más que el presidente? Por supuesto, porque López Obrador en una postura populista se fijó un sueldo irreal, engaña bobos.

Los ataques al poder judicial, a los jueces, magistrados y ministros, no son simples acusaciones que, de por sí serían muy graves, pero que el presidente profiere impunemente, a sabiendas de que no habrá represalias de ninguna especie. Esos ataques son contra la estructura jurídico política de nuestro país. Cimbran la organización de tres poderes que deben equilibrarse. Denostan la función más delicada del gobierno: la de juzgar y ser el factor de control y acotamiento a la arbitrariedad.

López Obrador tiene una ambición transexenal, a través de los libros de texto pretende imponer una ideología que no compartimos todos los mexicanos, con una política fallida en materia de seguridad mantiene al pueblo atemorizado y paralizado, con una economía macilenta asegura la dependencia de los más pobres a una limosna de supervivencia que le agradecen como mascotas hambrientas, con un ataque sistemático a los órganos de control los debilita ante la opinión pública para que en el momento que actúen limitándolo, les revierta considerándose la víctima. ¿Víctima de la justicia?

¿Hasta cuando permitiremos que abuse de nuestra paciencia?

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