¿La anomalía? La persistencia y crecimiento del “mapacheo” electoral

Una de las propuestas metodológicas para comprender por ejemplo los resultados electorales en el país, es observar lo que a todas luces parece una anomalía dentro de lo ocurrido en las pasadas jornadas del 2 de junio. Se trata efectivamente del caso de Aguascalientes, el único estado en el que la opositora Xóchitl Gálvez ganó las votaciones para la presidencia de la república. No fue una votación extraordinaria, ya que el porcentaje de “Participación ciudadana” en dicho estado fue del 60.55%, mientras que a nivel nacional la Participación fue del 61.04%. ¿Qué fue entonces lo que hace a Aguascalientes diferente? A reserva de ampliar la reflexión en otras entregas, me parece que vale la pena acercarnos al tema.

Al día siguiente de la elección, algunos reporteros (as) dieron cuenta de esta anomalía. Mónica Cerbón, por ejemplo, quizá por ser originaria de Aguascalientes, dio cuenta de un proceso más amplio al señalar al estado como el “último bastión panista en el país”, en términos de que efectivamente era el único territorio en que la candidata opositora se había llevado el triunfo; aunque reconocía que era un “reducto panista más bien débil”, ya que el porcentaje dentro de la Lista nominal de electores a nivel nacional sólo representa cerca del 1%. A nivel interno, mencionaba que el PAN consolidaba una “hegemonía política sin contrapesos”, ya que la alianza PAN-PRI-PRD había ganado en los 18 distritos electorales locales con una votación preliminar del 54%, frente al 29% de los candidatos (as) morenistas (la votación final fue el 45.96% para la coalición a favor de Xóchitl, y el 42.73% para la coalición a favor de Claudia, lo que muestra también la fragilidad del triunfo de la primera). Finalmente, Cerbón señalaba que “múltiples voces acusaron de compra de votos”, ya que incluso funcionarios del gobierno estatal fueron “presuntamente amenazados con perder su trabajo de no participar en la campaña panista”, además de que el Instituto Estatal Electoral mostró serias fallas, como la impresión de boletas para Cosío en donde se cambiaron los logos de los partidos. De hecho la gobernadora del estado comentó al respecto, además de felicitar a la primera presidenta: “Siempre lo he dicho, es el respeto y sobre todo la coordinación que merecen los ciudadanos para que siga avanzando Aguascalientes…” (Mónica Cerbón, “Aguascalientes se posiciona como el último reducto panista en el país” Poplab, 3 de junio del 2024, https://poplab.mx/v2/story/Aguascalientes-se-posiciona-como-el-ultimo-reducto-panista-en-el-pais).

Básicamente la información proporcionada por Cerbón en el calor todavía de la jornada electoral atiende las principales características del “bastión panista”, ya que muestra un aspecto que bien ha caracterizado a la administración panista en el estado, lo que la gobernadora llama “coordinación” y que ha realizado desde que era Presidenta municpal: el trabajo de campo cercano a las personas no sólo al momento de la elección, y que dados los niveles de transparencia dificulta la separación entre “programas sociales” y trabajo partidista para ganar elecciones, que se traduce a final de cuentas en la “compra de votos”. Me dirán que no es una característica sólo de los panistas en Aguascalientes, y efectivamente quien ha llevado a su máxima expresión una maquinaria electoral es Morena.

Habría que señalar que la historia de la política social en el país desafortunadamente está estrechamente vinculada al trabajo partidista de la administración en turno, independientemente de los colores, de tal manera que difícilmente se pueden separar los “programas sociales” de la coacción del voto a favor de los candidatos (as) oficiales. De tal forma que lo que se hizo a nivel estatal y sobre todo a nivel del municipio de Aguascalientes, en donde se concentra el mayor número de electores en el estado, también se hizo de manera ampliada y con recursos ilimitados a nivel nacional, lo cual plantea uno de los temas centrales de las contiendas electorales y que tiene que ver con una vieja demanda democrática, el piso parejo entre los contendientes, es decir elecciones equitativas entre los candidatos (as). Contrario a pensar que una mayor legislación ha detenido la inequidad electoral, lo que hemos visto recientemente es el ejemplo de que nuestras instituciones no pueden fiscalizar la avalancha de recursos ilegítimos en el proceso electoral.

La llamada “cancha dispareja” está incluso tipificada como delito electoral, sobre todo a partir del uso de recursos públicos para favorecer a los candidatos oficiales del propio gobierno, sin embargo, al parecer ningún organismo electoral le va a poner el cascabel al gato. Este es un tema central que, si permanece nuestra frágil democracia, deberá ser discutido con mayor amplitud porque de ello depende la equidad en los procesos electorales, y no sólo en el conteo de votos.

Es importante reconocer la complejidad del actual “mapacheo” electoral, por cierto el concepto es aceptado por la la Real Academia Española, ya que a diferencia de cuando el conteo de los votos era controlado por la Secretaría de Gobernación, y en donde se utilizaba todo tipo de recursos que hoy nos parecen burdos como el “ratón miguelito”, el “carrusel”, o el grotesco “embarazo” de urnas, en la actualidad se han perfeccionado las formas de trabajar con los electores para que el día de la elección, el llamado “día D”, se den las condiciones para que el voto sea canalizado de acuerdo a lo programado. En esto los políticos más exitosos han mostrado sus habilidades, no ante una ciudadanía manipulable necesariamente sino ante un electorado que ha visto en cada elección la “danza de los millones” y que se moviliza para acercarse en algo al derroche de recursos que giran alrededor del proceso.

El tema que de alguna manera identifica el caso de Aguascalientes, más allá de los colores partidistas, es un fenómeno preocupante que por su crudeza poco hemos reconocido, ya que se encuentra de alguna manera normalizado como “programa social”: el llamado “trabajo de campo” o a ras de tierra que en otras palabras es la compra del voto a través de diferentes mecanismos de coacción. Característica que debe ser cuestionada tanto a nivel local como nacional, y que pareciera que es algo ya normal, al grado de que parece una ingenuidad el tratar de denunciarlo.

Se trata pues de una característica no nueva, ni en el estado ni en el país, es el dinosaurio que, como en el cuento de Monterroso, al despertar de la “fiesta democrática” todavía seguía condicionando el voto de los electores. En otro momento comentamos que era la respuesta cultural, es decir que clases medias y sectores más desfavorecidos votaron mayoritariamente a favor de los candidatos oficiales y por la continuidad, dado que se sentían considerados finalmente por un gobierno popular. Pues este aspecto complementa precisamente el trabajo que el “día D”, es decir, el que el día de las elecciones realizaron principalmente Morena y sus partidos aliados, a través de los “servidores de la nación”, como el trabajo realizado a nivel local por el panismo y que de alguna manera explica también el triunfo en lo local. Si en algo se ha destacada la gobernadora de Aguascalientes ha sido en su esfuerzo por ser popular o “populista” diríamos también, sentirse cercana a las personas desde sus primeros intentos de incursión en la política.

En este sentido Aguascalientes no es una “anomalía” sino una excepción que confirma la regla. Con una diferencia importante, el triunfo de la coalición encabezada por el panismo si bien obtuvo mayoría en el Congreso local, no podrá ejercer una hegemonía como a nivel nacional. De acuerdo a los distritos federales para presidencia el Distrito 1 de Jesús María (que comprende prácticamente todo el estado fuera de la capital) lo ganó Sheinbaum 46.35% frente al 42.16% de Gálvez; el Distrito 2 (que comprende la parte nororiente de la ciudad) igualmente lo ganó Sheinbaum 47.01% frente al 40.34% de Gálvez; sólo el Distrito 3 de Aguascalientes lo ganó esta última 53.82% frente al 36.04% de Sheinbaum. Si bien en 2018 el estado lo ganó AMLO, en esta ocasión estuvo cerca Sheinbaum, lo que hace en total sólo una diferencia de 20 mil votos, sin duda un escenario muy competido para las próximas elecciones estatales.

Con lo anterior, quiero mostrar que la normalización de lo que a simple vista es la “compra del voto”, tiene lamentablemente conexiones con las prácticas de una “cultura política” que nunca terminó por desaparecer, y que por el contrario pareciera establecerse nuevamente con todas las de la ley. En un momento dado, los propios partidos de la transición, como el PAN y el PRD, si bien contribuyeron a que se reglamentara el proceso electoral (en exceso, dado que se partió de la desconfianza) también fueron partidos que utilizaron la vieja práctica priísta de cooptación, de condicionar y coaccionar el voto a cambio de favores de diverso tipo. Culturalmente se trata de un intercambio de favores, con la salvedad de que se tratan de recursos públicos o francamente ilegales que intervienen en el proceso.

Al hablar de un cierto tipo de “cultura política” clientelar no significa que se trata de una práctica que ha existido y que seguirá existiendo de manera determinista en los procesos electorales del país. Veremos en otros artículos cómo la reflexión actualizada sobre el concepto de “cultura política” nos puede advertir que es en este tipo de prácticas que hay que poner la atención, que se requieren claros castigos y no sólo amonestaciones a los que burdamente están llevando a cabo un delito electoral, como el uso de recursos públicos o de fuentes no reconocidas para apoyar a los candidatos oficiales. Porque el reclamo de “cancha pareja” a nivel estatal y federal, debe ser un principio fundamental para no ver como normal lo que a todas luces es un delito. Un delito que las instituciones electorales, hoy debilitadas, difícilmente van a castigar.